Un cabo declara que la Generalitat buscaba 22.800 millones para financiar la futura república

La sesión de este jueves del juicio del procés ha dejado por ahora una suma multimillonaria que la Generalitat se marcó como objetivo: 22.800 millones de euros. Esa es la financiación que, según ha declarado un cabo de la Guardia Civil, el Govern de Carles Puigdemont consideraba imprescindible para que Cataluña sobreviviera como Estado independiente. Para obtenerla, los arquitectos de la independencia habían previsto conseguir 11.000 millones de financiación china, a los que se sumaría lo recaudado con impuestos propios y municipales, según el desglose expuesto por el agente, que analizó la documentación del exsecretario de Hacienda de Generalitat Josep Lluis Salvadó, incautada en uno de los registros.

Al guardia civil identificado como H77877T sus jefes le encargaron buscar entre el material requisado a Salvadó “papeles” relacionados con la organización de un futuro Estado catalán y pruebas de un posible delito de malversación. Y lo que encontró, según ha descrito el agente, fue “espectacular”. “Había muchísima información. Sobre aduanas, catastros, agencia tributaria, hoja de ruta”, ha explicado el testigo. “Había una preocupación muy grande por cómo sobrevivir después de la independencia”, ha afirmado.

El agente analizó la documentación y ha explicado al tribunal cómo se estaba organizando la Generalitat para garantizar su liquidez una vez conseguida la independencia. Y, en esa búsqueda de fondos, el Govern pudo ya invertir dinero que ahora serviría para apuntalar el delito de malversación que se atribuye a los nueve exconsejeros que se sientan en el banquillo. Hasta ahora, los indicios de ese delito se buscaban más en los fondos gastados para preparar el referéndum ilegal de independencia del 1-O, pero el guardia civil ha puesto el foco en gastos ya realizados, para algunos de los cuales hay facturas y pagos documentados. Entre ellos, un viaje a Eslovenia del entonces secretario de Hacienda y actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otras tres personas para hacer una comparativa entre el proceso independentista catalán y el de ese país.

Aragonès y Salvadó se habían repartido los papeles, según el testigo, para buscar la financiación del procés: el actual vicepresidente se encargaría de la financiación en el exterior y del futuro Banco Central de Cataluña; y el exsecretario de Hacienda, de la gestión de impuestos. El agente no ha dado la cifra de los 22.800 millones necesarios, pero sí ha desglosado las partidas que, sumadas, dan esta cantidad: pretendían recaudar 11.000 millones de China (según un correo electrónico sin remitente encontrado en un pendrive incautado a Salvadó), 6.000 de impuestos de los Ayuntamientos, 1.300 de impuestos propios y 4.500 de impuestos del sector público catalán.

Del análisis de la documentación la Guardia Civil concluyó que la agencia tributaria catalana “no estaba preparada para actuar al día siguiente de declarar la independencia”, ha afirmado el agente, pero la Generalitat ya había comprado un programa informático a IBM para facilitar este tránsito. Pagó 241.000 euros por él, otro de los conceptos que la Fiscalía intentará endosar a la malversación. Además, se halló un inventario que valoraba económicamente los inmuebles públicos “a repartir” entre la Administración catalana y la española.

Tras este agente, han declarado otros que participaron en registros e inspecciones para buscar pruebas de los preparativos del referéndum independentista. Uno de ellos, que intervino en una de las naves de Unipost donde se requisaron papeletas y sobres para la consulta, ha explicado que la concentración ciudadana en el exterior trató de impedir la salida de la comitiva judicial. Los Mossos les buscaron una ruta, pero, según este testigo, resultó ser “una ratonera”. “Era una calle en obras, con zanjas y baches. La gente quitó las chapas de las zanjas y tiró las vallas y se nos echaban encima del vehículo”, ha contado. Aunque ha culpado a la policía autonómica de hacerles ir por ese camino, luego ha admitido que, una vez allí, los Mossos se encargaron de contener a la gente, tapar las zanjas y garantizarles el paso.