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El Banco de España dice que la subida del salario mínimo costará 150.000 empleos

Hernández de Cos pide preservar la seguridad jurídica del sistema hipotecario ante la inminente decisión del Supremo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha criticado este miércoles con dureza la subida planteada del salario mínimo (SMI). El banco ha estimado que el alza del 22% que se pretende aplicar costará un 0,8% del empleo, esto es, unos 150.000 puestos de trabajo. "El incremento del salario mínimo en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas. Ninguna de un 22%. Y este impacto limitado se derivaba de que el colectivo afectado era pequeño. Los efectos podrían incluso no ser lineales. No vayamos a lograr lo contrario de lo que pretendíamos y reduzcamos el empleo de aquellos a los que se quería ayudar, los jóvenes", ha declarado el gobernador.

En su primera comparecencia en el Congreso, Hernández de Cos ha puesto especial énfasis en el aumento del salario mínimo: "La evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas del SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía".

Y ha destacado que, por encima de todo, su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo es "muy significativo en determinados colectivos como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación". Precisamente los grupos con tasas de paro muy elevadas y unos niveles de productividad por debajo del promedio, ha apuntado.

"El nivel del SMI debería diseñarse, por tanto, teniendo en cuenta la productividad de los trabajadores afectados y su grado de empleabilidad si se quieren evitar efectos no deseados en la forma de pérdida de empleo y aumento de la desigualdad", ha explicado.

El gobernador no ha dado cifras concretas del golpe a la ocupación. Pero se puede calcular fácilmente la cantidad a partir del 0,8% de los 19,5 millones de ocupados que hay: unos 150.000. Estas afirmaciones del gobernador se basan en los efectos observados por la subida de los salarios mínimos aprobadas en 2017 y 2018, del 8% y 4% respectivamente. La que plantea el Gobierno para el año que viene es del 22,3%, lo que lo dejaría en 900 euros mensuales en 14 pagas al año. La ministra de Economía, Nadia Calviño, había defendido que la literatura sobre estas subidas era mixta y, en cualquier caso, no arrojaba resultados concluyentes. Por otra parte, la Autoridad Fiscal había calculado la semana pasada que se dejarían de crear unos 40.000 trabajos. 

Para atajar los problemas de los grupos más vulnerables en el empleo, el gobernador ha recomendado más bien que se ataje la excesiva temporalidad y el abuso de la rotación en los puestos de trabajo.

Seguridad jurídica

En relación a la sentencia del Supremo sobre el pago en las hipotecas del impuesto de actos jurídicos documentados, Hernández de Cos ha pedido que se le permita esperar a la decisión del próximo día 5. "Solo voy a decir que el sistema hipotecario es muy importante para la economía española, para acceder a la vivienda y para las entidades financieras, y es fundamental preservar la seguridad jurídica", ha dicho. O traducido para el gran público: en el fondo, el gobernador parece estar pidiendo que no se haga retroactivo el pago del tributo.

En general, Hernandez de Cos ha pedido a los diputados que no se reviertan las reformas. Y ha reclamado que se aproveche el buen momento de la economía para continuar con ellas y "ganar margen de maniobra presupuestario para afrontar situaciones cíclicas adversas". A pesar de que se han corregido muchos desequilibrios, la deuda pública y exterior siguen siendo muy elevadas, ha advertido. El paro estructural sigue siendo muy alto. El consumo de las familias permanece por encima del incremento de sus rentas. Y ha recordado que los vientos de cola que empujaron la actividad se están agotando: las condiciones financieras no van a ser tan acomodaticias; el petróleo se ha encarecido; se está desacelerando el entorno exterior más rápidamente de lo esperado, y a estas alturas hay poco margen para seguir teniendo impulsos con la política fiscal. Además, ha indicado que existen riesgos como la fragmentación parlamentaria en España, la incertidumbre alrededor de Italia, el proteccionismo o el Brexit.

Disciplina fiscal

"Por tanto, resulta prioritario retomar el proceso de consolidación fiscal, que permita la reducción progresiva de la ratio de deuda pública sobre PIB y del déficit estructural", ha conminado Hernández de Cos. Lo que puede interpretarse como una petición al Gobierno de que mantenga la disciplina fiscal en un momento en el que se desconoce exactamente cómo terminará dibujando los Presupuestos de 2019. Al ser preguntado por el plan presupuestario del Ejecutivo, el gobernador ha alegado que no dispone de información suficiente para hacer un análisis riguroso.

A fin de asegurar esa sostenibilidad de las finanzas públicas, ha recalcado que es esencial atajar el envejecimiento de la población. Las anteriores reformas de pensiones de 2011 y 2013 favorecían una corrección gradual del déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, según ha afirmado, los últimos desarrollos legislativos parecen ir "en la dirección de relajar la aplicación de los mecanismos actuales de reequilibrio".  Y ha destacado que la vuelta a revalorizar las prestaciones con la inflación generaría un incremento del gasto público superior a 3 puntos del PIB en el año 2050. En esas circunstancias, "garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá, por tanto, incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos", ha concluido.

Dos días antes de los test de estrés de la banca, el gobernador ha enumerado los retos de las entidades: ganar en rentabilidad, reducir los activos deteriorados con la crisis, hacer frente a un marco regulatorio más exigente y la competencia de otros agentes como las fintech (las financieras tecnológicas). Una vez más ha hecho hincapié en que los niveles de capital de los bancos españoles son menores que los de los sistemas bancarios de la eurozona, "lo que subraya la necesidad de que las entidades refuercen sus niveles de capital". Y ha confiado en que los resultados de las pruebas de esfuerzo serán positivas.

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