Las afganas se erigen en alma de la resistencia a los talibanes

La jaula en la que los talibanes están tratando de encerrar a las afganas desde su retorno al poder en 2021 se cerró el pasado 21 de agosto. Los fundamentalistas aprobaron ese día la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, una norma que consolida el centenar largo de edictos que han ido cercenando uno tras otro los derechos de las mujeres y niñas del país en los últimos tres años y medio. Desde entonces, las afganas no pueden ya hablar en público ni mostrar nada que no sean los ojos. Tampoco mirar a los hombres.

Como si quisieran hacer realidad esa metáfora que utilizan muchas mujeres afganas —la de que están “enterradas en vida”— los radicales ordenaron en diciembre cubrir o tapiar las ventanas de las casas donde viven mujeres. Las afganas son víctimas de la misoginia de los talibanes, pero no son víctimas dóciles. Todo lo contrario, según recalca a EL PAÍS el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, que cree que las mujeres y niñas del país “están en primera línea de la resistencia”.

Desde que la abrupta conclusión de la retirada de las tropas internacionales precipitara la caída de la frágil República de Afganistán y su retorno al poder, los exguerrilleros han ido destruyendo a golpe de decretos ese espejismo de los Talibanes 2.0, a los que se atribuía una supuesta evolución hacia posiciones más moderadas que en su anterior periodo en el poder (1996-2001).

En realidad, las “autoridades de facto” de Afganistán —en palabras de la ONU— están aplicando un esquema que sigue unos pasos similares a los que ya tomaron en los años noventa. Entonces, como analiza Bennett —que el lunes participó en un panel del XII Foro de Seguridad de Herat, organizado por el Instituto Afgano de Estudios Estratégicos en el Ateneo de Madrid—, privaron a las mujeres de todos sus derechos. Una situación que, para este veterano defensor de los derechos humanos, neozelandés nacido en el Reino Unido (Grimsby, 70 años), constituye un “apartheid de género”.

Las afganas, mientras tanto, siguen resistiendo, difundiendo en redes sociales protestas que hacen en sus casas, con la cara cubierta y sosteniendo pancartas. También estudiando en escuelas clandestinas. O incluso manifestándose en la calle, lo que ha llevado a un número que se desconoce de ellas a la cárcel, donde muchas han denunciado torturas y violencia sexual. “No quieren ser percibidas como víctimas, son mujeres fuertes, extremadamente organizadas” en su lucha contra los fundamentalistas, subraya Bennett.

El relator de Naciones Unidas pone un ejemplo de que nada de lo que están haciendo ahora los talibanes “es nuevo” aludiendo a “esa orden de tapar las ventanas”, otra de las muchas que también decretaron hace tres décadas. Teme, por ello, que los fundamentalistas “den pasos que vayan aún más lejos” y les arrebaten a las mujeres y niñas del país algunos de los pocos derechos que aún les quedan, como cursar la educación primaria, hasta los 11 o los 12 años.

Las afganas ya tienen prohibido estudiar a partir de esa edad. También trabajar en la Administración, en las fuerzas de seguridad, en los bancos, en las ONG, en la judicatura o en las propias Naciones Unidas. Los talibanes las han sometido de por vida a la autoridad de los hombres de su familia, sin cuyo permiso y acompañamiento no pueden obtener documentos como el pasaporte ni viajar. Tampoco pueden disfrutar del ocio.

A la prohibición general de escuchar música se suma que ellas no pueden cantar —se considera que eso puede excitar a los hombres— ni entrar en parques, jardines o gimnasios. Tampoco acudir a peluquerías, que los radicales han cerrado, ni a baños públicos. Desde diciembre, ninguna afgana puede tampoco formarse en profesiones sanitarias, una de las pocas posibilidades de estudiar que aún tenían y que agravará la ya grave carencia de sanitarias mujeres.

