El Gobierno sube todos los sueldos públicos

Casi cuatro millones de trabajadores se beneficiarán de los incrementos salariales que el Gobierno ha aprobado este viernes en Barcelona. La subida de los sueldos de los funcionarios públicos un mínimo del 2,25% beneficiará a dos millones y medio de empleados del sector público mientras que el aumento del salario mínimo a 900 euros mensuales repercutirá en los 1,3 millones de personas que según los cálculos del Gobierno cobran menos de esa cantidad. Ambas medidas se han adoptado mediante sendos reales decretos y convierte el penúltimo Consejo de Ministros del año en el de mayor impacto económico e inmediato en los bolsillos de cientos de miles de ciudadanos. La prioridad del Ejecutivo era que entren en vigor "de forma inmediata", según ha recalcado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para que tengan validez lo antes posible y con independencia de la aprobación de los Presupuestos.

Subida del salario mínimo (SMI). Será la más alta de una sola vez desde 1976, aunque en 1977 creció en dos ocasiones (un 15,8% y 13,6%) y la subida agregada fue mayor. Pero entonces en España la inflación estaba disparada y el IPC llegaba a superar de largo el 20%.

Otro ejemplo que puede dar una idea de la magnitud del salto es que este aumento del 22,3% es igual a la subida del SMI entre 2008 y 2018. En esta década, incluyendo las importantes subidas de 2017 y 2018, ha pasado de 600 euros a 735,9 euros al mes.

El anuncio del aumento del SMI formó del acuerdo presupuestario entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El incremento supera con mucho el escenario de subidas que había pactado el Gobierno anterior, el del PP, con los sindicatos y la patronal: un aumento hasta 2020 a 850 euros mensuales (medido siempre en 14 pagas anuales) condicionado a que la economía siguiera creciendo con fuerza.

La ruptura de ese escenario provocó el enfado de la patronal CEOE, que se lo ha reprochado reiteradamente al Gobierno. Esgrimen los empresarios, primero dirigidos por Juan Rosell y ahora por Antonio Garamendi, que la senda del SMI ya estaba pactada y el acuerdo Gobierno-Podemos rompía el diálogo social. También argumentan que ellos en verano habían firmado con los sindicatos CC OO y UGT un acuerdo de negociación colectiva que contempla incrementar los salarios más bajos de los convenios a 1.000 euros mensuales o 14.000 euros al año.

Los sindicatos, en cambio, no se han quejado del aumento. Les incomoda que no se contara con los agentes sociales para decidir la evolución del SMI. Pero también señalan, en respuesta a la CEOE, que si los empresarios hubieran intentado aplicar sinceramente el acuerdo de negociación colectiva desde el primer minuto el aumento normativo no tendría por qué haber llegado.

Pero la reacción más dura contra el aumento del salario mínimo ha llegado desde el Banco de España. El equipo del nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha calculado que este aumento podría costar a la economía española 150.000 empleos. Es el cálculo más abultado, porque la Autoridad Fiscal ha rebajado la cifra a 70.000.

A pesar de estos cálculos, el debate sobre este incremento y sus consecuencias entre economistas ha sido vivo en estos meses. La mayor parte de ellos han admitido que no hay evidencias claras sobre qué puede pasar y que en muchos casos observados hasta ahora no ha tenido casi efectos. No obstante, también señalan que sí puede perjudicar a los empleos menos productivos y, en consecuencia, a quienes se podrían incorporar a estos puestos de trabajo: jóvenes y parados de larga duración.

Aumento del sueldo de los funcionarios a partir del 1 de enero. El presidente del Gobierno adelantó el martes durante una comparecencia en el Senado que este viernes también se aprobaba la subida del salario de los funcionarios del 2,25% para el año que viene. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya se comprometió a esta mejora con los sindicatos el pasado marzo. A este porcentaje se podrá añadir un 0,25% variable ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% de fondos adicionales, que no se destina a todos los empleados públicos y se negociará con las organizaciones sindicales.

"El incremento en aplicable a todas las Administraciones públicas. Con esta subida se reconoce el esfuerzo que hicieron los funcionarios para sacar al país de la crisis. Tras sufrir congelaciones salariales, parece lógico que podamos avanzar en la mejora de los salarios públicos y privados", ha manifestado Batet.

Convocatoria de formación para ocupados de 350 millones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, adelantó esta semana que antes de finalizar el año el Gobierno aprobaría una convocatoria de subvenciones de formación por esta cantidad. De ella, 300 se destinarán a la formación en sectores y los otros 50 millones a programas transversales para empleados de todas las actividades económicas.

Alternativa al carbón. El Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto para la transición justa y la sostenibilidad de las comarcas mineras, que se concentran en Asturias. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha puesto como ejemplo que de los 45.000 mineros que en 1990 había en España quedan 2.000 "a los que hay que proveer de condiciones justas para la transición a otros puestos de trabajo".