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Políticos y policías copan la lista de testigos en el juicio al ‘procés’

Fiscalía y defensas coinciden en llevar ante el tribunal al coordinador del 1-O y a la testigo clave de las protestas del 20-S

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los más de 500 testigos citados en el juicio del 'procés'.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los más de 500 testigos citados en el juicio del 'procés'.

Los 500 testigos aceptados por el Tribunal Supremo para declarar en el juicio contra los líderes independentistas deberán arrojar luz sobre lo ocurrido en Cataluña durante el procés. Aunque con fines opuestos, acusaciones y defensas coinciden en algunas peticiones; por ejemplo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos —que coordinó el polémico dispositivo para frenar la consulta ilegal del 1-O— o la secretaria judicial Montserrat del Toro, testigo clave de los hechos del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía.

En la lista de declarantes del juicio, que comienza el próximo 12 de febrero, son mayoría los agentes de los tres cuerpos policiales (Mossos, Guardia Civil y Policía). El trasfondo político del juicio es evidente y por ello abundan, también, dirigentes y exdirigentes de todo el espectro ideológico. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el lehendakari, Íñigo Urkullu; el expresidente de la Generalitat Artur Mas o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comparecerán ante la Sala Segunda del Supremo. Las explicaciones de todos ellos van a ser una parte nuclear en la disputa dialéctica del juicio.

El Supremo oirá a exdirigentes y políticos en activo de todas las ideologías

El contexto político. Junto a los responsables políticos de aquella etapa en Madrid y Barcelona comparecerá el presidente del Parlament, Roger Torrent, a petición de Vox. El partido ultra ha logrado que se cite al que fue mano derecha de Oriol Junqueras, Josep María Jové, y a exconsejeros que se bajaron del carro al no asumir el referéndum unilateral, como Meritxell Ruiz, Jordi Baiget o Jordi Jané, este último titular de Interior. Los acusados ligados al PDeCAT y Esquerra han citado a algunos de los suyos: Marta Pascal (senadora), Neus Lloveras (expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia), Xavier Trias (exalcalde de Barcelona) o Gabriel Rufián (diputado). Carme Forcadell llevará a sus antecesores desde 2003 (Ernest Benach y Núria de Gispert) para que expliquen “las funciones de la presidencia”. Sobre los hechos del 6 y el 7 de septiembre —cuando se votó la ley del referéndum en una sesión tormentosa—, declararán miembros de la mesa como José María Espejo (Ciudadanos) o David Pérez (PSC), además del secretario y el letrado mayor de la Cámara catalana, que se opusieron a esos trámites.

La protesta del 20-S. El 20 de septiembre de 2017 es una cita clave: la Fiscalía sitúa en esa fecha el inicio de la violencia del procés, cuando hasta 40.000 personas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía por los registros ordenados por un juez. Parte del relato acusatorio se basa en los problemas causados a la comitiva judicial. Además de la secretaria, declararán guardias civiles para ratificar los daños a los vehículos policiales; a uno de ellos se subieron Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) para desconvocar la manifestación, en una de las imágenes más icónicas del procés. Las defensas han pedido que declaren, entre otros, el cantautor Lluís Llach, miembros de ERC y trabajadores de Economía, o miembros de la CUP como David Fernández o Mireia Boya. También lo harán los líderes de CC OO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros por convocar a la ciudadanía a acudir frente a Economía.

Dispositivo y violencia el 1-O. La Fiscalía cree los Mossos se pusieron del lado del Govern y con su “pasividad” permitieron la consulta ilegal. Además del “coordinador”, asistirán los máximos responsables de los tres cuerpos en Cataluña: Sebastián Trapote (Policía), Ángel Gozalo (Guardia Civil) y Josep Lluís Trapero (Mossos), este último acusado igualmente de rebelión en la Audiencia Nacional. Otros comisarios de los Mossos (Manel Castellví, Emili Quevedo o Ferran López, que asumió el mando tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 21 de octubre de 2017) deberán aclarar cómo se coordinó el operativo. Sobre lo ocurrido aquella jornada, desfilarán a petición de la Fiscalía decenas de policías heridos por los votantes durante la consulta. Para las defensas, en cambio, los heridos fueron los ciudadanos y hablarán de ello numerosos testigos que estaban en los colegios electorales; también, el director del Servicio Catalán de Salud, David Elvira, para que “ratifique los informes” sobre los lesionados el 1-O. El Supremo ha aceptado que comparezcan diputados canadienses (Manon Massé) y alemanes (Félix Von Gründbergm) que asistieron como observadores.

Votantes y policías darán versiones opuestas de la violencia el 1-O

La lista la completan numerosos cargos de la Generalitat y jefes y empleados de empresas por pagar y cobrar, según el caso, servicios ligados al referéndum. Ellos, de perfil menos público, tendrán algo que decir sobre el delito de malversación.

La ANC ocupa la sede de la Comisión en Barcelona

Una veintena de activistas de la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana  (ANC) ocupó ayer la sede de la Comisión Europea en Barcelona para entregar una carta dirigida al presidente Jean-Claude Juncker y denunciar lo que consideran una “violación grave” de los derechos humanos en Cataluña. Su intención es pasar toda la noche en la institución. La entidad había convocado a las 19.00 un acto junto al Paseo de Gràcia en protesta por el traslado de los presos a Madrid pero, una hora antes, tres activistas entraron en la Comisión para entregar la carta y luego 18 más irrumpieron en la sede. Otros dos simpatizantes colgaron del balcón una pancarta, en inglés, con el lema La autodeterminación es un derecho, no un crimen, y colocaron un crespón negro sobre la bandera europea. La acción, según los mossos, se desarrolló de forma pacífica. La Guardia Urbana estimó que 4.000 personas participaron en las movilizaciones. Otro grupo desvinculado de esta protesta lanzó pintura y petardos contra la Fiscalía.

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