La fiscalía rectifica y reconoce como menor a una niña que convirtió en adulta

La fiscalía ha rectificado un decreto con el que convirtió en adulta a una niña marroquí de 16 años. La decisión, tomada a finales de octubre, dejó a la niña en la calle. En el momento en el que se le comunicó su mayoría de edad, la Comunidad de Madrid la sacó del centro de menores donde estaba acogida. “Un educador me dio un abono de metro con tres viajes y la dirección de un albergue [de personas sin hogar]”, contó la niña a EL PAÍS el pasado 1 de noviembre.

La rectificación, con fecha de 3 diciembre, deja sin efecto el decreto anterior y reconoce ahora que Samira, el nombre ficticio que eligió para contar su historia, tiene, efectivamente, 16 años y medio. Es la edad que ella defendió que tenía desde que desembarcó de una patera en Cádiz el pasado mes de julio. Es también la edad que atestiguan su partida de nacimiento y una copia del libro de familia que la madre le envió después desde Marruecos.

El nuevo escrito del ministerio fiscal, que tiene en cuenta ahora sus documentos, también recoge las dudas que arrojan las pruebas a las que se sometió a la menor para decretar su mayoría de edad, una exploración física, una radiogafía de la muñeca y otra del maxilar.

El fiscal convocó al médico forense que elaboró el informe en el que afirmó que la niña tenía 19 años, con un margen de error de 12 meses hacia arriba o hacia abajo. El médico presentó ante el fiscal una nueva evaluación que concluyó que la radiografía del maxilar realizada no puede usarse en este caso para “valorar una edad de maduración superior a los 18 años”. El nuevo informe también mantiene que la prueba radiológica de la muñeca, aunque “permite establecer una edad superior a los 18 años”, arroja un margen de error de 18 meses y no de 12.

Estos exámenes médicos llevan años siendo criticados porque a pesar de su amplio margen de error continuan siendo el principal instrumento para determinar el futuro de los jóvenes migrantes que llegan a España. Si el niño es menor será protegido hasta que cumpla los 18 años, pero si se le considera adulto se enfrentará a la irregularidad y a la posibilidad de ser expulsado a su país.

La rectificación poco común de la fiscalía la provocó Fundación Raíces, dedicada a la defensa de niños y jóvenes en riesgo de exclusión. La noche del 1 de noviembre, cuando supo que la niña no tenía donde dormir, la organización llevó el caso a un juzgado de guardia que obligó a la Comunidad de Madrid a reingresarla inmediatamente en el centro de acogida hasta que se aclarase definitivamente su edad. “El caso de Samira es un claro ejemplo de cómo el sistema de protección a la infancia desprotege a los niños y niñas que nos llegan solos al convertirles en mayores de edad, en el marco de un procedimiento sin garantías”, denuncia Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces.

Samira, que aquella noche en el juzgado lloraba nerviosa sin saber qué pasaría con ella, dice estar “muy contenta” con que hayan reconocido que decía la verdad. La niña, sin embargo, pide que la saquen ya del centro de primera acogida de Hortaleza, donde está desde este verano conviviendo con decenas de niños que duermen en los suelos de los pasillos. “Quiero irme a otro lugar, hay muchísimos problemas allí. Somos tantos que nadie se ocupa de mí”, se queja. La Comunidad de Madrid, que, tras volver a ser declarada menor de edad, solicitó oficialmente la tutela de Samira el 9 de enero, asegura que ya está buscando “un recurso apropiado” para la niña.

El joven maroquí que traduce las palabras de Samira pasó por una situación parecida el año pasado. “Me dejaron en la calle después del decreto del fiscal que decía que era mayor de edad cuando yo tenía 16 años. Si no llego a saber moverme por la ciudad no sé qué habría sido de mi. Ahora un juez ha vuelto a decir que soy menor”, explica el chico. “No puede ser que dependan de una organización como la nuestra para que se defiendan sus derechos”, alerta Reyzábal que también llevó a los tribunales el caso de este joven.

A pesar de las dudas que levanta el protocolo para establecer entre los migrantes quién es y quién no un niño, las fiscalías territoriales abrieron 5.600 expedientes de determinación de edad en España a lo largo de 2017, casi el doble que el año anterior. Un 40% de los interesados fueron declarados adultos y, en consecuencia, se les dejó fuera del sistema de protección.