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El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de un desvío millonario por el referéndum del 1 de octubre

La exministra de Justicia con Aznar, Margarita Mariscal de Gante, que también investigó a Artur Mas, se hace cargo de la instrucción

Desde la izquierda: Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull llegan a la reunión del consejo ejecutivo del Gobierno de la Generalitat en agosto de 2017.
Desde la izquierda: Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull llegan a la reunión del consejo ejecutivo del Gobierno de la Generalitat en agosto de 2017. EL PAÍS

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha acusado al Gobierno del expresidente Carles Puigdemont de un desvío millonario de fondos públicos para sufragar la campaña y demás actos que concluyeron con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Torres ha elevado al órgano fiscalizador de las cuentas públicas una demanda (que ocupa medio centenar de folios) en la que imputa el citado desfalco a un total de 17 altos cargos del Gobierno de Puigdemont.

Aunque fugado en Bélgica, la demanda sitúa al expresidente Puigdemont como principal responsable del desvío de fondos públicos para el 1 de octubre

Aunque por ahora no se ha fijado una cifra definitiva, las partidas citadas en la demanda (incluida la actividad de las embajadas de la Generalitat en distintos países) indican que la cantidad puede superar en mucho la fijada por la fiscalía en el juicio del procés, que asciende a 3,9 millones de euros. El dinero, destaca el fiscal, fue destinado ilícitamente a conseguir la independencia de Cataluña de España.

Hace poco más de un año, el Ministerio de Hacienda denunció ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas al destituido Gobierno de la Generalitat, que presidía Carles Puigdemont, y a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural por emplear dinero público para financiar actividades destinadas a la organización del referéndum ilegal. Hacienda reclamaba a la fiscalía que calculase "los daños causados al erario público" para poder reclamar esos fondos a los miembros del Govern destituido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque fugado en Bélgica, la demanda sitúa al expresidente Puigdemont como principal responsable del desvío de fondos públicos. También va dirigida contra su exvicepresidente y consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners, así como contra el resto de miembros de su Gobierno, que fue el que aprobó en distintas reuniones la salida del dinero para el procés y el referéndum del 1 de octubre, según la fiscalía del Tribunal de Cuentas.

El fiscal considera que el desvío de dinero para este referéndum 1-0 superará ampliamente la cantidad fijada en el juicio del procés y que podría llegar a los ocho o diez millones de euros. La razón, recalca, es que aún se están investigando las partidas que, camufladas como actividades culturales, destinaron al referéndum las embajadas que la Generalitat posee en el extranjero. La mayoría del dinero se invirtió en publicitar el secesionismo dentro y fuera de España.

Mariscal de Gante instruirá las diligencias y, como medida cautelar, tal como hizo con el expresidente Mas, puede ordenar en cuestión de semanas el embargo preventivo de los bienes de los 17 demandados

El Tribunal de Cuentas, tras recibir la demanda del fiscal, ha designado como instructora de las diligencias (le ha tocado por turno de reparto) sobre estos supuestos pagos ilegales a su consejera Margarita Mariscal de Gante, quien fuera la primera ministra de Justicia de José María Aznar y que fue también quien investigó el dinero desviado por el Govern de Artur Mas para financiar el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Ambos comicios se celebraron pese a que habían sido declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Mas y varios de sus consejeros fueron condenados por el Tribunal de Cuentas en noviembre pasado a devolver a las arcas públicas los 4,9 millones de euros empleados en el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Mas ha llegado a pedir públicamente ayuda económica para pagar el dinero que le reclama el Tribunal de Cuentas y levantar el embargo que pesa sobre su vivienda de Barcelona.

Mariscal de Gante instruirá las diligencias y, como medida cautelar, tal como hizo con el expresidente Mas, puede ordenar en cuestión de semanas el embargo preventivo de los bienes de los demandados hasta reunir esa cantidad, cuyo pago es solidario. Es decir, que si algún demandado, o varios, carecen de bienes, los otros responderán por ellos hasta completar el dinero desfalcado al erario público. El Tribunal de Cuentas dará traslado de la demanda del fiscal a la Abogacía del Estado y a la propia Generalitat, como perjudicada por este supuesto desvío de dinero, para que se personen en las diligencias si lo estiman conveniente.

Entre los demandados, aparte de Puigdemont, figuran todos los miembros de su Gobierno, incluidos los que ahora se hallan presos (Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull o Jordi Turull). El fiscal ha apartado de la demanda, en cambio, por no tener la consideración de cargos públicos, al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. También está excluida de la demanda la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que también se halla presa, al igual que Cuixart y Sánchez.

Igualmente figuran entre los demandados el fugado Antoni Comín, exconsejero de Sanidad, Jordi Baiget, de Empresa, Carles Mundó, de Justicia, y Santiago Vila, quien también formó parte del Gobierno de Puigdemont pese a que en última instancia se desmarcó de la vía unilateral para conseguir la independencia que abanderaron Puigdemont y Junqueras. La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, también figura entre las demandadas por el fiscal. Ella es quien debe velar por el buen uso del dinero público.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se aporte a las diligencias una copia del sumario que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en relación con el proceso separatista y del que, por su lado, ya ha tramitado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En las diligencias de Llarena, el dinero declarado malversado se acerca a los cuatro millones de euros, menos de la mitad de lo descubierto por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

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