La fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el empresario Cursach por liderar un grupo criminal

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 8 años y medio de cárcel para el mayor empresario del ocio nocturno de Baleares, Bartolomé Cursach, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. El ministerio público solicita, además, una inhabilitación de 15 años para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo y una multa de 60.000 euros. La fiscalía sostiene en el escrito de acusación sobre la pieza principal del caso que el empresario dirigió un entramado corrupto para beneficiar a sus negocios a cambio de dádivas a funcionarios y policías.

El escrito de la fiscalía está dirigido contra un total de 24 personas, entre las que figura el exjefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, la exdirectora general de Turismo del Gobierno balear, Pilar Carbonell, así como varios agentes de policía, funcionarios locales y autonómicos. Para ellos se solicitan penas de hasta seis años de cárcel en algunos casos e inhabilitaciones en otros. La fiscalía acusa por delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho, abuso de función pública por solicitud sexual, omisión de perseguir delitos, contra la salud pública, coacciones, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones públicas y amenazas.

Anticorrupción sostiene que, de manera continuada entre el año 2000 y 2016, los acusados que ejercían cargos y funciones de responsabilidad en el grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas" para que se llevase a cabo la práctica habitual "de regalar y obsequiar" a funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podían afectar a la marcha de los negocios del grupo. "Los acusados Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y Antoni Bergas decidieron y ordenaron esta actividad de proporcionar dádivas a aquellos funcionarios municipales o autonómicos cuyas funciones, de realizarse correctamente, podían suponer un perjuicio para la actividad del grupo empresarial", reza el texto.

Los fiscales señalan que la entrega de obsequios llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad y los negocios del grupo Cursach, lo que permitía al empresario trasladar la idea de que no avenirse a aceptar los regalos y su contrapartida provocaría "represalias de toda índole". Las dádivas y los regalos eran, según la fiscalía, de diversos tipos, pero siempre con contenido económico e iban desde cestas de Navidad, pases para el gimnasio y cajas de champán de lujo a servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que eran dispensados de forma gratuita en sus locales. "Se fraguó en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados de la Comunidad y de los Ayuntamientos de Palma y Calviá y de la Policía Local, por sí mismos o dando instrucciones ilegales a sus subordinados, beneficiaban los intereses del grupo Cursach", asegura la fiscalía.

En el escrito se apunta que los trabajadores del grupo se prestaban a ejecutar y ampliar las instrucciones de obsequiar a determinados empleados. Señalan los fiscales que Cursach llegó a un acuerdo con el responsable directo de la patrulla policial encargada de las inspecciones para favorecer a sus establecimientos a cambio de ventajas económicas "que en ocasiones superaban su retribución como funcionario". En el escrito se relatan actuaciones de la policía de Palma contra empresarios de la competencia de Cursach, actuaciones del grupo del magnate contra propietarios de locales de Calviá, episodios de trato de favor y ejemplos de dádivas a funcionarios del Ayuntamiento de Palma.