El Supremo deja en un limbo a cientos de mandos policiales al invalidar su título de la Rey Juan Carlos

El Tribunal Supremo ha dejado en un limbo a cientos de mandos del Cuerpo Nacional de Policía —alrededor de 200, según fuentes policiales— al rechazar dar validez al título de “Grado en Criminología” de la Universidad Rey Juan Carlos que utilizaron para acceder a la escala ejecutiva del cuerpo, la que se inicia con el rango de inspector, y para ascender a la escala superior, la cúpula policial, de comisarios y comisarios principales. El alto tribunal confirma una sentencia anterior de la Audiencia Nacional y considera el título de la URJC aportado por un comisario para prosperar en el cuerpo no puede homologarse al título de grado, pese a tener ese mismo nombre, ya que la carga lectiva declarada es muy inferior (60 créditos frente al mínimo de 180) y al no constar las materias cursadas ni el número de horas de cada una de ellas.

La sentencia no anula el título –los policías que lo posean pueden seguir usándolo como mérito donde lo consideren oportuno– pero rechaza que este curso sea equivalente y pueda tener los efectos de un grado universitario válido. El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima el recurso de un miembro del cuerpo, actualmente comisario principal, que utilizó el Grado de la Rey Juan Carlos en el año 2014 para que se le reconociera que su formación era equivalente a la de un licenciado universitario, todo ello al amparo de una normativa del año 2000 ya derogada.

Fuentes de la Dirección General de la Policía afirman que la sentencia solo afecta al comisario principal que recurrió y sostienen que la decisión judicial no pone en duda los títulos de los otros mandos policiales que siguieron es mismo curso. Sin embargo, otras fuentes de Interior consideran que el fallo crea jurisprudencia y que, por tanto, obligará a tomar medidas para salvar el limbo jurídico que abre. Por su parte, la URJC emitió un comunicado en el que insiste en la validez de los estudios impartidos y que los títulos del Grado de Criminología que ha expedido desde que lo creó cumplen los requisitos legales para ser considerados como "legales y válidos". La universidad también critica que el Supremo haya tomado su decisión sin permitirle formar parte del proceso.

La polémica arranca en el periodo 2013-2015, cuando cerca de 200 comisarios y inspectores de la Policía Nacional sin titulación universitaria obtuvieron gracias al cuestionado curso de la URJC el grado universitario que la Administración les exigió, tras un cambio legislativo, para poder optar a puestos de más alta responsabilidad y sueldo en la institución. Uno de ellos fue el comisario cuyo recurso ha provocado la decisión del Tribunal Supremo. La Administración rechazó inicialmente la pretensión del comisario, ya que el llamado Grado en Criminología solo comportaba 60 créditos el equivalente a un curso académico, y, por lo tanto, es “inhábil para completar la formación exigida que permita declarar la equivalencia a una Licenciatura”, que supone 240 créditos. La Audiencia Nacional se negó también a equipararlo a las antiguas diplomaturas, de tres cursos (180 créditos).

Según la sentencia, “el Grado en Criminología expedido por la Universidad Rey Juan Carlos se obtuvo en un periodo corto de tiempo (pocos meses), mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos” y “se trató de un curso organizado por la Universidad Rey Juan Carlos dirigido a Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía para que pudieran obtener un título oficial de Grado”. El fallo añade que, en el caso del comisario recurrente, “no consta la fecha de matrícula en los estudios de Grado en Criminología; la titulación de acceso, especificando el año de obtención de la misma; las materias superadas con indicación de los créditos de cada una de ellas y el curso académico en el que se cursó”.

“El Grado en Criminología que invoca el recurrente por sus concretas circunstancias no es equivalente a una titulación media, luego era inhábil para lograr la equivalencia pretendida con una antigua licenciatura a los efectos de la Orden de 18 de abril de 2000”, señala el Supremo. Y añade: “Tampoco puede considerarse como un nuevo título de Grado” pues “pese a denominarse Grado, no cumple con la carga lectiva exigible para ser tenido como tal”.

El sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP), que emprendió una batalla judicial en la que incluso llevó este asunto a la vía penal con una denuncia que fue archivada, eleva las cifras y calcula que unos 400 mandos de la Policía realizaron esos cursos para poder ascender a comisario. Según ese sindicato, el curso se ofreció en los años 2013 y 2014, hasta que lo paralizó el Ministerio en 2015, y que el coste por alumno fue de 3.000 euros, informa Efe.

Por su parte, Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP, mayoritario entre los agentes), ha asegurado a EL PAÍS que la decisión del Supremo pone de manifiesto "la ausencia de un modelo académico válido que reconozca la formación profesional que adquieren los policías tras realizar cursos de especialización, ascensos policiales y experiencia profesional". Cosío lamenta que la sentencia ponga "en tela de juicio la cualificación de los candidatos y sus nombramientos" e insiste en la urgencia de "la carrera profesional de los policías esté homologada y tutelada por una universidad. Estamos dando una imagen de precariedad realmente injusta para la profesión y para muchos compañeros" concluye el portavoz del SUP.