Las dos caras del alza de los sueldos más bajos

"Hace poco se me estropeó el móvil. Arreglé uno viejo que tenía. No podía comprar otro", responde Raúl Calderón cuando se le pregunta cómo hace para afrontar un gasto extraordinario imprevisto. Este repartidor de comida a domicilio, asalariado —en el mercado laboral actual conviene aclararlo—, gana al mes 750 euros limpios y vive en un piso por el que paga 650 euros con dos compañeros, en Ciudad Lineal (Madrid). "No paso hambre por suerte, pero no puedo ahorrar", lamenta. Que se refiera a la suerte no tiene un ápice de ironía, salvo que sea amarga, dado el precio de la vivienda en Madrid y la velocidad a la que crece.

Para Raúl, la subida del SMI es una buena noticia. "Un plus de ingresos siempre viene bien". Pero sabe que va a tener que pelearla. Su empresa no le aplica las dos anteriores. "Contabiliza un plus de transporte, que no debería contar para el salario mínimo, y así no lo actualiza", se queja. No quiere dar el nombre de la empresa porque él, delegado de CC OO, está negociando la aplicación de las subidas de 2017 y 2018. Prefiere esperar a ver el desenlace.

No es casual que Raúl sea representante sindical. Tampoco lo es que lo sea Lourdes Palo, por UGT, en la residencia privada en la que trabaja en Salamanca. Están más protegidos que sus compañeros. El temor a hablar dando el nombre, el horario irregular dictado de forma unilateral por la empresa, la jornada parcial no deseada...en definitiva, la precariedad contada de diferentes formas es común entre quienes cobran un salario entre el mínimo actual (735,9 euros brutos al mes) y el de 2019 (900).

Lourdes gana unos 625 euros al mes por trabajar 28 horas a la semana: "En mi centro, nadie tiene una jornada completa". Si la tuviera, percibiría 893 euros, el sueldo de limpiadoras del convenio sectorial.

Opina que, con la subida, "se quedan un poco cortos". "Las familias tienen hijos y cuesta llegar a fin de mes", argumenta. Ella tiene dos, en edad de estudiar. Y lo mismo piensa Ángeles, una limpiadora de habitaciones hotel, una kelly, que ganaba 800 euros hasta que perdió su trabajo hace poco, "al reclamar mis derechos". Con ese dinero, no llega a fin de mes. Vive sola en un piso por el que paga 650 euros. "Tengo hermanos que me ayudan", aclara cuando explica cómo se las apaña.

Cuando se anunció que el salario mínimo iba a subir a 900 euros al mes, en el despacho y asesoría fiscal y laboral de Susana Romero, en Jerez, hicieron números. Les iba a costar casi 5.000 euros más al año entre sueldos y cotizaciones. Esa subida de costes llega de empleadas afectadas por la medida: una cobra más pero hay efecto arrastre; la otra está en prácticas hasta final de año.

"No sé qué haremos. Igual resolvemos el contrato de la chica en prácticas o la contratamos media jornada. Esto último es lo más normal. El salario y el coste de la graduada social lo asumiremos...", reflexiona. Resume así riesgos que advierten los economistas críticos con un aumento fuerte del salario mínimo: problemas para jóvenes y más empleo a tiempo parcial.

"Mi problema es que los recursos están limitados. 600 ó 700 euros al mes puede parecer una porquería. No me van a arruinar, pero no son 100 ó 200. Y tengo que pagar hipoteca, gastos (electricidad, Internet), renting de la fotocopiadora, teléfono...", suma.

Las pequeñas empresas tendrán más difícil asumir el aumento del SMI. Tampoco será fácil para las que tengan conciertos con la Administración. Es el caso del grupo Casablanca, con ocho residencias, varias concertadas, y un centro de atención a mayores, unos 500 trabajadores y 20 millones de ingresos. "Trabajamos con precios constantes que no podemos subir. Asumiremos el coste, pero deberíamos poder repercutirlo", pide el dueño, Ignacio Fernández. Él se alinea con quienes creen que hay que subir sueldos, dice, pero reclama que "no se analicen los problemas viendo solo una parte".

Fernández explica que sectores como el suyo, donde el coste laboral supone el 90% del gasto y no hay mucho margen de beneficio, que suelen contratar con la Administración, están atrapados entre las normas de la contratación y los conciertos públicos —para ganar el concurso es decisivo y la ley de desindexación prohíbe repercutir los aumentos salariales— y el aumento del salario mínimo. En el convenio de dependencia, cuatro de casi 30 categorías tienen un salario de 893 euros mensuales.

"El problema será mayor en 2020 si sube a 1.000 como han dicho. Frenará inversiones y nuevas contrataciones", añade.