“Soy testigo protegido y tengo mucho miedo: me han destrozado la vida”

“No sé ni por dónde empezar: Me han dado una paliza, me han roto un diente y un par de costillas, me han dejado una esquela con mi nombre en el buzón, me han seguido por la calle, me han amenazado de muerte si no me voy de Mallorca, me han insultado en las redes sociales, escupido en un cajero automático, reventado las ruedas del coche, dejado excrementos en el capó... Y todo, por colaborar con la policía y la justicia. Me han destrozado la vida. Nadie puede imaginar lo que estoy pasando. Si lo cuento, no me creen. Ahora llevo protección policial las 24 horas del día, pero vamos, paso miedo hasta yendo a tomar una coca-cola. No puedo más. He llorado lo que no está escrito. No hay derecho a esto”.

Quien relata este calvario es el testigo 29, un testigo protegido del caso Cursach, en Palma de Mallorca, una macro causa de corrupción que investiga los negocios relacionados con el ocio nocturno del grupo Cursach y la implicación en la trama de altos mandos de la policía local, de dos ayuntamientos, de políticos del PP y de algunos departamentos del Govern balear.

El testigo trabajó durante años en uno de los locales nocturnos del grupo investigado y conocía bien su funcionamiento. Un día, decidió hablar de lo que había visto y oído. “Venían policías locales, políticos, de todo”, relata. “Y yo quise contar lo que hacían con las chicas. Las traían a España desde países del Este, les quitaban el pasaporte y las obligaban a prostituirse. Estaban totalmente extorsionadas. A mí, ver esto y hablar con ellas me dolía en el alma”.

"La protección de testigos es un fraude"

La conversación con él es telefónica, y se mantiene poco después de que declare durante tres horas en uno de sus innumerables juicios. Se ha presentado ante la justicia en más de 25 ocasiones para relatar el acoso y hostigamiento constantes que sufre desde que decidió ayudar a la fiscalía y a la policía en la investigación. “Ahora quiero seguir adelante, pero si hubiera sabido todo lo que me esperaba, quizá me lo habría pensado mejor antes de colaborar. La protección a los testigos es un fraude. Te dicen: ‘no te preocupes, ahora ya estamos contigo’, y te dan un número y tal. Pero luego hay mafias que no tienen miedo a la policía ni a nada. Y yo estoy completamente solo aquí. Ni siquiera tengo familia en Palma de Mallorca. Quiero agradecer públicamente al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional por el apoyo que me han prestado. Sin ellos, seguramente ya me habrían quitado de en medio”.

El testigo está visiblemente nervioso a lo largo de toda la conversación. Muchas veces parece dar por hecho que le van a hacer algo. Otras, sueña con el momento en el que se pueda ir de Mallorca, después del juicio, para tratar de normalizar su vida de nuevo. “Llevo de baja desde el 30 de julio de 2017, cuando me dieron la paliza”, explica. “No he vuelto a trabajar. Todo esto es como de película de miedo americana, de estas que pone ‘basada en hechos reales’ y nadie se lo cree. Me han llegado a ofrecer dinero a través de unos intermediarios rumanos por dejar de colaborar con la investigación. Primero fueron 10.000, luego 20.000, y más tarde me insinuaron que pidiera lo que quisiera, que no había problema. Querían que contara que el juez, el fiscal y unos determinados agentes de la unidad de blanqueo de capitales me habían coaccionado. Querían que escribiera una carta manuscrita, que la dejara en el juzgado y que me fuera de la ciudad”.

"Solo quiero ya que me dejen en paz"

Un ciudadano rumano, Florian Bogdan, trabajador del grupo Cursach, fue condenado en febrero a tres años y dos meses de prisión por obstrucción a la justicia y lesiones, por una de las palizas sufridas por el testigo 29, a quién tendrá que indemnizar con 8.000 euros. Las heridas tardaron un mes en curar y el testigo sufre desde entonces un trastorno ansioso depresivo. “A mí ya el dinero me da igual”, asegura. “De verdad que solo quiero que me dejen en paz y despertar de esta pesadilla. Así no se puede vivir”.

