El Gobierno se apresura a pactar reformas antes de las elecciones de mayo

El tempo electoral apremia y el Gobierno de Pedro Sánchez necesita llegar a las elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo con logros claros que afecten a millones de españoles. Un nuevo sistema para financiar y sostener las pensiones y una batería de cambios en la reforma laboral son dos de las propuestas que el Ejecutivo quiere tener aprobadas en este primer trimestre del año. Eso exige acelerar la negociación con los agentes sociales —sindicatos y patronal— y con los grupos parlamentarios, con la dificultad de aunar al PDeCAT y PNV con Podemos.

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La decisión de Moncloa de imprimir velocidad a medidas de fuerte carácter social estaba tomada desde diciembre, pero el golpe que el martes recibió el Gobierno al ser derrotado en la votación del decreto sobre el alquiler de viviendas precipita esa estrategia. Aunque con realismo. El Ejecutivo sabe —y asumió casi desde el principio— que es imposible derogar la reforma laboral de 2012. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, suele hacer referencia a que el PSOE tiene 84 diputados y no es fácil cuadrar las diferencias políticas y doctrinales de los actores necesarios solo en esos cambios parciales.

La mayoría parlamentaria que permitió que saliera adelante la primera moción de censura de la democracia, y llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, es heterogénea: los partidos que apoyaron el derribo de Mariano Rajoy no se juramentaron para apoyarse en todo. La primera prueba de que esa mayoría no es pétrea ni mecánica se produjo el pasado martes, cuando el Gobierno no pudo sacar adelante la convalidación del decreto de alquiler de viviendas. Ahora se encuentra con enormes dificultades para derogar aspectos de la reforma laboral.

Los criterios del PDeCAT y del PNV no son los mismos que los de Podemos, señalan en fuentes socialistas estrechamente vinculadas a la negociación. Acercarse a los primeros —de corte más liberal— ha alejado a los socialistas de los segundos, que apuestan por medidas más progresistas. Convencer al partido de Iglesias es ahora la tarea en la que están los negociadores del PSOE y el Gobierno, que quieren utilizar con la formación morada el argumento de que “algo es mejor que nada”, en recuerdo de la fallida aprobación del decreto del alquiler.

Las instrucciones de Pedro Sánchez se dirigen a suprimir “las partes más lesivas” de la reforma laboral de 2012. En eso están la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y la secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas. Y con ellos, desde el grupo parlamentario socialista, la portavoz y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas. Esas “partes más lesivas” para el Gobierno son la estructura de la negociación colectiva (dándole prevalencia a los convenios sectoriales) o la posibilidad de regular al detalle el control de la jornada laboral. Pero encajar el puzle requerirá que PSOE, Podemos y sindicatos renuncien a parte de sus aspiraciones.

Pensiones sin avance

Merece la pena también un gran pacto sobre las pensiones, según el Gobierno. El Pacto de Toledo se ha reunido este miércoles sin ningún avance; esta comisión, residenciada en el Congreso, lleva más de dos años de trabajo para modificar el sistema de pensiones. “No va como quisiéramos y no estamos en condiciones de decir que habrá pacto, pero ya se ha conseguido mucho sobre pensiones”, apuntan fuentes socialistas de la negociación en alusión a la subida por decreto de las pensiones.

No será fácil este acuerdo pero nadie quiere dar por muerto el Pacto de Toledo, convertido ya en un icono de las políticas de Estado. Todos los partidos proclaman la necesidad de tener un sistema de pensiones sostenible. Aunque cada uno, de momento, tenga su propia visión, incompatible con la de los demás.