Los bulos son para las elecciones
La derecha centra su campaña contra el PSOE en una premisa falsa sobre la unidad de España
La fabricación de bulos tiene amplia literatura en la reciente etapa democrática. Aunque nunca como ahora las mentiras se han difundido tan rápido y han llegado tan lejos. El juez Javier Gómez Bermúdez, redactor de la sentencia del 11-M, resumió así el funcionamiento de la fábrica de las mentiras: "Se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de valoración conjunta de la prueba, que permite mediante el razonamiento llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia".
Con ese método, el magistrado Gómez Bermúdez desbarató en la sentencia las mentiras jaleadas por el PP y fabricadas durante tres años por El Mundo, Libertad Digital, la cadena Cope y Telemadrid. Aquella teoría de la conspiración vinculaba a ETA, al PSOE y a los servicios de inteligencia extranjeros con los atentados del 11-M.
Algunos políticos copian aquellas manipulaciones de algunos medios para atacar al adversario: aíslan un dato, lo sacan de contexto y disparan conclusiones con escaso fundamento. En la estación de las urnas, esa práctica abunda.
Ciudadanos y PP han construido una teoría contra el PSOE basada en varios datos aislados: el intento de diálogo que protagonizó el Gobierno de Pedro Sánchez con el Ejecutivo independentista catalán aceptando la existencia de un relator o mediador en la mesa de unas negociaciones sobre el futuro de Cataluña; o la falta de respuesta del líder socialista a la pregunta sobre si indultará a los independentistas en el caso de que sean condenados en el juicio al proceso del 1 de octubre.
De estos hechos, Ciudadanos y PP concluyeron que el PSOE ha pactado con los independentistas para concederles el derecho de autodeterminación y la secesión de Cataluña.
Pero el diálogo anunciado por el Gobierno socialista ni siquiera comenzó; y un indulto a los independentistas, que nadie ha confirmado cuando todavía no hay sentencia, no puede interpretarse como la prueba de una secesión anunciada.
Los independentistas rechazaron iniciar una negociación porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez les trasladó que no aceptarían ningún referéndum de autodeterminación. Posteriormente, los independentistas arruinaron con sus votos la esperanza socialista de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, lo que provocó el adelanto electoral. Y Pedro Sánchez ha recalcado en sus entrevistas y mítines de campaña que apuesta por la integridad territorial, la Constitución y la unidad de España.
Pese a estos hechos, conocidos por todo el mundo, Pablo Casado insiste con el bulo en sus últimos mítines: "Pedro Sánchez avala el proyecto de ruptura de España y no se niega a una consulta de autodeterminación". Albert Rivera le acompaña: "Pedro Sánchez propone pactar con Torra y Puigdemont y todo el que quiera liquidar España".
El PSOE nunca ha defendido el derecho de autodeterminación de Cataluña en sus programas electorales o en las intervenciones públicas de sus líderes; ni ha apoyado la celebración de un referéndum; ni siquiera ha propuesto una reforma de la Constitución para incluir esa posibilidad.
Los socialistas tan sólo han sugerido la posibilidad de impulsar un nuevo Estatuto de Cataluña donde incluir aquellos artículos que derogó el Constitucional. Es una propuesta de dudosa viabilidad pues lo que el Tribunal consideró inconstitucional en 2010 no puede volverse constitucional por el simple hecho de aprobar un nuevo Estatuto.
Con esa iniciativa del PSOE, que nunca ha llegado a plasmar en un documento, Cataluña no podría celebrar un referéndum de autodeterminación ni alcanzar la independencia, pero tendría otro Estatuto con estas novedades principales:
1. Lengua. Primacía del catalán respecto al castellano, derogada por la sentencia del Constitucional.
2. Defensor del Pueblo. El Sindic de Greuges tendría exclusividad para fiscalizar la actuación de la Generalitat de Cataluña. El Defensor del Pueblo español no podría intervenir.
3. Justicia. Cataluña tendría un Consejo de Justicia propio con competencias que ahora corresponden al Consejo General del Poder Judicial.
4. Competencias. La Generalitat podría legislar sobre competencias que tenga compartidas con el Estado.
Tributos locales. La Generalitat tendría capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales en Cataluña.
Los independentistas catalanes consideran insuficiente esta propuesta del PSOE. Pero el dato aislado es útil para cuestionar el compromiso del PSOE con la unidad de España. El último ejemplo lo puso Pablo Casado con motivo de la protesta de dos concejales del PSOE de Getxo contra el atraque en el puerto de ese municipio del buque de la Armada Juan Carlos I: "El PSOE no quiere que nuestra Armada entre en un puerto como Getxo".
La Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi rechazó las declaraciones de sus concejales de Getxo y el Gobierno socialista, a través de su ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que los buques de la Armada atraquen en cualquier puerto.
De datos aislados se alimentan los bulos que corren como la pólvora en tiempos de elecciones.
