El juicio más esperado llega en plena tormenta política

A pocas horas del juicio a los líderes secesionistas, todos los puentes de la política entre Madrid y Barcelona parecen destruidos, pero aún hay espacio para empeorar. La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, insistió el viernes en un mantra que el independentismo viene repitiendo desde hace meses: “Una sentencia condenatoria hará la crisis más profunda”. De tal forma que la ruptura del diálogo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno catalán añade más presión si cabe a un proceso judicial que el independentismo se ha esforzado en desacreditar desde el principio, dando por descontadas las condenas y confiando en que, finalmente, sea la justicia europea la que deje en evidencia a la justicia española en general y al tribunal que preside Manuel Marchena en particular.

Nunca antes se había repartido casi por igual la carga de la sospecha entre acusados y jueces, pero también es cierto que nunca antes había dependido tanto de un juicio el futuro político de España, su cohesión interna y su prestigio internacional. Durante los tres meses que dure la vista oral, la política catalana tendrá su capital en Madrid, y las distintas fuerzas independentistas, cada vez más divididas entre sí, utilizarán el juicio y cualquier atisbo de arbitrariedad para mantenerse unidas e intentar movilizar de nuevo a sus simpatizantes.

Los miembros del tribunal dicen ser conscientes de todo ello, y de ahí que hayan permitido la retransmisión en directo de todas las sesiones y extremado el cuidado hasta en los detalles de intendencia: mientras los acusados del caso Bankia —el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato incluido— comen a base de bocadillos en los calabozos de la Audiencia Nacional, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo podrán almorzar en una sala del Supremo un menú del día servido por un restaurante cercano. No obstante, los siete miembros del tribunal —-seis hombres y una mujer— saben que la apuesta por la transparencia o los detalles a fin de que el juicio sea más llevadero para los acusados apenas podrán contrarrestar la imagen negativa de la justicia que el independentismo —muy bien auxiliado en las bandas por la pasividad diplomática del Gobierno de Mariano Rajoy— ya ha conseguido inocular en una parte considerable de sus colegas europeos.

Lo cuenta de forma muy gráfica Álvaro García Ortiz, el fiscal más votado de España para las elecciones al Consejo Fiscal y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF): “El independentismo ha conseguido extender la idea en Europa de que la disidencia política se castiga en España con la cárcel. Para nosotros, los jueces y fiscales españoles, es una tragedia, porque estamos perdiendo todo el prestigio conseguido en los últimos 40 años. Ya hay foros internacionales donde nos sitúan junto a Polonia o Turquía”.

El fiscal García Ortiz llegó a escribir, en nombre de la UPF, una carta a la magistratura francesa intentando desmontar —con la ayuda de cierto humor amargo— las acusaciones más graves sobre la calidad democrática de España. “No”, dice la misiva, “los españoles no nos hemos vuelto locos, ni hemos vuelto tampoco cuarenta años atrás cuando enterramos a un dictador al que la mayoría de la población no ha conocido. No, los españoles no hemos tirado por la borda nuestra democracia durante el último año, ni nos hemos convertido en carceleros de nadie (...). Seamos serios, este es un país tan bueno o tan malo como cualquier otro de nuestro entorno, con una democracia manifiestamente mejorable, como todas las democracias occidentales (...). Echemos una mirada a la colección de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las condenas a España. Es un buen termómetro de la realidad de la calidad democrática y del respeto a los derechos humanos en nuestro país. Entre los años 1959 y 2017, España, con 46 millones de habitantes, ha sido condenada por el Tribunal Europeo en 103 sentencias; Francia, en el mismo periodo, con 66 millones de personas, lo ha sido en 728 ocasiones”.

Curiosamente, una de las medidas con peor prensa —la permanencia en prisión de los líderes independentistas— es la que, en opinión del tribunal, habría sido más fácil de desmontar. Las fugas del expresident Carles Puigdemont, de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e incluso de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se escapó a Suiza a pesar de que los delitos que se le imputan no conllevarían pena de cárcel, se convirtió en el principal argumento en contra de la libertad provisional. Si a ello se le une alguna declaración belicista del president Quim Torra —su referencia a la vía eslovena— y, sobre todo, la falta absoluta de respeto al tribunal, en el fondo y en la forma, por parte de alguno de los abogados defensores, terminaron por cerrar definitivamente la puerta de la prisión preventiva.

“Hay que tener en cuenta”, explica un alto representante del Supremo, “que están pidiendo la libertad para sus clientes abogados que en sus escritos formulan graves acusaciones contra magistrados y fiscales, acusándolos de organizar un juicio político e incluso de encubrir la cultura. ¿Cómo vas a conceder la libertad a alguien que está acusado de delitos que pueden conllevar penas de 25 años y que no tienen la mínima confianza en la honorabilidad del tribunal? Lo más lógico es pensar que, al menos algunos, intentarían fugarse como Puigdemont o Rovira. El tribunal no entiende la estrategia feroz de algunos de los abogados”.

Bien es verdad que, como ya ha publicado este periódico, los abogados de los 12 acusados que desde el martes se sentarán en el banquillo comparten un mismo fin, pero discrepan en los medios. Algunos, como los de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, consideran que el juicio es político, que la sentencia está escrita y que la única vía de escape llegará en su día a través de la justicia europea. Hay otros como Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, exconsejero de Interior, que ha negado públicamente que el juicio sea político e incluso ha alabado el “prestigio del Supremo”. No se descarta que esas diferencias se acentúen conforme vaya avanzando la vista oral y que incluso en algún momento sobrevuele el banquillo el “dilema del prisionero” (dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra del interés de ambas).

Causa dividida

De hecho, el pasado 19 de diciembre, durante la vista celebrada en el Supremo para estudiar las cuestiones previas, el abogado Enrique Leyva hizo un brillante alegato para que su defendido, el exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Josep Nuet, fuese juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En un momento de su intervención —en la que llegó a pedir al tribunal que tuviera en cuenta “la textura compleja de los asuntos humanos”—, dos de los magistrados anotaron una palabra en sus respectivos cuadernos de notas. Luego constataron que habían puesto lo mismo. La anotación decía: “¿Barcelona?”. Unos días después, el 27 de diciembre, el tribunal presidido por Manuel Marchena hizo pública su decisión de dividir en dos la causa abierta contra los líderes independentistas. Los principales líderes seguirían siendo juzgados en el Tribunal Supremo, y los otros seis, a los que la fiscalía solo atribuía un delito de desobediencia. entre ellos Joan Josep Nuet y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament, se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La anécdota viene a demostrar que, a pesar del ruido y la furia que rodea el proceso, ni el futuro ni la sentencia están escritos. ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿Nada...? Con todos los focos encendidos y conscientes que un país entero se juega su prestigio, los miembros del tribunal, que no conceden entrevistas pero que no viven en una urna de cristal, dicen tener clara su función: “Habrá que ver qué delitos se cometieron y quién los cometió. Y luego juzgar con base a derecho”.