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Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ se querellan contra el juez que ordenó la incautación de material en Baleares

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista

Llegada de los agentes al 'Diario de Mallorca' para intervenir documentación del 'caso Cursach'.
Llegada de los agentes al 'Diario de Mallorca' para intervenir documentación del 'caso Cursach'. Diario de Mallorca

La Agencia Europa Press y Diario de Mallorca presentarán este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella conjunta contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en las sedes de sus delegaciones en Baleares, en Palma de Mallorca, para proceder a la intervención del teléfono móvil de una periodista, ordenadores y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma.

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

El juez Miquel Florit, que se hizo cargo del asunto tras la recusación del anterior magistrado, ordenó el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas. La orden contaba con el aval de la fiscalía, según han confirmado fuentes cercanas al asunto. El magistrado abrió una pieza separada dentro del caso Cursach a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía de la implicación de 18 personas. Las defensas del principal imputado, Bartolomé Cursach, y del que fuera su número dos, Bartolomé Sbert, se quejaron por la filtración y el magistrado ordenó la incoación de diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos, ya que el informe no les había sido notificado, y que la policía judicial indagase el origen de la filtración.

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