Escrache al juez y el fiscal que investigan la corrupción policial en Palma

La trama que investiga la connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y Calviá y empresarios del ocio nocturno de Mallorca ha alcanzado esta semana altas cotas de tensión entre las partes. Unas 200 personas, entre familiares de los investigados en la trama, amigos y empleados del magnate, se han congregado frente a la entrada principal tras una pancarta en la que rezaba "Corrupción en el juzgado de instrucción", utilizando bocinas, silbando y pidiendo la “dimisión” del magistrado. El magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach –principal empresario investigado en la trama, en prisión preventiva- ha prestado declaración ante el magistrado que instruye la causa, Manuel Penalva, que junto con el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán investiga la presunta comisión de 16 delitos por parte del empresario. Le acusan de construir un imperio del ocio a costa de comprar durante años las voluntades de agentes municipales y funcionarios para blindarse ante inspecciones y multas en sus decenas de establecimientos.

Un relato que choca con la línea de defensa del empresario, cuyo abogado de asuntos penitenciarios se ha querellado contra el juez instructor y el fiscal anticorrupción encargado del caso al considerar que se han desviado de la aplicación del derecho “para construir una verdad legal literalmente opuesta a la verdad material”. El letrado ha incluido en la querella registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una serie de grabaciones en las que una de las principales testigos y colaboradora de la fiscalía supuestamente afirma que fue presionada por el instructor y el representante de anticorrupción para dar una versión de los hechos que han llevado a la cárcel a varias personas. Esta testigo protegida, la número 31, implicó en varias declaraciones judiciales a empresarios y políticos municipales en supuestas fiestas con drogas y prostitutas celebradas en fincas de Cursach.

La escalada de tensión a raíz de la querella no se ha quedado en los tribunales y ha llevado al abogado penitenciario del empresario a convocar una manifestación a las puertas del juzgado para exigir la detención del juez y del fiscal y su inhabilitación para ejercer como funcionarios. La convocatoria se ha desarrollado a las puertas del edificio a la misma hora en la que el empresario del ocio estaba citado para declarar ante el juez. La manifestación se ha desplazado a lo largo de la mañana por La Rambla hasta la sede del Tribunal Superior de las islas con asistentes portando pancartas con lemas como "Stop espeluznante situación" o "Corrupción Policía Local ¿Seguro?".

Los jueces cierran filas

Los acontecimientos han llevado a las asociaciones de jueces y fiscales a cerrar filas en torno a sus compañeros en los últimos días. El domingo por la tarde una veintena de magistrados se reunieron en un encuentro informal en la sede de los juzgados de Palma para analizar la situación y las acusaciones contra su compañero de instrucción 12. La decana de los juzgados de Palma, Sonia Vidal, leyó un manifiesto en el que subrayó que los jueces están unidos “en la convicción de que el procedimiento legal y el funcionamiento ordinario de juzgados y tribunales permite ejercitar los derechos y la salvaguarda de la tutela judicial efectiva”.

Las tres asociaciones judiciales -Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura- han denunciado a través de un comunicado conjunto la convocatoria de la manifestación como un ataque al Estado de Derecho y han mostrado solidaridad con sus compañeros. La Unión Progresista de Fiscales de Baleares también ha hecho público un comunicado tachando de “mecanismo inaceptable de coacción y presión a la función jurisdiccional” la convocatoria la protesta y dando amparo a su compañero Subirán.

A primera hora de la mañana, el juez Penalva ha llegado al edificio judicial escoltado por agentes de la Policía Nacional mientras que el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, lo ha hecho acompañado por el teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig y por el fiscal superior, Bartomeu Barceló. “La independencia judicial se ha de respetar y lo que hay que hacer cuando no se está de acuerdo con una resolución es ejercer los correspondientes recursos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha recalcado el fiscal superior, que considera que, cuando los recursos se han confirmado, “gritar en la calle contra las resoluciones de jueces y fiscales no es lo adecuado”.

La declaración de los investigados se ha desarrollado en un ambiente “de tensión”, según han señalado algunos de los letrados presentes en la sala. El empresario Cursach ha rechazado responder a las preguntas del fiscal, que había solicitado su comparecencia a raíz de una serie de pinchazos telefónicos -incluidos en el sumario que se instruye desde hace cuatro años- que ponían sobre la mesa la estrecha relación entre los directivos de su grupo empresarial y altos cargos de la Consejería de Turismo. Su número dos, Bartolomé Sbert, ha comparecido después y ha anunciado que presentará un incidente de recusación contra el magistrado para apartarlo del caso.