El mandato más breve de la democracia

El mandato de Gobierno más corto de la democracia española culminará en abril con un puñado de símbolos de la voluntad de cambio, aunque con pocas medidas prácticas por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. La recuperación de la sanidad universal y la subida del salario mínimo a 900 euros se perfilan como las más concretas y trascendentes adoptadas en los 10 meses que habrán transcurrido desde la toma de posesión de Pedro Sánchez hasta las elecciones. En el otro lado de la balanza, la falta de progresos en la crisis catalana ensombrece el expediente de Sánchez.

Casi nada en este periodo ha resultado convencional. La propia llegada del presidente al poder, tras una moción de censura que prosperó el pasado 1 de junio gracias a apoyos parlamentarios de muy diversa índole, se fraguó por sorpresa. A partir de ahí, la conformación de un Gobierno con mayoría de mujeres, el anuncio de que sacaría los restos de Franco del Valle de los Caídos y la hiperactividad en el exterior se convirtieron en señas de identidad del nuevo Ejecutivo. El periplo vivido desde entonces respecto a la exhumación del dictador, que aún no ha logrado completarse pese a que se anunció nada más llegar a La Moncloa, resume bien la experiencia de este breve periodo: un afán de cambio que subestimó las dificultades para aplicar reformas con 84 diputados de los 350 que conforman el arco parlamentario.

Para neutralizar la imagen de que se ha hecho poco en este periodo, Sánchez recalcó esta mañana que se han aprobado 13 leyes y 25 decretos leyes. La subida del salario mínimo hasta 900 euros al mes (en 14 pagas), la revalorización de las pensiones (el 1,6% general y el 3% para las mínimas) y la mejora salarial para los empleados públicos (2,5%) constituyen el principal legado económico. No se ha logrado, sin embargo, aprobar una de las principales promesas en este ámbito: la reversión de las medidas más lesivas de las últimas reformas laborales.

Sin llegar a presentar la ley de cambio climático y transición ecológica, una de las banderas del Ejecutivo de Sánchez, el presidente sí ha puesto en primer plano la llamada agenda 2030 de la ONU: 17 objetivos de desarrollo sostenible que aglutinan algunas de las credenciales del Gobierno. Entre ellas, la lucha contra la pobreza infantil (afecta al 28% de los menores en España), la igualdad de género y el medio ambiente.

Sánchez también quiso enviar una señal al mundo al acoger en Valencia al Aquarius, un barco con 630 migrantes que llevaba días varado en el Mediterráneo por la negativa de Italia y Malta a abrirle sus puertos. La decisión se adoptó pocos días después de tomar posesión, aunque las dificultades para acordar en Bruselas una política más estable de gestión migratoria llevaron al Ejecutivo a dar marcha atrás a ese impulso inicial. Porque el activismo de Sánchez en la esfera exterior, con multitud de viajes que buscaban elevar el perfil de España en foros europeos y multilaterales, no ha bastado para resolver algunas de las parálisis que aquejan a la Unión Europea. Principalmente la cuestión migratoria, una de las más bloqueadas en la agenda comunitaria.

Con todo, el aterrizaje más brusco que ha sufrido el Ejecutivo de Sánchez se ha dado en la esfera interna. El conflicto catalán —una de las claves que precipitó la caída de Mariano Rajoy, aunque el empujón definitivo lo diera la sentencia de la Gürtel— ha acabado sellando el breve mandato del presidente. El intento de diálogo con los independentistas —la política del ibuprofeno, como la denominó escépticamente el ministro de Exteriores, Josep Borrell— no ha fructificado, aunque sí ha permitido empezar a restaurar algunos puentes que estaban dinamitados. Las elecciones del próximo 28 de abril despejarán la incógnita de si estos 10 meses de mandato han supuesto el preámbulo de una acción de Gobierno más duradera o la última oportunidad del presidente español más efímero.