Detenidos dos agentes de la Policía Nacional por revelación de secretos del ‘caso Cursach’
Ambos han quedado en libertad con cargos a la espera de que presten declaración ante el juez
El exjefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares y un agente han sido arrestados este martes acusados de un presunto delito continuado de revelación de secretos en el caso Cursach, según han confirmado fuentes policiales. El arresto ha tenido lugar en la sede de la jefatura superior de Policía de Palma por parte de un grupo de agentes del departamento de asuntos internos y por orden del juez Miquel Florit, que investiga bajo secreto las filtraciones del sumario de ese caso de corrupción.
Ambos arrestados han quedado finalmente en libertad con cargos a la espera de que presten declaración ante el juez. El juez investiga desde el pasado mes de julio la filtración de documentos tras las reiteradas quejas de las defensas de los principales investigados. En el marco de actuaciones derivadas de esta pieza secreta, el magistrado ordenó hace una semana la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Kiko Mestre, para averiguar la fuente de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo que dirigía el detenido y que apuntaba a la comisión de un fraude de hasta 65 millones de euros por parte de las empresas del grupo Cursach.
Uno de los arrestados dirigió durante años el grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, que sufrió un importante revés hace unos meses coincidiendo con la recusación del anterior magistrado, Manuel Penalva, con el que habían trabajado de forma estrecha. El grupo fue desmantelado y el entonces jefe del equipo solicitó su marcha del departamento y fue destinado al grupo de delitos informáticos. Algunos de los agentes que formaban parte de él fueron trasladados a otras comisarías, a destinos fuera de Baleares o arrinconados en departamentos menos relevantes. El segundo detenido trabaja ahora en la oficina de denuncias.
La búsqueda de la fuente de las filtraciones llevó al magistrado instructor a dictar una medida insólita. Ordenó el decomiso de los teléfonos móviles y los ordenadores de dos periodistas para averiguar la identidad de la fuente que filtró el informe sobre los delitos fiscales de las empresas de Cursach. Una iniciativa que provocó una avalancha de condenas al proceder del magistrado, que actuó con el aval de la fiscalía anticorrupción que apoyó la incautación de los teléfonos.
Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite una querella presentada por los dos medios de comunicación afectados y los dos periodistas contra el juez Miquel Florit, que será investigado por presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas. La sala ha designado a la magistrada Felisa Vidal como instructora y ha decretado el secreto de las actuaciones.
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