La Fiscalía asegura que no se ha accedido a los teléfonos de los periodistas de Palma

La Fiscalía Anticorrupción, que avaló la orden judicial dictada por un juez de Palma de requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas, asegura que los dispositivos no han sido utilizados en la investigación, pero deja la puerta abierta a hacerlo. En una nota, el Ministerio Público justificó este maiércoles la intervención de los teléfonos y ordenadores en la necesidad de preservar la prueba de un presunto delito de revelación de secretos por el que están detenidos dos policías.

Ocho días ha tardado la Fiscalía en explicar por qué avaló la orden dictada el 11 de diciembre por el juez de Palma Miquel Florit de requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas que cubren habitualmente información sobre tribunales. La medida perseguía, supuestamente, aclarar el origen de la filtración de un informe en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma.

 La Fiscalía Anticorrupción rechazó la semana pasada explicar las razones de su decisión, que ha recibido duras críticas de juristas, periodistas y políticos que consideran que vulnera el derecho a la protección de las fuentes de los informadores, recogido en la Constitución. Este miércoles, tras la detención el martes de dos policías acusados de un presunto delito de revelación de secretos, el ministerio público difundió una nota en la que trata de justificar la decisión y despejar algunas de las dudas que había suscitado.

Según esta versión, la intervención de teléfonos “no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información” de los periodistas. El ministerio público asegura que estas fuentes “ya eran conocidas por otras vías de investigación, como demuestran las detenciones practicadas”. De lo que se trata, alega, era de garantizar “el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito”, según autoriza el artículo 588 bis a 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, preservar las pruebas del presunto delito de revelación de secretos del que se acusa a los policías.

Según Anticorrupción, los dispositivos de los periodistas no han sido abiertos, aunque los teléfonos y ordenadores siguen bajo custodia policial y no cierra la puerta a que sean utilizados más adelante. “En caso de ser necesario” acceder al contenido de los móviles, señala la fiscalía, se hará, aunque se pondría previamente en conocimiento de los dos periodistas.

Reforma legal

El artículo de la ley en la que se basa la medida fue introducido en 2015 en una reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para “el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”. El texto avala el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de la información mediante una autorización judicial “dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”. El punto 4, el referido por la fiscalía, establece que “en aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad” solo podrá acordarse la medida bajo dos supuestos: cuando no estén a disposición de la investigación “otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado”; o “cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida”. Ninguno de los dos periodistas afectados está investigado o encausado, por lo que la orden judicial solo puede ampararse en el segundo supuesto.

La decisión sigue levantando críticas. La plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad del Consejo de Europa lanzó el martes una alerta por la incautación de los dispositivos de los dos informadores de Palma. El texto ha sido elaborado por la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización Index on Censorship, que defienden el trabajo informativo y la libertad de expresión.

La alerta incluye un informe de la organización Mapping Media Freedom que denuncia violaciones de derechos y censura contra periodistas en Europa. La plataforma espera una respuesta por parte del Gobierno español y recuerda que los reporteros a los que se les requisaron sus herramientas de trabajo se negaron a entregarlas voluntariamente.

La plataforma del Consejo de Europa ha lanzado 507 alertas desde 2015, de las que casi la mitad han sido respondidas o resueltas por el país afectado. La mayoría están referidas a atentados contra la seguridad e integridad física de los profesionales de la información o a episodios de arrestos e ingresos en prisión. Turquía y Rusia encabezan el número de alertas, mientras que España ha recibido 14.