El Defensor del Pueblo denuncia la expulsión de menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha alertado sobre “un número importante de quejas” relacionadas con expulsiones de inmigrantes que se han ejecutado antes de que un fiscal determine si el interesado era menor o mayor de edad. “Las reiteradas quejas que se reciben, relacionadas con la falta de garantías durante la tramitación del procedimiento de determinación de la edad, preocupan a esta institución”, mantiene en su escrito.

La institución ha hecho la advertencia tras conocer el caso de dos jóvenes que se declararon menores de 18 años pero que, después de someterlos a una prueba radiológica, se fijó una edad ósea de 19 años. La ley exige que tras las pruebas médicas sea el fiscal el que estudie los resultados y decrete la edad del interesado, un trámite que, según el Defensor, no se está cumpliendo.

"Uno que tenía 14 años y cara y cuerpo de niño y el otro manifestaba que tenía 17 años. Lo más curioso es que a los dos les escriben en su expediente la misma fecha de nacimiento, el día de la llegada de la patera, y nacidos en 1999. ¡Qué causalidad que los dos nacieron el mismo día! Ahí se ve la falta de rigor. La saturación por el aumento de trabajo no puede justificar que no se respeten los derechos de los menores", denuncia el abogado de los chicos Ignacio Loring.

La Fiscalía de Málaga, responsable de ambos casos, reconoce que se acordó la repatriación sin que mediase un decreto o cualquier otra comunicación verbal o escrita que permitiese recurrir al interesado, asegura el Defensor. La institución también critica que no se realizaran otros exámenes complementarios como una radiografía de la mandíbula o de la clavícula.

Hasta la comunidad científica reconoce amplios márgenes de error en estas pruebas que determinan el destino de los jóvenes recién llegados. A los inmigrantes menores de edad se les tutela y acoge, pero los adultos, especialmente los marroquíes y argelinos, se enfrentan a un expediente de devolución que solo puede recurrirse si se cumplen los trámites establecidos por ley.

Después de analizar los detalles del proceso, Fernández ha enviado una recomendación a la Fiscal General del Estado para que instruya a los fiscales a dictar los decretos de mayoría de edad antes de que se ejecute la repatriación de inmigrantes sujetos a expedientes de devolución. “Esta interpretación de la fiscalía coloca al presunto menor de edad, incurso en un expediente de devolución, en una situación de evidente indefensión y le priva de facto del acceso al derecho a la tutela judicial efectiva”. La Fiscalía tiene 90 días para responder positiva o negativamente a la recomendación.