Hacienda denuncia al Govern destituido, ANC y Òmnium por los gastos del referéndum ilegal

Durante meses Hacienda insistió en garantizar que no se iba a destinar ni un euro de dinero público a “veleidades independentistas”, como definía el ministro Cristóbal Montoro el desafío independentista hace unos meses. Este Departamento trató por todos los medios de controlar las cuentas de la Generalitat. De hecho, llegó a intervenir sus finanzas a mediados del pasado septiembre. Sin embargo, la consulta ilegal se celebró con la colaboración del Gabinete del ex presidente catalán Carles Puigdemenont y el respaldo de asociaciones pro independentistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Hacienda ha denunciado ahora ante el Tribunal de Cuentas el supuesto uso de dinero público por parte de la Generalitat para la consulta ilegal. Además, reclama al organismo fiscalizador que calcule cuánto dinero público se ha perdido en estas actividades ilegales para exigir las “indemnizaciones procedentes” a los responsables. Entre ellos señala a los miembros del Govern destituido y a ANC y Òmnium.

Ese es básicamente el contenido de la carta de 23 folios que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, envió el pasado 20 de octubre a la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que “denuncia la utilización de dinero público en el referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña”. El secretario de Estado más político del ministerio de Montoro reclama a la fiscalía que se identifique al anterior Gobierno de Cataluña “como responsable de los daños causados al erario público”. Y pide que se le “reclamen las indemnizaciones procedentes”.

Malversación

Otra de las solicitudes de Fernández Moya tiene que ver con el papel que jugaron ANC y Òmnium en la organización de la consulta ilegal, en el que llegaron a repartir más de un millón de papeletas, recuerda. Por eso, reclama que se insten a las mismas a que detallen “la financiación con origen público y el destino empleado con la misma”. Detrás de todas estas peticiones se esconde un presunto delito por malversación de fondos públicos.

Precisamente este delito en relación al 1-O ya se investiga en tres procedimientos judiciales distintos. Uno, el de la Audiencia Nacional, que ha enviado a prisión a ocho exconsejeros del Gobierno catalán. Dos, el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les mantiene imputados y que previsiblemente se acumulará en la Audiencia. Y tres, el que mantiene abierto el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra altos cargos del Ejecutivo catalán.

Esa última causa —que está abierta desde febrero y es la más avanzada— investiga tanto la organización del referéndum como la creación de las estructuras de Estado. El pasado 20 de septiembre, el juez ordenó entradas y registros en departamentos de la Generalitat y pidió a la Guardia Civil que localizasen y entregasen cualquier documentación relacionada con dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones y que, según el juez, pudieron utilizarse para organizar la consulta. Recientemente, y tras levantar el secreto de sumario, el juez pidió al Govern que desglose el coste del 1-O —incluidos actos de campaña y la estancia de observadores internacionales— y que detalle a qué partida y a qué departamento se cargaron esos gastos.

17 requerimientos de Hacienda

El relato que hace Fernández Moya repasa todos las actuaciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña y el anterior Ejecutivo catalán desde las últimas elecciones autonómicas, en otoño de 2015, hasta la celebración de la consulta anulada por el Constitucional. Hacienda trata de probar el uso de medios públicos para la organización del referéndum. Desde la presentación de las urnas, la disposición de los colegios electorales, la campaña institucional en medios de comunicación como TV3 o Catalunya Radio, hasta los medios informáticos o las aplicaciones móviles, según el preciso escrito de Hacienda.

Para evitar todas estas actuaciones, el ministerio envió 17 requerimientos de información a la Generalitat desde mediados de julio hasta el pasado 9 de octubre. Las respuestas se consideraron incompletas o insatisfactorias. Por eso, Hacienda admite que existe la “certeza sobre el ánimo doloso en la ejecución de una actuación ilegal empleando por parte del Gobierno de Cataluña y de las asociaciones ANC y Òmnium”. Pero, al tiempo, admite que “su cuantificación no resulta posible por el ánimo de ocultación”.