El Defensor del Pueblo investiga el experimento con presos violentos

El Defensor ha decidido iniciar la investigación de oficio, al no haber recibido hasta ahora ninguna denuncia. Para ello esgrime que la condición de “personas bajo custodia” de los reclusos de los Centros Penitenciarios de Huelva y Córdoba que participaron en el experimento “elimina cualquier voluntariedad en su decisión de hacerlo”, señalan fuentes de la institución. Como primer paso Fernández Marugán recabará de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias información sobre el estudio. “El Defensor del Pueblo se toma este asunto muy en serio pero no quiere prejuzgar hasta que no tenga toda la información en la seguridad de que Instituciones Penitenciarias actuará con toda pulcritud”, añaden fuentes del Defensor.

El estudio, que se realizó entre 2016 y 2017, consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos y evaluar, antes y después, sentimientos como la hostilidad y la rabia mediante un cuestionario de 40 preguntas en el que los presos debían responder si son falsas o verdaderas afirmaciones como “si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”.

Entonces, Interior exigió a los autores que cumplieran con la Ley de Protección de Datos para preservar el anonimato de los presos, que la participación de estos fuera voluntaria y que, además, hicieran un consentimiento por escrito. También reclamó a los científicos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibió nada a cambio.

Los resultados del estudio mostraron caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad física, según anunciaron recientemente sus autores. El experimento está coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México.

Prisiones había aprobado el pasado 22 de enero una segunda fase del estudio, que se iba a iniciar este mes en la prisión de Huelva. Sin embargo, al trascender el pasado jueves los detalles del experimento, Interior decidió “paralizar cautelarmente” la autorización y solicitar a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran. El artículo 211 del Régimen Penitenciario exige que para someter a los reclusos a investigaciones médicas, estas deben ser aprobadas por una comisión ética y permitir “esperar un beneficio directo y significativo” para la salud de interno “y con idénticas garantías que las personas en libertad”.