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El Supremo pide al Gobierno su último acuerdo sobre la exhumación de Franco antes de decidir

El Ejecutivo debe aportar una copia del acuerdo en el que decidió llevar los restos del dictador a Mingorrubio el próximo 10 de junio

Cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador Francisco Franco.
Cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador Francisco Franco. AFP

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha acordado este martes, antes de decidir sobre la suspensión cautelar del acuerdo para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pedir al Gobierno que aporte una copia del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, en el que se decidió que la exhumación de los restos de Franco y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, se realizaría el próximo 10 de junio.

La familia Franco quiere que se suspenda cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero, en que se acordó la exhumación del dictador, mientras se resuelve sobre el fondo de su recurso. Ese mismo acudero también está recurrido ante el Supremo por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y por la Fundación Francisco Franco, que también han pedido su suspensión cautelar. Aunque la decisión de hoy de la Sala Tercera se refiere sólo al recurso de la familia, que fue el primero que se presentó.

En su escrito de interposición del recurso, firmado por "Carmen Martínez Bordiú y seis mas", en alusión a los otros nietos, Luis Felipe Utrera-Molina, el abogado de la familia, hace hincapié en los "daños" de distintos signo que sufriría la familia si el Gobierno logra imponer la exhumación sin esperar a que el Supremo tome una decisión. Y apunta en varias ocasiones a que los perjuicios serían "de muy difícil, cuando no imposible, reparación si se llegasen a ejecutar". El albacea insiste: "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos, mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos.

El Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha defendido que su propósito es dar "todas" las garantías a las partes, respetando los plazos administrativos y judiciales, y se ha esforzado en recordar que la exhumación fue "acordada por mayoría en el Congreso" y emprendida en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Los Franco no aceptaron ese plazo y aseguraron que solo se plantearían estudiar otra ubicación de los restos del dictador, si el Supremo no aceptaba su recurso sobre la decisión del Gobierno.

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