Cien policías blindarán el 28-A contra bulos y ataques informáticos

El Ministerio del Interior pondrá en marcha el 1 de abril un plan inédito de ciberseguridad para el 28-A en el que se contempla, por primera vez, el riesgo de “una posible campaña de desinformación para alterar la voluntad del votante durante las elecciones”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, alerta también del riesgo de un “ataque informático contra el sistema tecnológico” de recuento de votos y las webs de los partidos. Para evitarlo, un centenar de policías, junto a expertos de otros organismos de ciberseguridad, rastrearán tanto las redes sociales como la Internet profunda o Deep Web.

El plan de ciberseguridad para el 28-A forma parte de una instrucción que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, remitió el pasado miércoles a los máximos responsables de Policía y Guardia Civil, así como a los Ejecutivos autónomos con competencias en seguridad ciudadana, delegados del Gobierno y altos cargos de Interior. El documento detalla “medidas y actuaciones en materia de seguridad” para antes, durante y después de las elecciones generales. En el plan, Interior fija como áreas de actuación “preventiva y operativa” para el periodo electoral tanto las infraestructuras críticas como los lugares relacionados con el proceso electoral y el recuento de votos, las sedes de partidos, los espacios donde se celebren mítines y los colegios electorales, como en anteriores comicios.

En esta ocasión, además, plantea la necesidad de intensificar “la vigilancia del ciberespacio con el fin de detectar movimientos encaminados a alterar el normal desarrollo de las elecciones”. El objetivo: velar “por la seguridad de todos los aspectos informáticos del proceso electoral garantizando la celebración de unas elecciones libres y justas”. Hasta ahora, solo se habían elaborado protocolos de ciberseguridad para las elecciones de 2015 y 2016, “aunque en aquellos casos eran mucho más básicos”, reconoce un alto responsable del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente de Interior.

El cambio ha venido propiciado por la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que identificaba los ataques informáticos como “uno de los riesgos principales para la seguridad de nuestro país”, y la recomendación del pasado 12 de septiembre de la Comisión Europea que pedía a los países de la UE que tomaran medidas para reducir los ciberriesgos ante las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 26 de mayo. “De hecho, el plan se planteó para estos comicios, pero el adelanto electoral ha obligado a acelerar los preparativos para activarlo ya”, admite el responsable del CNPIC

El plan contempla crear un Dispositivo Especial de Seguridad (DEC) en el que participan el propio CNPIC; la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), ambos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, y las unidades especializadas en ciberdelincuencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de los diferentes Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, tanto de entidades públicas como privadas. Cada uno de estos actores tendrá una misión específica. Así, el CNPIC será el punto de intercambio de la información que recaben las Fuerzas y Seguridad del Estado y los Centros de Respuesta. Por su parte, el SGSICS se encargará de que la difusión de los resultados de las elecciones se realice “con los más elevados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad”. Finalmente, Policía y Guardia Civil se encargarán junto a los Centros de Respuesta de la “vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información” para detectar cualquier amenaza y actuar en consecuencia.

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Para ello, el protocolo establece que los agentes rastreen tanto fuentes abiertas —entre las que cita redes sociales, servicios de mensajería, foros, blogs y webs— como páginas alojadas en la Deep Web en busca de indicios sobre ataques informáticos “contra los actores del sistema”, en referencia a la Administración y los partidos, y “el propio sistema tecnológico que provea servicios para las elecciones”. “En ese caso, los agentes pondrán en marcha los procedimientos que ya existen para la protección de las infraestructuras críticas”, destaca el experto de Interior, que recuerda que esos ataques “son delitos y, por tanto, tienen consecuencias penales”.

Además, los agentes también rastrearán posibles campañas de desinformación, aunque en ese caso su actuación será diferente. “Se elaborará un informe con un análisis de lo ocurrido y se elevará a Presidencia, que será donde se decida qué hacer en ese caso”, destaca el responsable del CNPIC. “Será necesario explicar a los ciudadanos la verdad con ayuda de los medios de comunicación, crear un contrarrelato”, añade.

El plan contempla clasificar todos los incidentes de ciberseguridad detectados en alto, muy alto o crítico, siguiendo la nomenclatura recogida en la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes. El documento detalla que según el nivel, se activarán Equipos Conjuntos de Seguimiento (ECS) formados por agentes especializados en ciberdelincuencia y de la lucha antiterrorista de la Policía como expertos de los Centros de Respuesta.