Interior condecoró cinco veces a Villarejo cuando ya lideraba su clan policial mafioso
En su expediente figura una sexta medalla en 1975, cuando estaba destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista
No fueron ni dos ni tres, como había trascendido hasta ahora, sino media docena. El Ministerio del Interior concedió entre 1975 y 2013 seis condecoraciones al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como principal imputado de la Operación Tándem. Cinco le fueron concedidas después de 2005, cuando presuntamente ya lideraba un “clan policial mafioso”, según la investigación de la Audiencia Nacional. Además, dos de estas medallas llevaban aparejada una recompensa económica de carácter vitalicio.
La primera condecoración concedida a Villarejo fue una Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco concedida en 1975, según detalla una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Entonces, Villarejo —que había ingresado tres años antes en la Escuela General de la Policía— se encontraba destinado en San Sebastián, en labores de la lucha antiterrorista. La respuesta parlamentaria no detalla los motivos de la concesión, aunque la ley que desde 1964 especifica los requisitos que debe cumplir un agente para ser acreedor de esta medalla recalca que debe “realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de la lealtad”. Ocho años después de aquella condecoración, en 1983, Villarejo abandonó la policía con una excedencia para dedicarse a sus negocios.
Su reingreso en la Policía Nacional se produjo en 1994, aunque tardaría quince años en ser de nuevo condecorado. En 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, se le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Esta condecoración incluye un incremento del 10% del salario base con carácter vitalicio. Para alcanzarla, la ley de 1964 requiere haber sido herido en acto de servicio o haber realizado, “en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor”.
Las cuatro últimas condecoraciones las recibió Villarejo con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Tres, en 2012. Se trata de la medalla, la cruz y la encomienda a la dedicación al servicio policial, unos reconocimientos instaurados el año anterior por Pérez Rubalcaba para distinguir a los agentes que llevaban 20, 25 y 30 años de servicio, respectivamente. En la orden, la única condición que se fijaba, además de llevar en activo esos años, es que el agente carezca de “anotación desfavorable” en su expediente. No obstante, el texto recalcaba que con estas condecoraciones se pretende “reconocer la correcta conducta” de los agentes “a la vez que la dedicación, lealtad e integridad”.
“Trayectoria profesional”
La sexta y última medalla le fue concedida en 2013. En la documentación que envió el Gobierno a la comisión de investigación del Congreso sobre la utilización partidista de la policía se recogía que fue una cruz con distintivo rojo (y, por tanto, pensionada). Villarejo estaba entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa, cuyo máximo responsable era el también comisario Eugenio Pino —procesado en el sumario del pendrive del caso Pujol e imputado por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas por el que también está encausado Villarejo—, quien lo propuso por su “meritoria trayectoria profesional”.
Dos años después de la concesión de esta medalla, y cuando ya había salido a la luz los millonarios negocios del comisario, Fernández Díaz aún defendía esta distinción al asegurar que el comisario jubilado había prestado "relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento".
Un comisario pide levantar más secretos oficiales
El comisario Enrique García Castaño, imputado en seis piezas del caso Villarejo, presentó ayer un escrito con el que, además de haber conseguido que se aplace su declaración prevista para ayer miércoles, reclama que el Gobierno levante el secreto oficial sobre más operaciones policiales. García Castaño, durante 23 años responsable de una unidad antiterrorista, asegura que la medida que adoptó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el 7 de diciembre, en la que levantaba el secreto oficial, afecta a la Operación Kitchen, sobre el supuesto espionaje a Bárcenas, pero no a otros operativos sobre los que ha sido interrogado. El comisario también pide al juez que prohíba a la prensa publicar datos sobre estas operaciones ya que, recalca, la Ley de Secretos Oficiales contempla que la información se utilice judicialmente, pero no su "socialización".
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