Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los Franco lo fían todo al Supremo y acusan al Gobierno de mentir

El recurso de la familia del dictador pide medidas cautelares porque el daño de la exhumación sería irreparable aunque ganaran el contencioso

Un hombre posa junto a la tumba de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos. En vídeo, los Franco tachan de "ilegal" el traslado de Franco a El Pardo.

La familia de Francisco Franco esperaba una reacción del Gobierno a su recurso ante el Tribunal Supremo contra el expediente administrativo, finalizado la semana pasada, para la exhumación del dictador. Aún así, los Franco han mostrado su sorpresa por las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros, que ha fijado la fecha del 10 de junio para la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo). El albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, ha acusado a Calvo de llenar su exposición "de medias verdades". Los Franco fían toda su estrategia a que el Supremo acepte su petición de medidas cautelares y paralice el proceso de exhumación.

Lo que más ha irritado este viernes a los descendientes del dictador ha sido la afirmación de la vicepresidenta de que estos no se han querido ocupar de la reinhumación ni especificar dónde hacerlo. Utrera-Molina sostiene que esto no es cierto y argumenta que los siete nietos de Franco así lo precisaron en su recurso ante el Supremo, presentado el viernes de la semana pasada, donde ya avanzaron que si el tribunal no les da la razón y permite la exhumación acatarán la sentencia y plantearán una ubicación a su criterio.

El abogado de los Franco ha interpretado el anuncio del Ejecutivo, que fundamentalmente se circunscribe a la fecha prevista para la exhumación el 10 de junio, como otra promesa "electoralista" de Pedro Sánchez. El letrado ha apuntado, incluso, que no está claro todavía qué tipo de Gobierno saldrá de las urnas tras las generales del 28 de abril.

Los Franco, en cualquier caso, fían toda la estrategia de su largo conflicto con el Ejecutivo de Sánchez al recurso con petición de medidas cautelares que registraron el viernes de la semana pasada en el Supremo. Utrera-Molina ha vuelto a subrayar este viernes su confianza total en el alto tribunal, antes de que el Supremo tome alguna medida al respecto, que aún tardará. El abogado del Estado tiene hasta el viernes próximo para presentar sus alegaciones al recurso de los Franco. Luego el Supremo determinará sobre las medidas cautelares que piden la paralización. La sentencia final podría tardar varios meses.

En su escrito de interposición del recurso, firmado por "Carmen Martínez Bordiú y seis mas", en alusión a los otros nietos, el abogado hace hincapié en los "daños" de distintos signo que sufriría la familia si el Gobierno logra imponer la exhumación sin esperar al Supremo. Y apunta en varias ocasiones a que los perjuicios serían "de muy difícil, cuando no imposible, reparación si se llegasen a ejecutar". El albacea insiste: "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos, mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos".

Los nietos del dictador sostienen en su recurso que de nada serviría que la Justicia les acabe dando la razón en el futuro, "después de haber sufrido el amargo trago de una exhumación tan humillante como dolorosa". Resaltan además que tampoco les valdría una compensación económica: "No hay indemnización alguna que pueda paliar o compensar el daño moral que se les infligiría".

El abogado recuerda en su escrito de defensa una sentencia del 20 de septiembre de 2018, de la sala primera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el caso Solska y Rybicka contra el Estado de Polonia sobre la privación del derecho de tutela efectiva. El tribunal, destaca Utrera-Molina en su escrito, tomó nota de que los solicitantes intentaron obtener una orden judicial de un tribunal que impedía realizar las exhumaciones y que se desestimó su solicitud. El tribunal europeo concluyó que, en ese supuesto, la legislación polaca no ofrecía garantías suficientes contra la arbitrariedad de la decisión del fiscal que había ordenado la exhumación y que la ley nacional no proporcionó a las personas afectadas el mecanismo para revisar la proporcionalidad de las restricciones de sus derechos, es decir, que se les privó en parte del grado mínimo de la protección a la que tenían derecho.

 

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información