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La Policía alerta del riesgo de “enfrentamientos entre grupos de distinto signo”

Un dispositivo con decenas de agentes de la lucha antiterrorista completa el despliegue de 200 antidisturbios en los alrededores de la sede del Tribunal Supremo

Protestas en el Tribunal Supremo, este martes. En vídeo, los CDR cortan la AP-7 en Sant Celoni por el juicio del 'procés'.Vídeo: JAIME VILLANUEVA / EFE

El Ministerio del Interior alerta en un reciente informe de la “posibilidad de enfrentamientos entre grupos de distinto signo” en los alrededores del Tribunal Supremo durante la celebración del juicio contra los lideres secesionistas que da comienzo este martes. Así se recoge en un documento que la Dirección General de la Policía envió el pasado 8 de febrero a la Delegación del Gobierno y a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS. El informe fue elaborado para que se impidiera la celebración de una protesta de funcionaros de prisiones ante la sede del alto tribunal coincidiendo con el inicio de la vista y que finalmente sí tendrá lugar.

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El dispositivo de seguridad diseñado por Interior tiene una parte visible y otra más discreta. La visible se materializará en el despliegue de cerca de 200 agentes uniformados de las Unidades de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) para blindar la sede del Supremo en refuerzo de los policías destinados de manera permanente en este órgano judicial. La parte discreta lleva ya tiempo en marcha y la conforman decenas de agentes de la Brigada Provincial de Información —especializados en la lucha antiterrorista— que se encargarán, precisamente, del control de los grupos radicales de uno y otro signo, según confirman fuentes policiales. Altos mandos policiales califican el dispositivo de “habitual para prevenir incidentes”.

El principal objetivo de esta parte del despliegue será detectar y, en su caso, evitar la actuación de grupos radicales ultra, sobre todo cuando se produzcan la visita a Madrid de destacados políticos catalanes para asistir a la vista. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros dos miembros de su Govern acudirán a la jornada inicial. El tribunal también ha garantizado dos plazas diarias en la sala para miembros del Parlament y una para el Ejecutivo catalán durante el resto de la vista. Además, el 16 de marzo está convocada una manifestación independentista en Madrid.

Fuentes policiales destacan que hasta el momento no se han detectado convocatorias en este sentido, aunque el hecho de que esté prevista la presencia de un nutrido grupo de simpatizantes de los procesados en las inmediaciones del tribunal para este martes hace temer que también acudan manifestantes de corte ultra, como se recoge en el informe policial.

Una de las principales labores de los agentes de Información será dar seguridad a los políticos independentistas a su llegada a Madrid mediante labores de contravigilancia (control de los trayectos y de los puntos de partida y llegada para detectar la presencia de sospechosos). En la estación de Atocha, punto de llegada de los trenes AVE procedentes de Barcelona, también se reforzará la presencia con agentes de Seguridad Ciudadana al ser considerado un punto “sensible”.

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Los agentes de la lucha antiterrorista también se encargarán de controlar la actuación durante los días de la vista de grupos afines al secesionismo. En este sentido, las fuentes policiales consultadas recuerdan que el pasado 8 de enero ya fueron detenidos ocho miembros del grupo juvenil Arran cuando intentaban realizar pintadas en la fachada principal del Supremo y encadenarse a la misma. De hecho, Interior ya ha blindado el edificio y sus alrededores con agentes uniformados de las unidades antidisturbios que conformarán un amplio cordón de seguridad sobre una zona que se extiende hasta las cercanas sedes de la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial.

Para ello, hay previsto un despliegue inicial de cuatro grupos de antidisturbios (cerca de 200 agentes) que podría reforzarse si fuera necesario rápidamente con el envío de nuevas unidades que permanecerán en reserva en su acuartelamiento del madrileño barrio de Moratalaz. Además, agentes de las Unidades de Subsuelo y guías caninos han realizado y seguirán realizando rastreos en la zona, algo que es habitual en esta área ya que, al concentrar numerosos edificios judiciales, está catalogada como “zonas de máximo riesgo”, como se recalca en el reciente informe. Fuentes policiales señalan que esta circunstancia ha facilitado el diseño del dispositivo por el control policial al que se somete a diario el área.

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