Interior desiste de regular a los confidentes

El Gobierno no ha hallado base legal ni fórmula alguna para regular la figura del confidente policial ni para crear un fichero de informadores de las fuerzas de seguridad. La creación de esta base de datos era una recomendación de la comisión de investigación parlamentaria del 11-M, tras comprobarse que dos implicados en los atentados, José Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier, ambos condenados, eran chivatos de policía y Guardia Civil, respectivamente. "No hemos encontrado la forma de ordenar este asunto", asegura un alto cargo del Ministerio del Interior.

La comisión del 11-M recomendó una regulación "legal y reglamentaria" de la figura de los confidentes policiales que tasara la relación de éstos con sus controladores. Además, reclamaba la creación de una base de datos para que hubiera un control de sus identidades, de sus informaciones y del dinero que debían cobrar por su trabajo.

Pero, dos años y medio después de esa recomendación, nada se ha podido hacer. La principal dificultad estriba "en la falta de definición legal y, en consecuencia, de cobertura de tales actividades", asegura Interior. Se ha acudido a la legislación comparada para hallar una fórmula. "Y hay muy poco porque es muy difícil regular eso", aseguran fuentes del ministerio.

El trabajo de los confidentes se considera "clave y vital" en determinados ámbitos delictivos, pero especialmente en asuntos de terrorismo. La variedad de confidentes y confidencias, no obstante, dificulta una regulación única. No es lo mismo un pequeño delincuente de barrio que se chiva del traficante que compite con él (Trashorras) que un no delincuente que, por ejemplo, informa de los planes terroristas que están elaborando los amigos que ha hecho en la mezquita (el caso del confidente llamado Cartagena).

La legislación española no define la figura del informador policial o del colaborador de la justicia. "Antes de poder crear una base de datos de este tipo habría que definir las personas que se pueden incluir" en esa relación, indican fuentes del Interior.

El problema fundamental es que el confidente, lo que en el argot policial se conoce como un chota, está "en los límites de la legalidad". Es normalmente un chorizo y, a la vez, una pieza clave contra el delito. Entonces, ¿cómo se equilibran los particulares intereses del confidente con el interés público que para un agente policial puede tener la información que el anterior facilita? De hecho, la relación entre chivato y policía supone un riesgo jurídico para el agente del orden.

Por ello, y aunque no se atisba fórmula alguna, Interior sigue buscando la manera de dar una cobertura legal a esta relación. Pero si los agentes se arriesgan a caer, a rozar el delito, los confidentes se juegan su vida en caso de ser descubiertos. Es precisamente la seguridad personal del informador otro de los motivos alegados, en este caso por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los confidentes, por definición, "ponen en riesgo su vida al estar directamente vinculados al medio delictivo", según Interior. "Su confianza, factor esencial para posibilitar la adecuada obtención de información, está estrictamente vinculada a la seguridad personal que reciben". Los funcionarios policiales consideran que crear un registro, un fichero de confidentes, aunque sea de consulta limitada, "supondría un menoscabo de la confianza" del confidente en su controlador, lo que mermaría "la operatividad de esa figura". Interior admite que "algo habrá que hacer", pero que "no hay una salida fácil".