Doble varapalo del Constitucional a la Mesa y el pleno del Parlament

Doble varapalo del Tribunal Constitucional (TC) al Parlament de Cataluña. El organismo ha difundido este martes dos sentencias donde declara que la Mesa y el pleno de la Cámara autonómica, en manos de los partidos independentistas, vulneraron los derechos de los diputados al tramitar la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobadas ambas en septiembre de 2017 y declaradas posteriormente inconstitucionales. "Se suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales preceptivos", subrayan los magistrados sobre los acuerdos para dar luz verde a la primera norma. "Se aprobó al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos", añaden sobre los de la segunda.

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Ciudadanos presentó dos recursos de amparo tras considerar que se habían vulnerado sus derechos con sendos acuerdos. Y el Constitucional le da ahora la razón. De hecho, en lo referente a la ley del referéndum, el tribunal de garantías considera que la Mesa y el pleno autonómicos violaron el artículo 23.2 de la Constitución. "Los acuerdos del pleno del Parlament alteraron el orden del día de la sesión de dicho órgano y suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales preceptivos para permitir que la citada proposición de ley fuese directamente sometida a debate y votación. Por su parte, el acuerdo de la Mesa denegó a Ciudadanos el traslado de la solicitud del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias", destaca el Constitucional.

Los magistrados también muestran una línea dura al abordar el recurso contra las decisiones de la Mesa y el pleno del Parlament sobre la ley de transitoriedad. "Han vulnerado el derecho de participación política de Ciudadanos", recalca el tribunal, que acusa a los grupos independentistas de crear un "insólito cauce" que dejaba a su "arbitrio" todas las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados. Es más, el Constitucional incide en que esas decisiones condujeron a que se aprobara la ley sin respetar lo previsto en el Reglamento de la Cámara catalana.