Societat Civil Catalana pide al Tribunal de Cuentas que Puigdemont devuelva los gastos del 1-O

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han pedido al Tribunal de Cuentas que reclame cerca de dos millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su Govern por los gastos del 1-O y otros 87 millones por el coste de enviar a la policía a impedir la votación. En un escrito, ambas entidades piden al Tribunal de Cuentas que abra un procedimiento para que Puigdemont y sus exconsellers devuelvan el dinero destinado al referéndum, un gasto que consideran "ilícito" dado que el 1-O había sido anulado por el Tribunal Constitucional.

En su escrito, ambas entidades consideran que Puigdemont y sus exconsellers causaron un "menoscabo" de cerca de dos millones a la Generalitat por la organización del 1-O y ha perjudicado además a las arcas de la administración del Estado por los gastos del "desplazamiento, manutención y estancia" de los guardias civiles y policías destinados a Cataluña para impedir la votación.

Hace apenas un mes, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los casi 5 millones de euros gastados en la consulta soberanista del 9-N, en un proceso que también impulsaron Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

En mayo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro reveló que su departamento había remitido cinco escritos al Tribunal de Cuentas para denunciar presuntas irregularidades en pagos relacionados con el referéndum del 1-O, suspendido por el Constitucional.

En su escrito, los denunciantes cifran en cerca de dos millones de euros, como mínimo, los gastos destinado a pagar el referéndum del 1-O, a los que se deberían sumar los costes de los recursos informáticos movilizados para la organización de la consulta, que, añaden, no se han podido cuantificar por el momento.

Según SCC y Abogados Catalanes, los exmiembros del Govern deberían devolver a la Generalitat los 900.000 euros en que han sido valorados pericialmente los gastos de puesta en marcha de los 2.259 locales que se prepararon para acoger las urnas de la votación.

A esa cantidad suman los denunciantes los gastos de las campañas de publicidad institucional, en los que incluyen 127.810 euros por la publicación de una conferencia sobre el 1-O en medios internacionales, así como el de la campaña de registro de residentes en el exterior y del anuncio del referéndum, de 269.196 y 336.143, respectivamente.

Por los gastos de papeletas y citaciones electorales que supuestamente el Govern encargó a Unipost, los denunciantes reclaman 979.661 euros y consideran que el hecho de que esas facturas fueran posteriormente anuladas no impide "que el crédito de la empresa contra el erario público exista".

Además, el escrito pide al Tribunal de Cuentas que obligue al Govern de Puigdemont a pagar 38.431 euros por los gastos de cartelería del referéndum y al menos 280.645 euros por la inversión en acción exterior desarrollada por el ejecutivo catalán para promover las tesis independentistas internacionalmente.

Otra de las partidas que los denunciantes creen debería pagar el Govern es la de la "operación Copérnico", que implicó desplazar a Cataluña a 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, añade el escrito.

Concretamente, los denunciantes estiman en 87 millones de euros los gastos de la operación —tal y como detalló en el Senado el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido—, la mayoría (43,3 millones) correspondientes a las dietas de los agentes, a los que se sumaron los 26,5 derivados de los gastos de los ferris en que se alojaron.