El juicio que dejó sin margen a la política

En los últimos ocho meses ha habido muchas más reuniones entre el Gobierno y la Generalitat a todos los niveles que en los ocho años anteriores. Y en todas ellas, ha habido un momento ajeno a la política, casi de terapia. En algún punto de la reunión, prácticamente sin excepciones, los políticos catalanes dejaban de lado el papeleo, la negociación de transferencias, de inyecciones de fondos, de retiradas de recursos de inconstitucionalidad, de partidas presupuestarias, para hablar de lo difícil que era para ellos estar ahí mientras sus jefes políticos o sus excompañeros sufrían la cárcel.

En público, los dirigentes socialistas se limitan al consabido “respeto a la justicia”, y culpan a los independentistas por haberse saltado las leyes. En privado, las cosas son siempre más complejas. Decenas de horas de negociaciones hicieron que los socialistas entendieran que el juicio del procés ocupa tanto espacio en la cabeza de sus interlocutores que no deja margen a la política. Mañana, si tumban los Presupuestos, será una prueba más.

El Gobierno cree que el juicio tendrá su lado positivo, porque servirá para mostrar sobre todo fuera de España que, como dijo Pedro Sánchez en Estrasburgo, “España es uno de los países más garantistas del mundo”. Pero las consecuencias políticas serán demoledoras, según asumen tanto el PSOE como los independentistas.

La política no va a poder competir con el juicio, y el Gobierno lo sabe. Solo la caída de los Presupuestos de Sánchez mañana y la posible convocatoria de elecciones anticipadas podrán opacar durante unas horas el espectáculo de ver desfilar por el Supremo a casi todos los protagonistas de la política de los últimos años, incluido el expresidente Mariano Rajoy. El juicio lo ocupará todo. Desde que llegó a La Moncloa, Sánchez asumió que el gran error había sido llevar en exclusiva a la vía judicial un asunto que no puede ser resuelto allí. Pero la realidad ha demostrado que era tarde para eso.

La justicia tiene ahora el control de la agenda del problema catalán y seguirá en sus manos por mucho tiempo, no solo por el juicio, sino por las consecuencias que tendrá la sentencia, que durarán años, como lo hizo otra, esta vez del Tribunal Constitucional, sobre la reforma del Estatut. El debilitado Gobierno de Sánchez tiene mucha menos influencia que el de Rajoy sobre el Supremo, un órgano dominado por los conservadores. Tan escasa que no ha intentado ejercerla sobre la Fiscalía de este tribunal. “Sería contraproducente”, insistían en el Gobierno. Este se ha limitado a operar con lo poco que tenía a mano: la Abogacía del Estado, con un papel secundario. Desde allí ha dejado claro que no está de acuerdo con el delito de rebelión y ha tratado de empujar para que el juicio camine hacia la sedición. Fue el último intento del Gobierno de hacer política dentro de la justicia, pero con una enorme cautela y sin muchas esperanzas de éxito. Ahora hablan los jueces, y la política se prepara para gestionar el día después. Nadie lo ve fácil ni sabe a quién le tocará en La Moncloa.