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El Gobierno plantea regular por primera vez la figura del confidente policial

La recién aprobada Estrategia contra el Crimen Organizado incluye entre sus objetivos normalizar el papel de los colaboradores tras años en un limbo legal

La ministra Isabel Celaá saluda a Fernando Grande-Marlaska, este jueves en el Congreso.
La ministra Isabel Celaá saluda a Fernando Grande-Marlaska, este jueves en el Congreso. EFE

El Gobierno quiere regular por primera vez la labor del confidente policial. Se trata de una figura considerada “esencial” por las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia pero que hasta ahora se mantenía en un limbo jurídico que dificultaba su protección y la de los policías que trataban con ella. El Ejecutivo ha incluido su legalización entre los objetivos de la recién aprobada Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, tras destacar que varias sentencias del Tribunal Supremo ya avalan su papel.

No es la primera vez que se plantea regularizar la figura del confidente, pero sí que se considera un objetivo estratégico para hacer frente al crimen organizado, destacan fuentes del Ministerio del Interior. De hecho, la comisión parlamentaria de investigación sobre el 11-M ya incluyó en junio de 2005 entre sus conclusiones la necesidad de regular “legal y reglamentaria” la función de estos informadores policiales. El Congreso reclamó entonces crear una base de datos para que hubiera un control de sus identidades e informaciones, y del dinero que cobraban. Todo ello después de que la investigación revelase que dos condenados por los atentados, José Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier, eran confidentes. Sin embargo, aquella propuesta fue arrumbada dos años y medio después. El Ministerio del Interior, entonces encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba, desistió tras constatar las dificultades para encontrar una base legal y, sobre todo, una fórmula para plasmar la recomendación.

La idea ha sido retomada ahora después de constatar que cada vez más organizaciones criminales consiguen blindar sus comunicaciones y, de este modo, imposibilitan su interceptación, con el consiguiente perjuicio a las investigaciones. “El peso de las escuchas telefónicas en las investigaciones es cada vez menor por culpa de la encriptación de las llamadas”, destaca a EL PAÍS un alto mando policial que considera la figura del confidente clave para contrarrestar esta dificultad y seguir contando con información interna de los grupos criminales.

“Colaborador habitual”

Pese al limbo legal, las fuerzas de seguridad han seguido trabajando con lo que durante años se llamó, de manera un tanto despectiva, chivatos y soplones. Ahora son confidentes o, como los denomina el Gobierno en el documento en el que plantea su legalización, “colaboradores habituales”, más acorde al valor que le dan los investigadores. Un estudio elaborado por un alto mando de la Guardia Civil los califica de instrumento “cada vez más importante”, cuando no “vital”.

Este documento detalla unas normas básicas para que los agentes del instituto armado traten con los confidentes en “el más estricto cumplimiento de la legalidad, sin incitar ni permitir cualquier actuación delictiva”. Así, desaconseja “las citas en las que intervenga un solo agente del cuerpo” e impone que “para premiar” su colaboración se cree un registro sobre él y que dichos pagos sean controlados por los responsables de la unidad a los que facilita información.

Los mandos policiales consultados consideran necesario que en la futura regulación esté la inclusión del confidente en el programa de protección de testigos —una normativa cuya actualización el Gobierno ha incluido también ahora entre los objetivos de su estrategia contra el crimen organizado—, y también que se den garantías legales a los agentes “controladores” que tratan con ellos. También plantean que el papel del confidente en el juicio no sea el del testigo, sino que los datos aportados por ellos, complementados con los de la investigación, se plasmen en un informe que sea considerado legalmente “informe pericial de inteligencia”.

Las nuevas amenazas de la criminalidad organizada

El documento que recoge la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado fija 10 ejes de actuación para hacer frente hasta 2023 a las nuevas formas de delincuencia. El texto —publicado este viernes en el BOE— describe “un nuevo paisaje criminal” caracterizado “por grupos y delincuentes flexibles que operan en múltiples sectores criminales, apoyado por el cada vez mayor uso ilícito de las nuevas tecnologías”. El plan sustituye a la anterior Estrategia Nacional, que había vencido en 2014.

Entre las nuevas amenazas, el texto sitúa el incremento “exponencial” del cultivo y tráfico de marihuana, los fraudes a Hacienda (sobre todo del IVA), el cibercrimen y “la corrupción institucional asociadas a sectores tan mediáticos como el del deporte”. También destaca como riesgo añadido la cada vez mayor violencia que las organizaciones criminales utilizan tanto en sus guerras internas como contra la policía y los ciudadanos. Y alerta de que “las tensiones sociales y delincuenciales” en Latinoamérica pueden traducirse en “un desplazamiento de las bandas criminales, maras [pandillas violentas de origen centroamericano] y otras organizaciones hacia España y la Unión Europea”.

Los expertos llaman la atención sobre los cada vez más vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista, que permite a este último contar con financiación y apoyo logístico.

El documento plantea reforzar el control financiero para combatir las estructuras económicas de los grupos criminales. En este sentido, destaca las nuevas formas de blanqueo “emergentes”, entre las que cita las criptomonedas, el juego online y las inversiones en energías renovables. El Gobierno pone el acento en las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y que augura se convertirán “a medio plazo” en “una grave amenaza de seguridad nacional”.

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