Los verdaderos móviles del ‘caso Cursach’

Amenazas a testigos, fiestas privadas para policías, manifestaciones contra un juez y un fiscal, seguimientos nocturnos, peleas intestinas entre grupos de la Policía Nacional, pinchazos telefónicos, palizas en la cárcel, denuncias cruzadas, armas, negocios millonarios y un juez apartado. La lista de elementos podría seguir engordando con conceptos más propios de una novela de Don Winslow que de una investigación judicial como la abierta hace cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Esta semana ha sumado un nuevo escándalo con la insólita orden judicial de confiscar, para averiguar el origen de una filtración, los teléfonos móviles, ordenadores y archivos de dos periodistas de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press que dieron cuenta de un informe policial incluido en la causa.

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La investigación sobre las filtraciones del sumario fue abierta por el juez el pasado mes de julio y permanece bajo secreto desde entonces. La decisión de requisar los teléfonos móviles a pesar del derecho constitucional de los periodistas a guardar el secreto profesional ha provocado un alud de críticas por parte de las asociaciones de profesionales de la información, mientras que gran parte de la judicatura ha cerrado filas entorno a la decisión del juez instructor, Miquel Florit, avalada por el fiscal anticorrupción Juan Carrau.

La caza al filtrador de ese informe estrecha el círculo sobre los anteriores investigadores y podría dar un giro desconocido a un asunto que abre la puerta a nulidades y nuevas querellas.

El amaño de un concurso de ascensos en la Policía Local de Palma permitió en 2014 a la juez Carmen González empezar a tirar de una madeja que destapó poco a poco la relación de connivencia que mantenían agentes de las policías de Palma y Calviá con los encargados de los locales de ocio nocturno de Magaluf y Playa de Palma, núcleos duros de bares y discotecas orientados sobre todo al turismo británico y alemán. En aquellos inicios de la investigación, la juez ya fue objeto de insultos y amenazas por parte de los imputados, hasta que en junio de 2015 fue trasladada a la Audiencia Provincial donde había pedido plaza. Fue en ese momento cuando el juez Manuel Penalva se hizo cargo del asunto y el caso Cursach tomó un nuevo rumbo.

Decenas de policías fueron ingresando en prisión preventiva tras desfilar por dependencias judiciales, con más de treinta agentes investigados. Testigos de las extorsiones continuaron compareciendo en el despacho de Penalva y la trama salpicó también a políticos conservadores y funcionarios municipales. En el relato de los hechos, siempre aparecía un denominador común: el empresario Bartolomé Cursach y su millonario imperio de discotecas, restaurantes y locales de ocio.

El magistrado ordenó la detención de Cursach y puso sus negocios contra las cuerdas. El empresario y su núcleo duro ingresaron en prisión preventiva y el emporio comenzó su declive mientras las amenazas a testigos arreciaron.

Libertad para Cursach

Los Ayuntamientos de Palma y Calviá intensificaron las inspecciones sobre los negocios de Cursach, que terminó cerrando el gimnasio Megasport y clausurando parcialmente Megapark, un macrocomplejo de ocio destinado al público alemán. El juez y el fiscal fueron autorizados a llevar un arma ante las denuncias de amenazas del entorno del empresario investigado. Además de sufrir seguimientos y llamadas amenazantes, al primero le intentaron quemar el coche y entraron en la casa del segundo y le robaron la moto.

Los abogados de algunos investigados decidieron entonces plantear un incidente de recusación contra Penalva, tras divulgarse una conversación de Whatsapp con una testigo en la que el magistrado calificaba de “hijos de puta” a sus clientes. Mientras la Audiencia Provincial lo estudiaba, trabajadores de sus empresas e investigados convocaron dos manifestaciones para exigir la inhabilitación del juez y el fiscal. Ambos se querellaron a su vez contra algunos de los abogados. La Audiencia Provincial de Palma concluyó que Penalva había perdido la apariencia de imparcialidad y fue apartado del caso, que pasó a manos del juez Miquel Florit, el tercer magistrado que se hizo cargo del asunto en apenas tres años. Cursach salió de la cárcel el pasado mes de abril tras prosperar un recurso ante la Audiencia Provincial y después de reunir un millón de euros de fianza en apenas unas horas. Con una relación más distante con el fiscal y tras el desmantelamiento del grupo de la Policía Nacional que había dirigido las investigaciones contra el empresario, el juez Florit aterrizó con una causa prácticamente encauzada y a punto de terminar.

Las continuas filtraciones que, según los abogados de Cursach y su círculo, han inundado el caso desde sus orígenes han sido el motivo de la investigación bajo secreto que ha culminado con la incautación de los teléfonos, ordenadores y documentos de dos periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca. Mientras tanto, el empresario sigue en libertad y espera para enfrentarse a su próximo juicio por varias fiestas sexuales supuestamente pagadas a policías a cambio de un trato de favor.