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La Guardia Civil acude al Parlament para pedir información sobre los preparativos del 1-O

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ordena un requerimiento de información sobre el acto que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya en julio de 2017 para anunciar la consulta ilegal

Pleno del Parlament, el pasado febrero.
Pleno del Parlament, el pasado febrero.

Dos agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano se han personado este miércoles por la mañana en el Parlament de Cataluña, mientras celebraba su sesión plenaria, para solicitar información sobre los gastos que contrajo el grupo parlamentario ya extinto de Junts pel Sí en la anterior legislatura. Los agentes han actuado por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el acto que Junts pel Sí realizó para presentar la ley del referéndum del 1 de octubre en el Teatro Nacional de Cataluña en julio de 2017. Los dos guardias han depositado sus pistolas en la armería antes de acceder a la Cámara. La contabilidad de los grupos parlamentarios no la tiene como tal la institución, según han informado fuentes del Parlament.

Este juzgado de Barcelona investiga desde febrero de 2017 los preparativos del 1-O y las presuntas irregularidades del proceso soberanista. Según han informado fuentes próximas al caso, los agentes han reclamado las facturas de pago de ese acto que Junts pel Sí, la coalición con la que CDC y ERC se presentaron a las elecciones catalanas de 2015, dijo en su día que habían sido abonadas por su grupo formado entonces por Convergència (hoy PDeCAT) y Esquerra.

En julio de 2017, una semana después del acto, la Guardia Civil acudió al Teatro y reclamó a la esa institución que le facilitara información sobre el acto.  El requerimiento de información también se hizo en ese caso por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La actuación policial escandalizó entonces a Junts pel Sí. El exconsejero Jordi Turull, que está siendo ahora juzgado en el Tribunal Supremo, y los exdiputados Marta Rovira y Lluis Llach la consideraron, en una comparecencia conjunta en la Cámara, de "inaudita".

Turull, que entonces era presidente del grupo parlamentario, aseguró en su día que el grupo firmó un contrato de alquiler con el Teatro Nacional y que ponía a disposición de los investigadores el documento. Fuentes de la Cámara han insistido en que los agentes solo han realizado una petición de información y que en ningún caso ha habido registro alguno.

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