El alto mando de inteligencia de los Mossos crucifica a sus jefes en el juicio del ‘procés’
El testimonio de Manel Castellví refleja que la decisión del Govern era llevar a cabo el referéndum ilegal a pesar del riesgo de violencia en la calle
Suda, tose, le tiembla la voz, tartamudea con frecuencia, el tic nervioso de su pierna derecha golpea continuamente la mesa y hace temblar la jarra de agua. Está tan agobiado que cuando quiere referirse a Joan Carles Molinero se equivoca y dice: “Juan Carlos I”. Delante del tribunal está sentado Manel Castellví, antiguo comisario jefe de Información de los Mossos d’Esquadra. El jueves 28 de septiembre de 2017 se reunió con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el vicepresidente, Oriol Junqueras, y con el consejero de Interior, Joaquim Forn, para decirles que, según un informe de inteligencia que le quemaba en las manos, el domingo 1 de octubre se podría producir “una escalada de violencia” en Cataluña. Castellví intuye que el fiscal Javier Zaragoza, que lo está interrogando a cara de perro, le va a preguntar en algún momento si ratifica ese informe que lleva su firma, pero todavía no lo hace. Zaragoza quiere acorralarlo un poco más, y le pregunta por la falta de voluntad de los Mossos para evitar el referéndum ilegal:
—¿Sabe si actuó la Brigada Móvil [los antidisturbios de la policía catalana] durante la jornada del referéndum?
—Sé que estaba en Barcelona porque por la noche había un partido.
—¿De alto riesgo?, pregunta el fiscal con cierta chanza.
—Creo que era un Barcelona contra Las Palmas.
Ni el aparente momento de distensión que se produce dentro del Salón de Plenos calma a Castellví. Y cuando por fin llegan las preguntas más temidas del fiscal Javier Zaragoza y de la abogada del Estado Rosa María Seoane —“¿Advirtió usted del peligro a los altos cargos del Govern? ¿Qué le dijeron? ¿Qué actitud tomó el consejero de Interior, Joaquim Forn?”—, el antiguo responsable de Información de los Mossos sabe que no tiene escapatoria posible, que al fin y al cabo es un policía y ha jurado decir la verdad ante el Tribunal Supremo. Sus respuestas dejan en evidencia a sus tres jefes políticos, al que está fugado en Bruselas y a los otros dos, que lo observan desde el banquillo de los acusados:
—El president dijo que comprendía la situación, que se ponía en nuestro lugar, pero que había un mandato del pueblo para celebrar el referéndum y la decisión del Gobierno era llevarlo a cabo. El señor Forn no habló en aquella reunión. Él conocía cuál era nuestra posición, pero en esa reunión estaba junto al president y junto al vicepresidente... Salí de allí frustrado.
Ya va quedando todo más claro. A tenor de lo visto y lo escuchado en la sesión 13º del juicio —en la que además de Castellví declararon los máximos jefes operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil—, la víspera del 1 de octubre de 2017 había en Cataluña tres cuerpos policiales perfectamente preparados para el referéndum ilegal que iba a celebrarse al día siguiente. Solo que el primero de ellos, los Mossos d’Esquadra, se había preparado a conciencia para una jornada electoral más. Uno de esos domingos tranquilos en que los telediarios difunden las típicas imágenes de monjas votando y el locutor dice que los únicos incidentes reseñables son los de un presidente de mesa que llegó borracho al colegio y los de un pueblo de la sierra donde a las diez de la mañana aún no habían llegado las papeletas. En consecuencia, los jefes de la policía catalana mandaron a cada colegio a una pareja de agentes —“un binomio” según la jerga actual— y los situaron en la puerta a cuerpo gentil, como si no pasara nada. Los otros dos cuerpos policiales, en cambio, vivieron aquella madrugada de una forma muy distinta.
Lo cuentan ante el tribunal el comisario principal Sebastián Trapote, responsable de la Policía Nacional el día del referéndum, y el teniente general Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña durante el procés. Uno y otro cuentan prácticamente lo mismo. Que, como también percibió el mosso Castellví, las calles de Cataluña se estaban calentando en las vísperas del referéndum ilegal del 1 de octubre. “Había un lenguaje prebélico”, llegó a decir el guardia civil.
Así que, de acuerdo con el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo de seguridad de los tres cuerpos, tomaron una decisión. Si la policía autonómica acataba la orden judicial de impedir la celebración del referéndum, ellos solo actuarían como apoyo. A eso le llamaron “el plan A”. Si, como se barruntaban desde la noche anterior y confirmaron en cuanto amaneció, los Mossos d’Esquadra decidían no actuar, se activaría “el plan B” y pasarían a la acción. El comisario Trapote lo cuenta así:
—Antes de las ocho de la mañana, mi gente de información me dijo que, como nos temíamos, en los colegios había ya mucha gente y los Mossos no estaban en actitud de hacer nada. Llamé al coronel Pérez de los Cobos, se lo conté y me dijo: “Ahora te llamo”. Cuando al rato me devolvió la llamada, me dijo: “Ponemos en marcha el plan B”.
A media tarde, el juez Manuel Marchena interrumpe hasta el lunes el interrogatorio del comisario Manel Castellví. Pudiera parecer que lo más duro ya lo ha hecho. Decir la verdad aunque duela a sus antiguos jefes políticos. Pero viendo al fondo de la sala a Santi Vila, repudiado por sus excolegas y vapuleado en las redes sociales, se intuye que el camino del disidente es más duro cuando el sudor se enfría.
