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El guardia civil a cargo del registro en Economía: “Sànchez tomaba las decisiones y Laplana las acataba”

El teniente que dirigió el operativo afirma que los manifestantes "hostigaron" e "intimidaron" a la comitiva judicial

Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, durante la sesión de este lunes. En vídeo, las declaraciones del teniente de la Guardia Civil responsable de los registros en la Consellería de Economía.

Durante el juicio del procés se han escuchado ya varios testimonios de lo ocurrido en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y el relato difiere mucho dependiendo de quién lo presente. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, evocó aquel día durante su declaración el pasado 21 de febrero como una jornada de concentración “espontánea”, cuyo “ambiente festivo” solo se rompió con algunos actos “puntuales” de violencia. Él, según su versión, se erigió por responsabilidad en intermediario entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes para “colaborar” con el registro judicial.

Los dos tenientes de la Guardia Civil que estuvieron al frente del operativo ofrecieron este lunes sus propias versiones, diferentes en parte a las de Sànchez, pero también con matices entre ellas. El que estuvo a cargo del registro judicial dibujó un escenario muy parecido al “asedio” que describe la Fiscalía en su acusación. A los pocos minutos de iniciar su declaración ya había definido la concentración con dos conceptos inequívocos: la situación era de “hostigamiento” e “intimidación” hacia la comitiva judicial desde primera hora de la mañana.

El guardia (que cuando se produjeron los hechos era teniente y luego ascendió a capitán) presentó al exlíder de la ANC como el responsable oficioso de las decisiones sobre seguridad ciudadana que se tomaron ese día para controlar a “la masa”. “Era esperpéntico porque él llevaba la voz cantante de lo que ocurría fuera”. “Aunque él decía tener una actitud colaborativa, la verdad es que no aceptó ninguna de las propuestas”, dijo de Sànchez. Y añadió que mientras este hacía y deshacía, la intendente Teresa Laplana (acusada de sedición por la Audiencia Nacional) “se mantenía al margen” y “acataba” sus decisiones.

El responsable del registro contestó con determinación a las preguntas de las tres acusaciones, pero perdió seguridad en el turno de las defensas. El uso reiterado de expresiones como “no recuerdo” o “no lo sé” llevaron a intervenir al presidente del tribunal para recordarle al agente su obligación de decir la verdad.

El teniente que intervino por la tarde, que estuvo el 20-S a cargo del dispositivo de seguridad, ofreció una versión más desapasionada. Evitó hablar de “hostigamiento” y contó que la concentración fue “festiva” por la mañana, pero, a medida que avanzaba la tarde, el ambiente se hizo “más hostil”.

El agente ratificó las trabas para que la comitiva pudiera salir del edificio, e incluso reveló que se plantearon usar un helicóptero para evacuar la Consejería si la situación se complicaba. También desgranó el listado de objetos robados de los coches de la Guardia Civil (uniformes completos, megafonía...). “Nunca me había pasado algo así”, dijo.

En su versión, Sànchez seguía llevando “la voz cantante” de decisiones que, en teoría, correspondían a los Mossos, pero tenía una actitud conciliadora. El teniente llegó a hablar de que entre él y el líder de la ANC se estableció una relación de “camaradería”.

En algo sí coincidieron de pleno los dos agentes: el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, fue el 20-S un actor más secundario que protagonista, una versión que discrepa de la de la Fiscalía, que sitúa a los dos activistas en un nivel similar de responsabilidad.

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