El juez del ‘caso Cursach’ que quitó los móviles a dos periodistas será investigado por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha admitido a trámite la querella contra el juez Miquel Florit por ordenar la incautación de los móviles y ordenadores de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press para rastrear sus fuentes en el caso Cursach. Según ha informado el órgano judicial, se ha designado como instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal y se han declarado secretas las actuaciones para investigar los presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. La decisión recibió duras críticas por parte de juristas, políticos y periodistas, que consideran la medida una vulneración del secreto profesional.

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Las actuaciones han sido declaradas secretas al haberse producido los hechos objeto de la querella en el seno de unas diligencias también declaradas secretas. El ponente de la sentencia será el magistrado Carlos Gómez, expresidente de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había solicitado este lunes al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma el auto secreto por el que se ordenó la incautación de los teléfonos móviles, según explicaron fuentes del organismo judicial. El documento fue reclamado por los jueces de la sala de lo Civil y Penal para decidir si se admitía a trámite la querella presentada por los dos periodistas y los medios de comunicación para los que trabajan.

La decisión del juez Miquel Florit de requisar los teléfonos de los periodistas de Europa Press, Blanca Pou, y de Diario de Mallorca, Kiko Mestre, recibió duras críticas por parte de juristas, políticos y periodistas, que consideran la medida una vulneración del secreto profesional. Alrededor de 1.500 periodistas firmaron el manifiesto impulsado por la Asociación de Periodistas de Baleares en defensa del derecho a la información y más de 200 suscribieron un escrito de protesta que fue entregado en mano a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y se registró en el Consejo Fiscal. La orden de requisar los móviles de los periodistas y sus ordenadores personales contó con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

El iuzgado de instrucción de Palma ordenó el 12 de diciembre requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas que cubren habitualmente información sobre tribunales para aclarar el origen de una filtración en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, que se hizo cargo del asunto el pasado mes de marzo tras la recusación del anterior magistrado, ordenó el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles, ordenadores y documentación de dos periodistas.

El pasado mes de julio el magistrado Florit abrió una pieza separada dentro del caso Cursach a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros por parte de las empresas del grupo y se advertía de la implicación de 18 personas. Las defensas del empresario y del que fuera su número dos, Bartolomé Sbert, se quejaron por la filtración del informe y el juez ordenó la incoación de diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos, ya que el informe no les había sido notificado.

Precisamente, este lunes se conoció el escrito de acusación de la fiscalía anticorrupción en una de las piezas principales del caso. El ministerio público reclama ocho años y medio de cárcel para el empresario por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. El escrito se dirige contra un total de 24 personas, entre agentes de la policía de Palma, trabajadores de sus empresas y funcionarios. Para Cursach la fiscalía también reclama una inhabilitación para el ejercicio profesional en la hostelería de 15 años y una multa de 60.000 euros. Está acusado de liderar una trama que sobornó a policías y funcionarios para beneficiar a sus negocios y hundir a la competencia.