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Más de 200 periodistas firman un escrito contra la incautación judicial de los móviles de dos informadores

El texto ha sido entregado a la fiscal general, que no ha querido valorar la medida avalada por su departamento

María José Segarra, este miércoles, en la comisión de Justicia del Congreso.
María José Segarra, este miércoles, en la comisión de Justicia del Congreso.

Más de 200 periodistas se han adherido a un escrito de protesta por la decisión de un juez de Palma de Mallorca de requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas para aclarar el origen de una filtración en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma. El escrito ha sido entregado en mano esta mañana a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y se ha registrado en el Consejo Fiscal. Los periodistas consideran la medida, adoptada por el juez Miquel Florit con el aval de la fiscalía, “un hecho gravísimo” que “pone en riesgo el derecho a la información”.

El texto está firmado por 206 periodistas, en su mayoría encargados de cubrir el área de tribunales de los principales diarios, agencias de noticias, radios y televisiones públicas y privadas, entre ellos, EL PAÍS, El Mundo, El Periódico, El Español, Cadena SER, RNE, Agencia EFE, Europa Press, TVE, La Sexta, Antena 3, Cuatro y Tele 5. El escrito recuerda que el respeto al secreto profesional del informador está recogido en el artículo 20 de la Constitución. “Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés de conocer quién informa a los periodistas sobre un asunto de corrupción”, señala el texto. Los periodistas afirman también que la medida sume a los dos informadores afectados en “la más absoluta indefensión” ya que no pueden hacer valer sus derechos porque no son parte en la causa judicial que se investiga.

El escrito se dirige directamente a Segarra, a la que recuerda que accedió al cargo el pasado verano con “promesas de transparencia”, y lamenta que el ministerio público haya respaldado “una intromisión intolerable e inédita” en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20 de la Constitución.

La fiscal general ha preferido no valorar la medida adoptada por el juez y avalada por el ministerio público. “Me van a perdonar que no haga ninguna declaración al respecto. Son actuaciones que están secretas. Entiendo la inquietud que tienen ustedes, pero no puedo decirles nada por el momento”, ha señalado Segarra a preguntas de los periodistas en la entrada de un acto. “La fiscalía y los jueces velamos por esa libertad de expresión y, por supuesto, por el secreto de las fuentes”, ha añadido.

La Asociación de Medios de Información (AMI) también denunció “el grave ataque al derecho de información” que supone la actuación del juez. El Comité de Redacción de EL PAÍS difundió un comunicado en el que recuerda que el secreto profesional “no es un privilegio de los informadores sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos”.

 

 

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