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La Fiscalía pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes por el ‘caso máster’

El Ministerio Público considera a la expresidenta de Madrid inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster “que jamás se produjo”

Cristina Cifuentes, el día de su dimisión. En vídeo, la comparecencia en la que anunció su renuncia.

La Fiscalía de Madrid da un paso clave en el caso máster. A través de un comunicado, el Ministerio Público ha anunciado este martes que ha pedido tres años y tres de meses de prisión para Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por inducir a la falsificación del acta del trabajo de fin de máster (TFM) que exhibió en varios medios de comunicación y redes sociales tras estallar el escándalo. Un documento que mostró “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”, según subraya la acusación pública, que ha presentado el escrito después de que la juez Carmen Rodríguez Medel procesara el pasado noviembre a la exjefa del Ejecutivo regional. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha solicitado, por su parte, una pena de cuatro años de cárcel.

Pese a que Cifuentes todavía mantiene que no se “presionó” a nadie y no “se ordenó la confección de ninguna falsedad”, el relato de la Fiscalía perfila una realidad muy distinta. El Ministerio Público describe cómo la expresidenta envió a una de sus asesoras (María Teresa Feito) a la universidad cuando eldiario.es destapó la trama “para que hiciera las gestiones oportunas”. De esta forma, con el beneplácito de la dirigente política, se creó una nueva acta con “apariencia de similitud”. “A sabiendas” de que la exdirigente del PP “jamás” había defendido el TFM, que nunca había hecho los trabajos y que no había superado las asignaturas necesarias para la obtención del título. Todo con un único objetivo: “Resolver la crisis que la noticia había provocado”, añade la Fiscalía.

Este escrito supone un nuevo varapalo para Cifuentes, que ya recibió un golpe a su línea de defensa el pasado 15 de febrero, cuando el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama, compareció en la comisión de investigación creada en el seno de la Asamblea de Madrid. Por primera vez, el docente denunció que recibió “fuertes presiones” de la Comunidad y del rectorado de la URJC tras estallar el escándalo en marzo de 2018. También defendió su inocencia: “Siempre actué dentro de la más absoluta legalidad”. Pero la Fiscalía tampoco se cree esta versión.

El Ministerio Público reserva un papel clave en este entramado al catedrático, para el que pide tres años y nueve meses de cárcel como autor indirecto de un delito de falsedad documental. Según la acusación pública, después de ofrecer una rueda de prensa junto al rector de la universidad para tratar de salir al paso ante la presión pública, Álvarez Conde telefoneó a Cecilia Rosado, una de las profesoras que firma el acta del TFM falsificada, y le “dio instrucciones para confeccionar el documento que reflejase que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal” formado por la propia Rosado y otras dos docentes: Clara Souto y Alicia López de los Mozos, que también fueron imputadas durante la instrucción.

La profesora Rosado, para la que se pide una pena de 21 meses, obedeció entonces debido a la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático. “Y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo de no acatar lo que se le pedía”, prosigue el ministerio público en su escrito, que recuerda que, incluso, llegó a calificar a la expresidenta de Madrid con un notable (7,5) en ese acta, antes de falsificar las firmas de Souto y López de los Mozos. La Fiscalía también solicita tres años y tres meses de prisión para Feito, que llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Rosado de forma “agobiante” e “incesante”, “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza”.

El escándalo del máster supuso, junto con la publicación de un vídeo de 2011 en el que protagonizaba un supuesto hurto en un supermercado, el final de la carrera política de Cristina Cifuentes después de casi 30 años desempeñando cargos públicos y orgánicos en el PP. El pasado mayo, la popular renunció a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, con lo que perdió el aforamiento que le correspondía. Previamente había abandonado la presidencia de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño.

Cifuentes se negaba hasta entonces a dejar su puesto, por más que las irregularidades del máster hubieran arrasado con la credibilidad de la universidad y del Instituto de Derecho Público (IDP), epicentro de la trama. La expresidenta consideraba que las irregularidades que habían salido a la luz con el caso máster son de tipo “administrativo” y responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La juez Rodríguez-Medel revolucionó el proceso judicial el pasado octubre. Tras el rechazo del Tribunal Supremo a investigar a Pablo Casado por falta de indicios por su máster, la magistrada consideró que esa decisión debía extrapolarse entonces a todos los imputados en la causa que no se encontraban aforados. Eso supuso cerrar la principal línea de investigación, relativa a la existencia de una trama encabezada por Álvarez Conde que supuestamente regalaba los títulos. Solo se mantuvo abierta la instrucción por la presunta falsificación del acta del TFM de Cifuentes. Y este martes la Fiscalía ahonda en ella.

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