Interior refuerza con 22 policías más la unidad que investiga el ‘caso Villarejo’

La complejidad de la Operación Tándem, en la que se investigan las actividades presuntamente delictivas de la trama policial encabezada por el comisario José Manuel Villarejo, ha obligado al Ministerio del Interior a aumentar la plantilla de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas. El pasado 24 de enero se incorporaron a este grupo —que persigue los delitos cometidos por policías— agentes para cubrir 22 nuevas plazas creadas y cerca de cuarenta vacantes que estaba ocupadas de manera interina.

El primer paso para aumentar el número de agentes de Asuntos Internos lo dio Interior el 31 de octubre pasado. Ese día, el director general de la Policía, Francisco Pardo, firmaba la convocatoria para cubrir plazas en la unidad. El 5 de noviembre la misma aparecía en la Orden General de la Policía, la publicación interna que recoge todas las novedades de personal y normativas de la institución. Según refleja dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Interior pedía candidatos para cubrir un puesto de inspector jefe, 11 de inspector, nueve de subinspector y 40 de policía de la Escala Básica para puestos "operativos" y de "investigación".

Fuentes policiales detallan ahora que, de esas 61 plazas ofertadas, 39 eran o bien plazas vacantes o bien otras que estaban cubiertas de manera interina por agentes de otras unidades. Las otras 22 correspondían a los puestos de nueva creación con los que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha decidido reforzar la unidad. Como aliciente económico para atraer candidatos, el documento especificaba los complementos económicos que sumarían a sus sueldos los elegidos: de los 9.879 euros anuales extras para el que ocupase la única jefatura de Sección Operativa que se ofertaba, a los 2.991 euros para los agentes que ocuparan alguno de los 20 puestos de "personal operativo".

Reciente incorporación

La convocatoria especificaba que, pese a que los candidatos podían enviar su currículum, las plazas serían adjudicadas por el sistema de libre designación (sin concurso de méritos). También detallaba que quedaban excluidos todos aquellos que estuvieran suspendidos y que la identidad de los elegidos no sería pública ni siquiera de modo interno. El 14 de enero, la Orden General de ese día anunciaba que ya se habían elegido a los nuevos agentes, y fijaba como última fecha para que todos ellos tomaran posesión de su nuevo destino el pasado 24 de enero.

El número de agentes que componen Asuntos Interior es considerada información secreta. Ni siquiera aparece la cifra en documentos internos como el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional al haber sido catalogada la estructura de la unidad "de especial reserva o confidencialidad", según se recoge en ese estadillo en el que sí aparecen las cifras de otras unidades especializadas como el GEO. No obstante, fuentes policiales apuntan a que antes de esta ampliación no llegaban a 150 agentes, aunque la plantilla estaba fijada oficialmente en 160. Las 22 nuevas plazas suponen, por tanto, un aumento cercano al 15%.

En la convocatoria, la Dirección General de la Policía justificó la elevada oferta de plazas en "las necesidades de servicio", sin concretar más detalles. Sin embargo, altos cargos de Interior aseguran a este diario que la decisión de ampliar la plantilla en más de veinte efectivos tiene un motivo concreto: el caso Villarejo. La magnitud de la investigación que se sigue contra el policía jubilado en la Audiencia Nacional ha desbordado la capacidad de trabajo de la unidad, sobre todo por la complejidad de unas pesquisas en las que aún está encriptada buena parte de la documentación informática y sonora intervenida al antiguo comisario.

Hasta ahora, y tras la decisión del actual juez instructor Manuel García-Castellón de aglutinar en la misma pieza los dos sumarios que en un primer momento componían la causa, existe una pieza principal y, al menos, diez piezas separadas, muchas de ellas aún secretas. Pese a ello, ya ha trascendido la imputación de 38 personas, entre ellas una docena de policías, incluidos cinco comisarios. La principal función de la Unidad de Asuntos Internos es, precisamente, la de "investigar y perseguir" los delitos cometidos por policías e, incluso, sus actuaciones "contrarias a la ética profesional".

"Esta investigación requiere una cantidad de recursos humanos que hasta ahora Asuntos Internos no tenía", destacan altos cargos de Interior, que aseguran que fue el actual de la unidad, el comisario Francisco Migueláñez —al frente de ella desde 2015, cuando sustituyó al comisario Marcelino Martín-Blas protagonista de un polémico enfrentamiento con Villarejo que salió a la luz pública— el que solicitó más efectivos. Estas mismas fuentes ponen como ejemplo de la complejidad del sumario la pieza conocida como Kitchen, en la que se investiga el presunto uso de dinero público en el espionaje sin control judicial del extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia. El Gobierno ha desclasificado documentos secretos para que el juez pueda avanzar en las pesquisas.

En esta parte del sumario está imputado el comisario Eugenio Pino, quien hasta su jubilación en 2012 era el director adjunto operativo de la Policía y, por tanto, responsable directo de la propia Unidad de Asuntos Internos. "Este caso está perjudicando gravemente la imagen de la institución y se hacía necesario un esfuerzo extra para limpiarla", recalca otro responsable político.