El ‘muro’ policial sigue férreo en la frontera vascofrancesa
La red de apoyo a los inmigrantes constata un menor flujo de subsaharianos, pero denuncia los “controles racistas” de la gendarmería
La Policía francesa mantiene férreos los controles en los pasos fronterizos del País Vasco. Es un muro casi imposible de franquear para los migrantes, la mayoría subsaharianos, que tratan de cruzar la muga y continuar su periplo hacia el norte de Europa. La red de acogida de inmigrantes que SOS Racismo tiene instalada en Irún (Gipuzkoa) ha constatado que “todos los días siguen produciéndose devoluciones racistas”, aunque en un número inferior al del pasado verano, asegura Amaia Oca, una voluntaria que asiste a los expulsados. Desde noviembre pasado no se han vuelto a reunir las autoridades de España y Francia para tratar este asunto y dar una respuesta coordinada que respete las disposiciones legales y los convenios y acuerdos suscritos por ambos países.
Los migrantes siguen siendo devueltos "de forma indiscriminada" a territorio español, denuncian los miembros de la red ciudadana de apoyo a estas personas. Jon Aranguren advierte de que "la situación es la misma", aunque en una escala "significativamente menor" que en julio y agosto de 2018. En esos meses se llegaron a dar más de un millar de expulsiones exprés (9.038 inmigrantes irregulares entre enero y octubre, según datos de la policía francesa de fronteras); este pasado mes de enero se redujeron a 425 personas y a 320 en febrero, según los cálculos de SOS Racismo. Una furgoneta de la gendarmería francesa vigila las 24 horas del día el paso por carretera en la frontera de Biriatou. Otra patrulla custodia las entradas por la estación de tren de Behobia, muy cerca de la comisaría de Hendaya. "Los controles [de la Policía francesa] son continuos y sistemáticos, pero solo para los inmigrantes. A mí no me piden los papeles. Son controles racistas", se queja Oca.
La Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa aseguró en una comparecencia reciente que la situación ya se había normalizado y no se estaban repitiendo los casos "absolutamente puntuales", según dijo en septiembre pasado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de devoluciones que incumplían el acuerdo bilateral que Francia y España tienen firmado desde 2002. "Me cuesta creer que todas las devoluciones se estén realizando con arreglo al procedimiento", discrepa el letrado de SOS Racismo Gipuzkoa, Mikel Mazkiaran. "Este es un tema aún pendiente de resolver", añade.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos acepta las llamadas expulsiones exprés (o devoluciones en caliente) siempre que se verifique la identidad del inmigrante interceptado en la frontera y se le permita explicarse, con abogado, traductor y personal sanitario si lo considera necesario. Francia ha endurecido los controles fronterizos y sigue devolviendo a los migrantes sin pasar por las autoridades españolas amparándose en la necesidad de preservar "el orden público y la seguridad nacional" que vio en peligro tras el atentado perpetrado a finales de 2015 en la sala Bataclan. "La última sentencia del Tribunal de Luxemburgo, conocida esta misma semana, va a impedir a Francia que ponga como excusa el estado de alarma para establecer una vigilancia continua sobre los migrantes e impedir la libre circulación de personas dentro de la UE", opina el abogado Mazkiaran.
Entretanto, un goteo diario de subsaharianos recala en los recursos asistenciales preparados para atender a los migrantes en Irún. Se trata de un dispositivo con 60 plazas disponibles, ubicado en el albergue Martindozenea donde reciben comida y alojamiento. Está organizado y financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, coordinado por las instituciones vascas (Gobierno vasco, Diputaciones forales y los Ayuntamientos de San Sebastián e Irún) y gestionado por Cruz Roja.
"A este punto llegan personas que han sido expulsadas en la misma frontera, otras en San Juan de Luz y algunos incluso más adentro, en la zona de Bayona", asegura Aranguren. La red de acogida les recibe en un punto instalado frente al Consistorio de Irún, les informa de sus derechos y facilita ropa si es necesario. "Este mes llegaremos de nuevo a los 300 expulsados. Y son más, porque no todos los que fracasan en su intento de pasar la frontera acuden a nuestras manos", dice. Es habitual que durante los meses de invierno el flujo de migrantes sea inferior.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, se reunió a finales de noviembre con el entonces prefecto del departamento de los Pirineos Atlánticos, Gilbert, Payet -se celebró días después de que despacharan Marlaska y su homólogo francés, Christophe Castaner-, en la que ambos coincidieron en la necesidad de abordar la problemática de la inmigración "garantizando en todos los casos la dignidad de las personas". Desde aquella cita no ha vuelto a producirse ningún otro encuentro transfronterizo, en parte, aseguran fuentes de la Delegación del Gobierno, porque "se han producido cambios al frente de las prefecturas" y se tiene la percepción de que en la actualidad "la situación es muy tranquila"
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