La Audiencia de Palma aparta al juez que investiga al magnate del ocio mallorquín

La Audiencia Provincial de Palma ha apartado al juez Manuel Penalva de la instrucción del caso que investiga los lazos entre las policías locales de Palma y Calviá con empresarios del ocio nocturno de las islas. El tribunal considera que el magistrado titular del Juzgado de instrucción 12 de Palma ha perdido "la apariencia de imparcialidad" tras proferir un insulto hacia varios investigados en un intercambio de mensajes de texto que mantuvo con una testigo protegida de la trama.

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La recusación del magistrado fue impulsada por la defensa del empresario Bartolomé Sbert, número dos del magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach que permanece en prisión preventiva por esta causa desde hace ahora un año. Ambos están acusados de connivencia con mandos de las policías locales de Palma y Calviá para sortear multas, obtener beneficios empresariales y machacar a la competencia a base de denuncias, inspecciones y extorsiones. A lo largo de la investigación más de una treintena de policías locales de ambos municipios y varios cargos políticos han sido investigados.

En el incidente de recusación planteado por la defensa de Sbert se acusaba al magistrado de haber perdido "toda razonabilidad jurídica" y de mantener una "enemistad manifiesta" con los investigados tras mantener una serie de conversaciones con una testigo protegida de la causa. Una treintena de defensas y la fiscalía anticorrupción también apoyaron la petición de recusación, aunque el argumento del Ministerio Público se basaba en que la expresión "hijos de puta" proferida por el magistrado en la conversación de texto con la testigo protegida comprometía su apariencia de imparcialidad.

Este es el razonamiento en el que se basa la sección primera de la Audiencia Provincial para decretar la recusación del magistrado. "Advertimos que la expresión proferida por el juez a la testigo en el curso de las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con esta compromete su apariencia de imparcialidad en la medida en que este hecho debilita la capacidad del instructor de generar confianza entre las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero" dice la resolución. La sala insiste en que no se trata de analizar si el juez ha perdido la imparcialidad "ni se cuestiona su capacidad profesional, ni su capacidad para la independencia y la imparcialidad" sino su posición institucional en el proceso "como un tercero ajeno e indiferente".

Con todo, los jueces no advierten que las decisiones tomadas hasta ahora por Penalva en su condición de instructor de la causa hayan venido presididas "por la predisposición anímica" que quienes han impulsado la recusación le atribuyen en relación con los investigados y sus defensores. La sala insiste en que los datos probados permiten afirmar que la apariencia de imparcialidad del magistrado para continuar instruyendo el caso y sus piezas separadas "no supera el estándar objetivo" lo que conduce a la admisión de la recusación y su consecuente retirada del asunto.

Hace poco más de un mes la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad conceder amparo a Penalva ante las presiones y el hostigamiento que denunció por parte de varios investigados y abogados personados en el caso. El magistrado denunció pintadas en su casa, el intento de incendio de su vehículo, seguimientos y la convocatoria de varias manifestaciones contra él por parte del abogado penitenciario de Cursach. El magistrado ha dirigido la investigación junto al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán durante tres años. Ahora el caso será asumido por el titular del juzgado de instrucción número 6 de Palma, Miguel Florit, que por cuestiones organizativas y de reparto ha sido el encargado de sustituirle durante las semanas en las que se ha estudiado la petición de recusación. La investigación está a punto de concluir y varias piezas separadas están a punto de ser juzgadas.