“Una afgana me contó un día que el comportamiento de su hijo hacia ella había cambiado bajo los talibanes, que este la trataba con menos respeto y le preguntaba por qué no llevaba el velo. Esa mujer sentía que sus propios hijos la vigilaban”, recuerda Bennett. El relator cree que las restricciones impuestas a mujeres y niñas repercutirán en toda la sociedad afgana, en los hombres y en los niños, que tenderán a “perpetuar” la misoginia. Los talibanes tratan de hacer de los hombres sus “cómplices”, deplora este experto, “al forzarlos a vigilar a las mujeres de su familia”.

Nada indica “que esta situación vaya a mejorar”, recalca el relator de Naciones Unidas, que considera que la represión hacia las afganas “aún no ha alcanzado su punto culminante” y que la comunidad internacional no debería en ningún caso reconocer a los talibanes como gobernantes legítimos sin condicionar esa decisión a que restituyan los derechos de las mujeres y a otros colectivos oprimidos como las minorías étnicas.

Clandestinidad

Los talibanes pueden no haber evolucionado en los 20 años transcurridos entre sus dos periodos en el poder; las afganas, seguramente, sí. No todas, y con un importante sesgo entre los avances que registraron las mujeres urbanas frente a las rurales, pero de manera indudable en un indicador clave, la educación. La escolarización de las niñas pasó de un 0% en 2001 a un 77,7% solo dos años después, según el Banco Mundial. Esa cifra alcanzó el 82,9% en 2018, último dato registrado antes del retorno al poder de los fundamentalistas.

Una de esas afganas educadas es Laila Bassim, economista de 30 años. Fue expulsada de su puesto de funcionaria, obtenido por oposición en el Ministerio de Economía, cuando los talibanes recuperaron el poder. Bassim, cofundadora del Movimiento Espontáneo de Mujeres Manifestantes de Afganistán, sufrió un aborto después de que los fundamentalistas le propinaran una paliza por manifestarse en la calle. Esta mujer presenció el asesinato de una de sus vecinas por oponerse a un matrimonio forzado y cómo los talibanes lapidaron hasta la muerte a dos mujeres en su provincia natal de Badajshán, a 260 kilómetros de Kabul, por no llevar el hiyab.

A pesar del riesgo de hablar con periodistas extranjeros, Bassim explica por WhatsApp a EL PAÍS cómo las afganas resisten “con enorme valor” recurriendo a métodos “creativos”, como esas manifestaciones a puerta cerrada con la cara cubierta, que sirven para grabar vídeos “de disidencia y difundirlos en las redes sociales para hacer oír la voz de las afganas en todo el mundo”.

Esas protestas conllevan graves riesgos. La activista afgana calcula en un centenar las manifestantes detenidas por los talibanes entre octubre de 2022 y marzo de 2024. Luego subraya cómo las niñas afganas siguen resistiendo al asistir a esas escuelas clandestinas, con clases “que se imparten en secreto en casas o lugares privados, y que están organizadas por profesores o familias”. Otras muchas niñas estudian a través de internet. Si lo tienen, con un ordenador; si no, simplemente “con un móvil”.

La resistencia cuenta con la colaboración vital de las afganas exiliadas. Una de ellas es Khadija Amin, una periodista que presentaba un informativo en la televisión pública afgana y que, en agosto de 2021, llegó a España a bordo de un avión fletado por la Fuerza Aérea Española.

Amin llegó a dormir en un parque a falta de medios para pagarse una habitación. Casi cuatro años después, elabora un documental sobre Afganistán en una productora de televisión y se dispone a crear una asociación de ayuda a las afganas con el nombre “Esperanza de Libertad”. Este miércoles, recibió el NIF de la asociación, explica exultante por teléfono, poco antes de acudir al aeropuerto de Madrid para acoger a dos afganas y sus familias, en total, nueve personas, a las que ha ayudado a obtener un visado humanitario para viajar a España. Una de esas afganas, madre de cuatro hijos, tuvo que escapar de Afganistán “después de que los talibanes la encarcelaran y torturaran”, relata la periodista.