Cotino: “Pacté verbalmente con Olivas darle una comisión de 500.000 euros”
El expresidente valenciano y el constructor se escudan en un ambiguo trabajo de conseguidor para defenderse en juicio de una petición de tres años de cárcel
El expresidente de la Generalitat valenciana con el PP José Luis Olivas y el constructor Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente autonómico Juan Cotino, han recurrido este martes ante la juez a un ambiguo trabajo de conseguidor para defenderse de una petición de tres años de cárcel. La Abogacía del Estado y la Fiscalía acusan a Olivas, que también fue presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, y a Cotino de fraude fiscal y falsedad documental. El juicio se celebra en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.
La operación bajo sospecha es un pago de 500.000 euros de Cotino a Olivas. El abono se justificó ante Hacienda con un trabajo de asesoramiento para la venta de las acciones en Proyectos Eólicos Valencianos Sociedad Anónima. La Fiscalía lo considera falso porque el informe de tres páginas firmado por la esposa del expresidente de la Generalitat presentado por Olivas para justificar su labor “no respondía a ninguna gestión llevada a cabo para dicha venta ni contenía ninguna información útil para ella”. La mujer, farmacéutica, no tenía ningún conocimiento en la materia, y ha admitido que la fecha que lleva es falsa porque no lo firmó en 2008, sino cinco años más tarde. El pago fue presentado como gasto deducible ante Hacienda, lo que implicó según la Agencia Tributaria un fraude de 150.000 euros. El exdirigente popular y el constructor han justificado este martes el pago en un trabajo de conseguidor.
Protagonistas de la burbuja
En la vista oral que ha arrancado este martes en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia se sientan en el banquillo dos de los grandes protagonistas de la burbuja inmobiliaria de la Comunidad Valenciana, y por extensión española.
José Luis Olivas fue presidente de la Generalitat valenciana un año, entre 2002 y 2003. Previamente fue el consejero de Economía que cambió la regulación de las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana, ampliando la representación política en el consejo de las mismas. Tras abandonar la presidencia de la Generalitat, fue nombrado con el apoyo de su sucesor, Francisco Camps, presidente de Bancaja, entonces la tercera caja de ahorros de España y cabeza de un grupo propietario, entre otros negocios, del Banco de Valencia, que también presidió.
Olivas, que inició su despegue en el PP valenciano como concejal de Valencia con la exalcaldesa Rita Barberá, está imputado en los procesos abiertos tras las quiebras de ambas entidades financieras. La de Bancaja se produjo tras haberse integrado en Bankia, de la que Olivas fue vicepresidente.
Vicente Cotino, dueño de Sedesa, uno de los mayores grupos constructores de la Comunidad Valenciana durante el boom, es sobrino de Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos están procesados en el caso Gürtel. El primero por financiar irregularmente al PP y el segundo por la visita del Papa.
“Pacté verbalmente con Olivas que si me ayudaba a conseguir un buen precio le pagaría medio millón de euros”, ha declarado Cotino.
El empresario ha dicho que buscó a Olivas porque era presidente de Bancaja, que también tenía una participación en Proyectos Eólicos Valencianos. Y porque era consejero de Iberdrola, una de las dos empresas que Cotino veía como posible compradoras. Olivas también ha mantenido que su doble posición en Bancaja e Iberdrola fueron los motivos de que el constructor lo contratara.
El abogado del Estado ha expresado las dudas éticas que planteaba el supuesto encargo alegado por Cotino: “Olivas no era un agente externo, formaba parte de Iberdrola, ¿y usted le ofreció 500.000 euros por facilitar la venta?”.
Cotino ha dicho que sí y ha mantenido también que la operación accionarial incluyó igualmente la venta de la participación de Bancaja en el proyecto. Esto es, Olivas cobró medio millón de euros de Cotino por facilitar la operación siendo presidente de una de las sociedades que vendían (Bancaja) y consejero de la que iba a comprar (Iberdrola).
Olivas facturó a Cotino a través de una sociedad, inactiva durante años, que compartía con su mujer, la cual también se sienta en el banquillo. El expresidente valenciano se ha desdicho de la explicación que en su día ofreció a Hacienda, según la cual Cotino le pagó por un informe firmado por su mujer. Esta, que se sienta en el banquillo acusada solo por la Abogacía del Estado, ha admitido que no sabía nada de energías renovables, y que firmó porque su marido se lo pidió cinco años después de la fecha que consta en el informe, cuando estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria.
Olivas ha justificado ahora el cobro en su tarea de mediación entre las partes de la operación, para “desatascarla”. La fiscal le ha preguntado a Olivas: “Está diciendo que su única intervención para que le pagasen 500.000 euros fue hablar con el presidente de Iberdrola, porque desconocía las características técnicas. ¿Es eso?”. “En un momento dado se atascaron las negociaciones. Y eso solo podíamos resolverlo los presidentes, el de Iberdrola y yo, de Bancaja. Me dijeron: o intervienes, o esto no va a ningún lado. Y yo intervine. No cobré solo por mediar, sino por conseguir un precio”, ha respondido Olivas.
“¿Pero usted defendía los derechos de Bancaja o de quién?”, le ha preguntado la fiscal. “Yo defendía los intereses de Bancaja, y de Cotino, y también de Iberdrola, porque quería comprar”, ha respondido el expresidente valenciano.
Finalmente, las acciones de Cotino y Bancaja no las compró Iberdrola, sino Endesa, que ejerció el derecho de tanteo en su condición de tercer socio de Proyectos Eólicos Valencianos ante la oferta presentada por la primera. La operación, realizada en 2008, reportó un beneficio de 40 millones a Sedesa. Un precio que, según Cotino, representó cerca de "un 10% más que el precio de mercado”. La plusvalía para Bancaja fue de 33 millones.
El abogado del Estado ha revelado en el juicio que Olivas ha sido condenado en otro procedimiento administrativo por fraude fiscal en un caso similar al que ahora se juzga por lo Penal. También en aquel procedimiento, ha indicado la Abogacía del Estado, Olivas cobró de una empresa por un trabajo que la Agencia Tributaria considera falsa. Esto es, que cobró por motivos oscuros cuya realidad ha sido ocultada a Hacienda. Olivas se ha negado a responder a preguntas relacionadas con esa condena argumentando que la sentencia no es firme y está recurrida ante el Tribunal Superior valenciano.
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