La Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes
La universidad la considera responsable de un delito de falsificación de documento público
La primera petición de pena contra Cristina Cifuentes ya está sobre la mesa. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha solicitado que se condene a la expresidenta regional a cuatro años de cárcel por el caso máster, según consta en el escrito de conclusiones provisionales que el centro docente ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que procesó el pasado noviembre a la exdirigente del PP. La universidad considera a Cifuentes responsable de un delito de falsificación de documento público por participar en la fabricación del acta del trabajo fin de máster (TFM).
La universidad pide, además, que se imponga a la expresidenta una multa de aproximadamente 4.000 euros y se la inhabilite durante seis años para ocupar un cargo público. "La pena por el delito de falsificación de documento público es de tres a seis años y hemos solicitado cuatro porque consideramos que no es delito continuado", han detallado fuentes de la URJC, que pide la misma pena para los otros tres procesados: el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, epicentro del caso; Teresa Feito, asesora de Cifuentes; y Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta.
La universidad mantiene una tesis similar a la de la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel. Según el centro, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid "dio instrucciones expresas a Teresa Feito" para que "instase" a Álvarez Conde a crear la "documentación necesaria que justificara que Cifuentes había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener el título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".
Cifuentes se encuentra cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Aunque, de momento, solo por falsedad documental, ya que la magistrada archivó la principal línea de investigación —donde mantenía que existía una trama urdida por Álvarez Conde para regalar títulos a políticos— después de que el Tribunal Supremo rechazase abrir un proceso contra el líder del PP, Pablo Casado, al considerar que no había indicios suficientes de que pactase con el catedrático Álvarez Conde. Un sobreseimiento de la causa principal contra Cifuentes que ha recurrido la URJC ante la Audiencia Provincial.
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