Cómo decide el fiscal si un inmigrante es menor o adulto

La Policía le despertó a las siete de la mañana para llevarle al hospital. Malick recuerda que un médico le llamó por su nombre, le agarró de la muñeca y le puso la mano en “una máquina (…). Cuando la vi pensé que era una radiografía, pero ¿por qué?”, cuenta este joven de Guinea Conakry, llegado a España en patera con 17 años y tres meses. Las autoridades judiciales decidieron someterle a una prueba para determinar si era menor, como había declarado tras ser rescatado en aguas de Motril. Las implicaciones son relevantes: un adulto corre el riesgo de ser expulsado; los que todavía no han cumplido los 18 años tienen derecho a ser tutelados por el Estado. “El problema es que no existe ninguna forma de establecer la edad que pretende la administración, que es la cronológica”, zanja José Luis Prieto, médico forense y asesor externo en varios organismos, entre ellos el Defensor del Pueblo.

Prieto no es el único crítico hacia las pruebas de determinación de la edad. ONG, asociaciones humanitarias, el Defensor del Pueblo y los mismos forenses encargados de llevar a cabo los exámenes han denunciado en más de una ocasión su falta de fiabilidad. No solo por el amplio margen de error que conllevan y la escasez de estudios al respecto; también por la ausencia de un protocolo estandardizado que implica que los resultados varíen de manera considerable de una Comunidad Autónoma a otra y que no exista una base de datos común para realizar estudios y evitar que una misma persona pase dos o más veces por las mismas pruebas. El informe que tienen que elaborar los médicos, además, no es vinculante. Es el fiscal quien tiene la última palabra y su decisión no se puede recurrir. En 2016, más de la mitad de los 3.000 inmigrantes que fueron sometidos a las pruebas fueron considerados menores de edad, según la Fiscalía.

El primer escollo, insiste Prieto, es conceptual: los forenses solo pueden “tratar de establecer la edad en términos biológicos”, es decir medir el grado de maduración de un individuo. Por ejemplo, si las articulaciones de la muñeca están cerradas es muy probable que la persona ya sea mayor de edad. Este parámetro tiene correlación con la edad que pide el fiscal, pero está sujeto a un amplio margen de error, de dos años para arriba y dos para abajo. “Estos rangos", además, "no incluyen al 100% de la población; hay un 5% que se queda fuera”, añade el forense.

Lo idóneo sería llevar a cabo diferentes pruebas para llegar al diagnóstico y empezar con una “exploración”, continúa el médico, es decir un examen para determinar talla, peso, complexión, conocer “el historial médico, el relato vital, si (la persona) tiene hermanos, si fue a la escuela, si tiene alguna enfermedad”. También se revisa el desarrollo de los órganos sexuales. Después de este primer análisis, llegan las pruebas más específicas.

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La radiografía del carpo (la articulación de la muñeca) de la mano izquierda es el examen más común. En algunas Comunidades Autónomas también se llevan a cabo radiografías dentales y, en menor medida, de la clavícula. Todas las imágenes obtenidas se comparan con unas bases de datos para determinar si son compatibles con una persona de más o menos de 18 años.

En el despacho de Emilio Donat, en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, hay una vitrina con antiguos instrumentos médicos. “Podrían estar en un museo”, bromea este profesional con 30 años de carrera y seis al frente de la Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid. En su escritorio hay un grueso volumen. Es el atlas de Greulich y Pyle, una de las recopilaciones de radiografías de muñecas más utilizadas por la comunidad médica internacional para determinar la "edad ósea" de un individuo.

Este estudio, explica el forense, data sin embargo de los años cincuenta y tiene como muestra menores caucásicos estadounidenses, de clase media y nacidos a principio del siglo pasado. ¿Es igualmente válido si se compara con las radiografías de un Malick, guineano, negro y nacido en 1999? “Hay variaciones interraciales que son derivadas de multitud de factores, también socioeconómicos. Por ejemplo, estados de malnutrición”, explica Donat. “Tenemos que ser conscientes de que evidentemente eso tiene que conllevar algún tipo de error”. Prieto añade además que estos estudios no se diseñaron para determinar la edad, sino “para estudiar patologías de desarrollo”.

Hace cuatro años, el Tribunal Supremo decretó que estos exámenes no pueden ser sistemáticos, y que la eventual documentación que lleven consigo los inmigrantes prima sobre los resultados de las pruebas. “Sin embargo, en España hemos visto que la práctica ha sido dudar de la veracidad de la documentación”, asegura Catalina Perazzo, responsable de políticas de infancia en Save The Children. Explica que el protocolo de menores extranjeros no acompañados adoptado en 2014, contra el cual la Fundación Raíces ha presentado un recurso, “respaldó de cierta manera” estas actuaciones “en contra de los estándares internacionales”.

“Nunca llegaremos a decir que un sujeto tiene 18 años con los medios que tenemos, porque no podemos hacerlo”, concluye Donat. A Malick le avisaron por la tarde de que el resultado había llegado. "Decía que era menor", cuenta con un castellano incierto. Era la primera radiografía que se hacía en su vida.

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates.