El cese del Govern frena otra vez los principales proyectos de la Generalitat

Cataluña acabó de forma abrupta la legislatura la semana anterior y lo hizo antes de tiempo por tercera vez consecutiva. A los adelantos electorales de 2012 y 2015 decididos por el entonces presidente Artur Mas se suma el acordado ahora por el Gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución. Más allá de las heridas políticas que acarrea la nueva situación los departamentos de la Generalitat han dejado otra vez a medias infinidad de proyectos para el día a día de los ciudadanos. En el plano parlamentario solo se han aprobado la mitad de las 45 leyes prometidas al iniciar la legislatura.

Economía y Hacienda. 

El ex vicepresidente Oriol Junqueras tenía dos prioridades para esta legislatura, relacionadas con el desarrollo de las llamadas estructuras de Estado. La primera, el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña, que le faltaba mucho recorrido para agotar las competencias que le otorga el Estatut. El gobierno cesado quiso desarrollarla hasta el máximo que le permitía la ley, duplicando su plantilla, desarrollando una nueva plataforma informática y quedándose funciones que había delegado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Colegio de Registradores. La otra gran tarea era convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en una banca pública, como exigía la CUP. Pero la legislatura se agotó sin que la institución obtuviera la ficha bancaria necesaria.

Junqueras fue cesado sin haber dado la orden de poner en marcha los Presupuestos para 2018. Después de que el año pasado la Generalitat lograra drenar el déficit hasta dejarlo en el 0,93% del Producto Interior Bruto (PIB), solo 0,23 décimas por encima de lo fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el exvicepresident decidió no dar la orden a sus técnicos para que empezaran a elaborar las cuentas para el 2018, según puede verse en la página web de los Presupuestos. El referéndum del 1 de octubre paralizó la elaboración de esa ley y abocó a Cataluña a otra prórroga, con independencia de cuál fuera el escenario que arrojara la consulta.

Empresa y Conocimiento.

En los últimos meses, este ha sido uno de los departamentos más convulsos. Al frente de la consejería estuvieron Jordi Baiget y Santi Vila, que tuvieron que dejar el cargo por sus discrepancias con el rumbo del proceso independentista. A pesar de que se pudo sacar adelante el Pacto por la Industria, Empresa vuelve a dejar pendiente por segunda legislatura consecutiva uno de los mayores retos de la Generalitat: poner orden a la economía colaborativa y adaptarla a la regulación de la UE. La implementación de la ley contra la pobreza energética tampoco se pudo completar. Si bien el texto vigente impide los cortes a las familias que tienen certificada su vulnerabilidad, no se pudo llegar a un acuerdo con las eléctricas para que ayuden a pagar las facturas de los pobres energéticos.

Enseñanza.

Este departamento también vivió un cambio por culpa del proceso independentista. El gran logro de Meritxell Ruiz, la primera consejera, fue mejorar sustancialmente la partida educativa en el único presupuesto que aprobó Puigdemont. Aunque no lo hizo sola. De hecho, fue necesaria la intervención de toda la comunidad educativa y la amenaza de la CUP de no apoyar los presupuestos si no se inyectaban 140 millones más en enseñanza. Este montante permitió iniciar el curso 2017-2018 revirtiendo los recortes en profesores. Ruiz también ultimó el decreto de la escuela inclusiva y reforzó las becas comedor. Le quedó pendiente, entre otras medidas, sacar adelante el controvertido decreto de comedores. Clara Ponsatí, su sucesora desde el pasado julio, no tuvo tiempo más que de participar como anfitriona en la presentación de proyectos y medidas tomadas por el equipo de Ruiz. Y poner al servicio de la consulta del 1 de octubre la estructura del departamento.

Sanidad

El plan de Toni Comín se centró en deshacer o rediseñar los planes más controvertidos de su antecesor, Boi Ruiz, y desprivatizar servicios, como la atención domiciliaria urgente. Una de sus grandes medidas, que él mismo denominó “la mayor desprivatización del sistema sanitario” fue no renovar el contrato de actividad en la red pública a un hospital con ánimo de lucro (la Clínica del Vallès) y reducir el contrato con otro, el hospital General de Cataluña, al que incluso se propuso comprar.

