Dos semanas para gobernar hasta el último minuto

“¿Qué balance hace el presidente de sus ocho meses de Gobierno?” y “¿qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren en la situación política de España?” son las preguntas de control al Ejecutivo que registraron este viernes casi al mismo tiempo en el Congreso los líderes del PP, Pablo Casado, Podemos, Irene Montero, y Ciudadanos, Albert Rivera, para el próximo miércoles tras conocerse la convocatoria del adelanto electoral para el 28 de abril. No serán las últimas. Aún habrá otra sesión similar la semana siguiente, la última de esta compleja duodécima legislatura. El Parlamento aún no ha cerrado y mantiene cierta actividad. En teoría, toda hasta la fecha oficial de la disolución, el 5 de marzo, y luego muchas competencias en delegación en la Diputación Permanente. El Gobierno, además, ha anunciado a través del presidente, Pedro Sánchez, y de muchos de sus ministros, que pretende gobernar “hasta el último minuto”. La realidad será más farragosa.

A la ministra de Educación, Isabel Celaá, una periodista preguntó este viernes, tras el Consejo de Ministros ya ordinario con los temas del día, por la razón de empeñarse en presentar y aprobar el proyecto de ley orgánica para la reforma educativa (LOLOE) a sabiendas de que sería un brindis al sol, porque no tiene ninguna opción de salir adelante. La ministra invocó en defensa de la llamada ley Celaá su deber de gobernar hasta el final y aplicar sus planes incluso para valorar el trabajo de los técnicos y expertos afectados. Pero la gran propuesta educativa del Ejecutivo de Sánchez para tumbar los efectos de la denostada Lomce aprobada por el PP en 2013 también fracasará. Y es el ejemplo perfecto de muchas leyes y normas que se habían diseñado para revertir recortes o proyectos del mandato de Mariano Rajoy que ya no verán la luz.

El caso más palmario ha resultado el de la ley de Presupuestos que ha tumbado la legislatura, con los nuevos impuestos pactados con Podemos. No superó su primer examen (fue rechazada por enmiendas a la totalidad de seis grupos) y Sánchez deberá seguir gobernando ahora con las cuentas de Rajoy y Cristóbal Montoro, que aún presume de haber sacado en total 15 Presupuestos en sus distintos cargos y etapas.

La salida de Franco

También tiene un porvenir incierto el decreto aprobado en agosto para la exhumación “en breve” de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo aprobó este viernes el acuerdo que concede 15 días más a la familia para desbloquearlo. Luego vendrán más plazos y recursos y quedará en manos del Tribunal Supremo paralizar cualquier actuación por las medidas cautelares que los nietos del dictador exijan.

El presidente Sánchez hizo anuncios, como el cambio exprés de la Constitución para limitar los aforamientos en España, que no han arrancado su recorrido. Y promesas de cambios tan emblemáticos como la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza que se extinguirá justo cuando parecía haber llegado a un imposible pacto político.

El Gobierno hace un balance muy entusiasta de sus ocho meses en el poder: 17 leyes aprobadas, dos en el último trámite ya de regreso desde el Senado, y hasta 27 reales decretos convalidados, dos de ellos ya solo pendientes de retorno también desde la Cámara alta. Muchas de esas iniciativas han sido simbólicas o de obligada asunción, sin gran contenido político. Otras de gran calado social, como la ley hipotecaria, podrían salvarse en el último combate, este próximo jueves.

Las Cortes aún tendrán dos semanas enteras de vida hasta su disolución, pero el orden del día de las comisiones y del pleno que comienza el 19 de febrero ya estaba fijado y no se puede variar salvo que lo acuerden por unanimidad todos los grupos, algo ahora imposible. Lo único nuevo que registraron este viernes los partidos fueron las preguntas de control, todas previsibles. La Junta de Portavoces tendrá que resolver el martes incluso sobre tres peticiones de comparecencia del presidente, que se rechazarán.

Los partidos tendrán que apurarse para preparar sus propuestas de la última semana parlamentaria (del 25 de febrero al 1 de marzo) antes de la cita de la Junta de Portavoces de este martes, que establecerá el programa a tratar.

En el Congreso, mientras, seguirán en sus funciones las múltiples comisiones con sus citaciones y convocatorias fijadas. El martes 19, casualmente, estaba señalada una reunión de la comisión de expertos para evaluar el Estado autonómico, esa oferta que se inventó el PSOE para ver si colaba de alguna forma en el Parlamento la discusión sobre la crisis catalana. Tampoco funcionó. Está cerrada también una de esas sesiones semestrales de la comisión de secretos oficiales.

La comisión de las cajas

Otro problema será el de la vigencia de las comisiones de investigación. Hay varias abiertas, tan relevantes y ruidosas mediáticamente como de la financiación irregular del PP o las de los accidentes del tren Alvia en Santiago o el del avión de Spanair, que han acumulado prórrogas y comparecientes sin fin y no han logrado aún cerrar sus dictámenes preceptivos antes de ser aprobados en pleno. No dará tiempo a que concluyan sus trabajos, los partidos acuerden alguna conclusión en sus comisiones y las eleven a pleno. El siguiente Parlamento podría tener en cuenta sus esfuerzos, o no. Lo mismo pasará con las abiertas en el Senado.

La que tiene más opciones de superar esas trabas es la comisión sobre las cajas y bancos, que sí tiene su dictamen aprobado en su seno y solo se encontraba a la espera de recibir la validación en uno de los dos plenos a fijar. Si los partidos se apremian.

El Gobierno podría aprobar, teóricamente, algún decreto de urgencia en próximos Consejos de Ministros y los mismos tendrían que ser validados antes de un mes en las Cortes, y si éstas ya estuvieran disueltas formalmente, en la Diputación Permanente. No es lo habitual pero podría suceder por una razón excepcional.