Ha decidido hablar “para ver si cambian las leyes, porque esto no es normal”. “Cualquier día me quitan de en medio. Incluso he escrito una carta diciendo que si me pasa cualquier cosa, que lo investiguen, que no me he suicidado, que yo no me voy a matar; que nadie se lo crea. Se ha publicado mi nombre en redes sociales, se ha publicado mi foto. Los abogados de los acusados me insultan y hostigan en Facebook ¿Esto es normal? ¿Esta es la protección?”.

No es el único testigo del caso que ha declarado por acoso y hostigamiento. Otro ha denunciado que le han seguido; una tercera, que le han pinchado las ruedas del coche. En general, los testigos protegidos no se sienten respaldados por el Estado al que están ayudando, y muchas veces piensan que están corriendo un riesgo excesivo por hacer lo correcto. Algunos desaparecen por el camino y, cuando llega el momento de ratificar su declaración en el juicio, no comparecen.

Víctimas y testigos de trata: "Auténticas heroínas"

La ley que regula la protección de testigos, de 1994, es unánimemente criticada por insuficiente y obsoleta. Nunca tuvo desarrollo reglamentario y consta de solo de cuatro artículos que dejan fuera muchas situaciones y realidades a las que se enfrentan luego ciudadanos que han denunciado a terroristas o a organizaciones criminales.

Las víctimas de trata son otro de los colectivos que muchas veces sufren las consecuencias de la falta de desarrollo de esta escueta ley. “Las mujeres que declaran son auténticas heroínas”, opina Marta González, coordinadora de la ONG Proyecto Esperanza. “Muchas veces lo hacen muy intimidadas y con muchísimo miedo, y con un riesgo real a sufrir represalias ellas mismas o sus familias. Por suerte ahora las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil suelen aplicar la protección de testigos como medida cautelar desde la primera denuncia, de forma que los datos personales van al juez en sobre cerrado aparte y, si él ratifica la protección, no aparece el nombre de la mujer en la primera denuncia para que no puedan verlo los abogados de los acusados”. Pero esta “buena práctica”, aunque está bastante generalizada, no es obligatoria ni está estipulada en ley o reglamento alguno.

Por otro lado están las carencias materiales y personales que afectan también a la protección de los testigos. “Hay cosas básicas que fallan”, señala González. “Por ejemplo, no todos los juzgados y tribunales tienen varias puertas de entrada ni sala reservada para los testigos. A veces a las víctimas de trata que son testigos protegidas las dejan en la sala de togas, otras veces les prestan un despacho, y otras están en el pasillo, donde evidentemente pueden ser vistas e interpeladas por la familia y amigos de los acusados. Estos detalles básicos son muy importantes. También que se pueda declarar desde un lugar que no sea la sala. ¿De qué sirve poner un biombo si el acusado está escuchando su voz, muchas veces sin distorsionar? Esto ejerce una intimidación terrible sobre las testigos, y provoca una revictimización importante”.

Otro problema es que la defensa puede pedir conocer la identidad del testigo alegando indefensión. En este caso, el juez decide, y los criterios para decidirlo no están claros. Esto, también señalan los expertos consultados, debería estar regulado. Si no, el testigo se queda a la intemperie y se siente traicionado por el propio sistema que le había prometido protección.

Posibles soluciones

¿Cuáles son las posibles soluciones? Declaraciones a través de videoconferencia o en otra sala; garantizar entradas y salas en los juzgados para que los testigos no se crucen con nadie si van a declarar; distorsión de la voz obligatoria; policías especializados en la protección física de los testigos; dotación económica regulada para las medidas de protección una vez se ha celebrado el juicio para que la persona pueda empezar a rehacer su vida en otro sitio cuando sea necesario; colaborar con los países de origen de las testigos para que se pueda proteger a sus familias o plantear una reagrupación familiar…

“La ley actual es claramente insuficiente”, concluye Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. “Habría que hacer un análisis en profundidad de las necesidades actuales y estudiar la mejor forma de garantizarles el anonimato, de proporcionarles medios personales y económicos suficientes, de preparar las sedes judiciales para que estén separados de los demás… Es un tema complicado pero que hay que abordar. Estos testigos son fundamentales y debemos garantizar que puedan colaborar con la justicia sintiéndose protegidos”.