El Gobierno carga contra el viaje de Arrimadas a Waterloo: “No es sensato”

La tensión entre el Gobierno y Ciudadanos se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la situación política en plena precampaña electoral. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha arrancado la rueda de prensa del Consejo de Ministros con un ataque duro contra este partido por el viaje que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, hará este domingo a Waterloo (Bélgica), donde vive el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la justicia española. "No es sensato anunciar ahora un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación", ha dicho Celaá. 

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Este viaje, según el Gobierno, solo servirá para "internacionalizar la tensión" sobre Cataluña en vez de curar "el daño causado por el independentismo". "Ahora que el Tribunal Supremo está realizando su tarea no es sensato que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a fomentar la tensión; es una insensatez que solo beneficia a los radicales", ha concluido la portavoz del Gobierno.

Arrimadas anunció este jueves que este fin de semana viajará a Waterloo “para recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada”. Se trata de un acto que ejemplifica el estilo de oposición por el que ha optado la formación naranja en Cataluña y que ha tenido a Arrimadas como elemento central. Lo avanzó en un vídeo a través de las redes sociales este jueves, tras lo cual ha tenido que aclarar que no se reunirá con el dirigente independentista pese a que este le ofreció una “entrevista cordial”. Esta negativa ha provocado la réplica del expresident, que ha vuelto a emplazar a Arrimadas a “hablar como dos personas que representan a ciudadanos de Catalunya y tenemos opiniones diferentes”.

La dirigente y sus parlamentarios tienen previsto hacer un acto en la localidad donde Puigdemont mantiene su residencia, pero lo que no habrá es un encuentro. Desde Ciudadanos señalan que habrá una atención a los medios por la mañana delante de la casa de Puigdemont, y un acto de partido por la tarde, y que intervendrán tanto Arrimadas como el portavoz Carlos Carrizosa y la diputada Lorena Roldán.

El Gobierno no sabe si sacará a Franco antes de las elecciones

El asunto central de las preguntas de la prensa durante la rueda de prensa fue la exhumación del los restos del dictador Francisco Franco. El Gobierno juega al despiste en este asunto y se niega a aclarar si podrá sacarlos antes de que lleguen las elecciones y cumplir así la promesa del presidente, que desde julio de 2018 va retrasando una y otra vez la fecha final de la exhumación.

El nuevo discurso del Gobierno señala que ellos han cumplido su parte, esto es el trámite administrativo, lo que dejaría la responsabilidad en manos del Tribunal Supremo. Sin embargo, si quisiera, el Ejecutivo podría exhumar los restos antes de que el Supremo se pronuncie. Esa es la decisión política que no parece tomada, aunque los mensajes que traslada el Gobierno son que no tienen ninguna prisa, que quieren hacer las cosas con total garantía y que no les preocupa que la ejecución llegue después de las elecciones. El riesgo es que un posible cambio de Gobierno y la llegada de un Ejecutivo en manos de la derecha dejara el trabajo sin completar.

Celáa esquivó la pregunta expresa sobre la posibilidad de sacarlo antes de las elecciones. "Con el tema Franco el Gobierno ha cumplido. La Cámara dijo que teníamos que exhumar los restos. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos llegado al final del proceso administrativo. Ha sido más largo de lo que este Gobierno imaginó, pero por garantista. Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco", aseguró Celaá. "Pero la pregunta precisa [si lo sacarán antes de las elecciones] no la voy a contestar porque estamos siguiendo las últimas garantías", remató.

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y mano derecha del Papa, envió una carta a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la que le garantiza que la Santa Sede no se opone a la exhumación y anuncia que ya le ha recordado y le volverá a recordar al abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, "su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles", esto es no impedir los planes del Gobierno.

Sin embargo, el Gobierno trasladó solo una parte de la carta del Vaticano, la más favorable al Ejecutivo. En la primera página de esa misiva, publicada por El Independiente y que el Ejecutivo rechaza dar a conocer aunque la portavoz Celáa dijo en la rueda de prensa que no había ningún problema en hacerlo, Parolin no contradice su decisión de no oponerse a la exhumación, pero sí deja claro que el Vaticano no quiere inmiscuirse en este asunto y deja todo en manos del Supremo.

"En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española. La controversia, que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al derecho y a la justicia española", dice Parolin en la primera parte de la carta. En realidad, el recurso aún no ha llegado porque el Gobierno aún no ha tomado la resolución definitiva, que llegará probablemente en el Consejo de Ministros del dia 8, pero se da por hecho que la familia lo presentará.

El Vaticano le da así la razón en parte al Gobierno al asegurarle que los benedictinos, esto es el abad, tiene que obedecer al poder civil -el Valle de los Caídos pertenece a Patrimonio Nacional, que es quien lo financia- pero también apunta que preferiría que sea el Supremo quien se pronuncie primero. Ahora Sánchez debe decidir si actúa antes de que se resuelva el recurso -algo que sería perfectamente legal, según interpretan en La Moncloa- o espera al Supremo. Las señales indican que optará por lo segundo, pero solo él decide.