El Poder Judicial estudiará las amenazas al juez que investiga la corrupción policial en Palma

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha admitido la petición de amparo formulada por el magistrado del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que investiga una trama corrupta de connivencia entre agentes de la policía municipal de Palma y Calviá con empresarios del ocio nocturno. El juez ha solicitado auxilio ante lo que denuncia como un “continuo hostigamiento” por parte de varios abogados defensores de los imputados en la trama que se investiga desde hace más de tres años.

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El pasado mes de noviembre, Penalva remitió un informe al Consejo del Poder Judicial y solicitó su protección basándose en numerosos incidentes ocurridos durante la instrucción del procedimiento en los últimos meses. En su denuncia, el magistrado se refiere a constantes seguimientos, pintadas amenazantes e insultantes en los alrededores de su domicilio, así como al incendio de un vehículo en el garaje comunitario del edificio en el que reside. Penalva también relata una serie de maniobras con intención de buscar su descrédito, así como anuncios “más o menos velados” de denuncias, demandas y querellas en el marco del proceso instructor.

La defensa de un empresario investigado presentó un incidente de recusación contra el instructor, al  que ya se han sumado otros letrados personados en el proceso que tienen varios días para informar sobre la petición para apartar al juez del caso, que será decidida por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas. Precisamente, la sala civil y penal del TSJIB rechazó hace dos semanas la admisión a trámite de una querella por prevaricación contra el juez y el fiscal del caso impulsada por el defensor de la hermana de un imputado por coacciones a testigos en el caso.

Manifestaciones contra el juez

Uno de los capítulos a los que alude Penalva en su petición de amparo es la manifestación convocada el pasado 27 de noviembre frente a la sede de los juzgados de instrucción de Palma para pedir su detención e inhabilitación. La protesta fue promovida por el abogado penitenciario de Bartolomé Cursach, el mayor empresario del ocio nocturno de las islas, principal investigado en la trama y en prisión preventiva por orden de Penalva desde el pasado mes de marzo. Unas 200 personas, entre agentes de policía investigados en la trama, familiares y trabajadores del grupo empresarial de Cursach se dieron cita frente al edificio con silbatos y una gran pancarta que rezaba “Corrupción en el juzgado de instrucción”. El pasado lunes 18 de diciembre se repitió una protesta similar frente al juzgado.

El Consejo del Poder Judicial ha recordado este jueves en una nota que la Ley Orgánica en su artículo 14 estipula que los jueces y magistrados que se consideren “inquietados o perturbados en su independencia” lo podrán en conocimiento del Consejo General. La comisión permanente señala que del relato de hechos expuesto por el magistrado “se desprende la existencia de datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial”.

La Comisión ha acordado la admisión a trámite de la petición del magistrado y dará traslado a los letrados aludidos por el juez para que puedan formular alegaciones. Además, también se informará al Colegio de Abogados de Baleares de los hechos y se requerirá a la Delegación del Gobierno en las islas para que informe sobre la organización de la manifestación del 27 de noviembre y para que adopte medidas de seguridad si lo considera oportuno. El magistrado fue autorizado por la Delegación del Gobierno, junto al fiscal anticorrupción del caso Miguel Ángel Subirán, a portar armas cortas a diario después de que hace algo más de un año denunciaran otros episodios de amenazas por parte del entorno de algunos investigados.