Comín también sacó adelante la ley de universalización sanitaria, que devolvía el acceso gratuito a la sanidad a todas las personas empadronadas en Cataluña, un derecho fulminado en 2012 por el gobierno de Rajoy a través de un Real Decreto que limitaba el acceso a la sanidad pública a los que estaban dados de alta en la Seguridad Social.

En el aire quedan la propuesta de comprar el Hospital General de Cataluña o el éxito de la candidatura de Barcelona para albergar la Agencia Europea de Medicamento. El Consejo de Europa lo decidirá el 20 de noviembre.

Cultura

El exconsejero Lluís Puig se estrenó en la cartera de Cultura con la anulación por el Tribunal Supremo (TS) de la tasa de financiación del audiovisual que había generado 33 millones desde 2015. Es sus escasos cuatro meses, Puig sacó adelante pocos temas, entre ellos el Plan de Museos, enquistado desde tiempos de Ferran Mascarell y que reconoció que había dejado ultimado su predecesor Santi Vila que abandonó el puesto en julio tras ser nombrado responsable de Empresa. Vila había presentado un Plan de lectura 2020, un Plan Nacional de Danza, además de dejar el camino abierto para que Icat volviera a la FM a partir de septiembre.

Vila y Puig siguen unidos por la polémica de los bienes de Sijena. En julio de 2016 se entregaron 53 de los 97 bienes que reclama Aragón, pero sigue el pleito por el resto y por las pinturas de la sala capitular que se exponen en el MNAC. El 26 de octubre la fiscalía del TS pidió investigarlos a ambos.

Interior

Fue otro de los departamentos que cambió de titular ante las dudas por la vía secesionista. Paradójicamente, el Gobierno más independentista logró lo que nadie había conseguido en ocho años: reunir la Junta de Seguridad de Cataluña. El encuentro fue el 10 de julio, y se acordó que los Mossos se integren en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y estén de forma permanente y no solo como invitados en la mesa de evaluación de la amenaza terrorista. También se arrancó el compromiso de que se estudiará la entrada de la policía catalana en Europol, una de las reclamaciones históricas de Mossos. También se logró la convocatoria de una nueva promoción de 500 mossos y 153 bomberos, después de seis años sin convocatoria. Aunque hubo algunos rifirrafes con Hacienda, se consiguió finalmente aprobar el nuevo concurso.

Al consejero Jordi Jané se le quedó encima de la mesa la reducción de los accidentes de tráfico y el gran proyecto de la creación de la Policía de Cataluña: una especie de cuerpo policial formado por Mossos y todas las policías locales, con algunos criterios de unificación. Joaquim Forn, su sucesor, tuvo que enfrentar el atentado terrorista de agosto en Barcelona, que supuso el reconocimiento internacional al trabajo de los Mossos.

Agricultura

En los discursos de la ex consejera Mertixell Serret abundaban las referencias a la necesidad de acercar a las mujeres y a los jóvenes al campo con el fin de que el negocio agrícola catalán gane competitividad y presencia internacional. Pero tuvo escaso éxito a la hora de lidiar con los conflictos del sector. Es el caso de las pérdidas que han sufrido los productores por la caída de precios de la fruta dulce o las demandas para lograr un reparto de los fondos agrícolas europeos más ventajoso para Cataluña.

Territorio

Josep Rull accedió al despacho avisando de que la época de paños calientes, como la que se vivió entre su antecesor Santi Vila y la ministra de Fomento Ana Pastor, quedaba atrás y que él sería “una pesadilla” para Adif y Renfe. En realidad, el desbarajuste de Rodalies apenas ha mejorado y el Corredor del Mediterráneo es una lejanía. Rull impulsó la restricción del tráfico en el área metropolitana pero no desempantanó los conflictos en la N-340, la N-240 o la C-55. Rull también fue señalado por el Ayuntamiento de Barcelona y acusado de no asumir su responsabilidad en la construcción de la línea 9 y 10 del metro.