El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios

El sucesor de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas (PP), cobró 300.000 euros por hacer informes “verbales” para un conglomerado que explota por licitación autonómica tres casinos en Alicante. Los trabajos no existieron, según documentos de la Abogacía del Estado a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La supuesta asesoría hablada se prestó entre 2010 y 2011. El dirigente presidía entonces Banco de Valencia y Bancaja y, tras la fusión de esta última con Bankia, desembarcó como número dos de la institución financiera pilotada entonces por Rodrigo Rato.

Olivas facturó sus supuestos consejos verbales a través de Imarol S. L., una firma donde figura con su esposa. Su cliente fue Omalasa S. L., una sociedad que tiene como socio único al Grupo Acrismatic, un holding de 600 empleados que controla 1.600 puntos de apuestas deportivas con casinos en Alicante, Orihuela y Benidorm.

Los consejos verbales de Olivas al conglomerado del juego figuran en un litigio por una liquidación tributaria entre la sociedad del expresidente y el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR). El abogado del Estado, que defendió a este último organismo, sostuvo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que los informes orales fueron ficticios.

El Tribunal de Justicia valenciano sentenció que la asesoría no existió

“No es asumible que por consejos verbales se paguen 300.000 euros, siendo cosa distinta que el pago tenga otra explicación”, señaló el letrado de la Administración. Y prosiguió: “Parece difícil que el señor Olivas, que era presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, pudiera prestar al mismo tiempo labores de asesoramiento verbal con una empresa con su mujer”.

El letrado del Estado resalta también que el expresidente del Gobierno valenciano no elaboró informes escritos y facturó a través de una mercantil sin actividad ni empleados externos. Además, se sorprende de que Olivas cobrara de su cliente –mediante tres cheques en facturas emitidas en abril, mayo y junio de 2011- las reuniones por adelantado.

La relación del ex número dos de Bankia con el cliente de sus consejos verbales, el conglomerado del juego Acrismatic que preside Jesús Álamo, se remonta a abril de 1999. Olivas, entonces consejero de Hacienda de la Generalitat de Zaplana, firmó la adjudicación a este grupo de los bienes de un casino que acumulaba una millonaria deuda de tasas del juego con la administración y la licencia de una sala de juegos en Alicante por 13,9 millones, el tipo mínimo exigido en las bases de la subasta. Acrismatic concurrió como único postor.

Olivas justifica a este periódico que su asesoría hablada fue real y abordó operaciones inmobiliarias. “Tengo un listado de reuniones en la agenda electrónica”, afirma. Justifica que adjudicara en 1999 la licencia de un casino a Acrismatic desde la consejería de Hacienda de la Generalitat porque “fue la única empresa que cumplió los requisitos”. Y niega haber favorecido con créditos a esta compañía desde Bancaja, Banco de Valencia o Bankia. “Fui presidente honorífico [de estas entidades], no ejecutivo”. El expresidente de la Generalitat del PP admite que su relación profesional con el responsable de Acrismatic arrancó en 1980, antes de su desembarco en la política. “Es un gran empresario”, zanja.

El dueño de Acrismatic defiende también que el asesoramiento existió. “Era la época de la crisis. Teníamos mucho suelo. [Olivas] nos aconsejó vender”, afirma para después añadir que el servicio “fue verbal”. El empresario del juego precisa que nunca pidió un favor político al que fuera presidente de la Generalitat valenciana entre 2002 y 2003.

Los problemas de Olivas con su empresa Imarol S. L. no son nuevos. El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia condenó en 2017 al ex número dos de Bankia a un año y medio de prisión y una multa de 151.800 por emitir a través de esta sociedad una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros. El cliente del exdirigente del PP fue entonces Sedesa, el grupo de la familia del exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino (PP).

La citada sentencia estimó que el expresidente de la Generalitat y su cliente se pusieron de acuerdo para producir un papel “que aparentaba ser una factura” por un supuesto asesoramiento. La juez concluyó que estos servicios “fueron inexistentes” y condenó a Olivas por falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conecta los pagos de los Cotino a Olivas con la red de cobro de comisiones del exministro Zaplana. Los investigadores aseguran que Olivas percibió una comisión ilegal por mediar a favor de Sedesa en la adjudicación del Plan Eólico Valenciano, que se resolvió en febrero de 2003, cuando el político presidía la Generalitat.

“Existen indicios de que determinadas cantidades dinerarias obtenidas por Olivas, a través de su sociedad de consultoría Imarol SL y que fueron satisfechas desde una sociedad del grupo Sedesa, realmente podrían corresponder al pago de un presunto soborno”, recoge un informe del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO fechado el pasado mayo.

El ex número dos de Bankia defiende que puede acreditar los trabajos de asesoría que prestó a la familia Cotino.

Olivas está procesado por los casos de salida a Bolsa de Bankia y del Banco de Valencia, que juzga un supuesto desfalco de 750 millones mediante la concesión de créditos fraudulentos y por el que se enfrenta a una petición de la fiscalía de seis años de cárcel. Además, es uno de los 18 imputados del caso Erial, que indaga una red que cobró comisiones por valor de 10,5 millones de euros a cambio de adjudicaciones otorgadas por la Generalitat Valenciana durante los mandatos de Zaplana y Olivas (1995-2003).

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